La vivienda es un derecho, de acuerdo con la Constitución Política de México; no obstante, en nuestro país no se cumple con este derecho.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 5.778 millones de personas no cuentan con una vivienda; asimismo, el instituto señala que la cifra podría ser difícil de precisar con exactitud, por lo que no se tiene un conteo preciso.
La falta de vivienda muestra también la desigualdad en la que se vive en México, donde hay quienes tienen hasta dos casas, pero también quien no cuenta con ninguna ni con los recursos para adquirirla.
Asimismo, de acuerdo con datos del gobierno federal, existe un déficit habitacional significativo, con más de nueve millones de viviendas faltantes en el país. Esto se suma a la problemática de viviendas deshabitadas y en condiciones inadecuadas, como las que se encuentran en rezago habitacional o sin servicios básicos.
Sin embargo, hasta el momento no se toman acciones contundentes para garantizar ese derecho a las familias mexicanas; cada día es más inalcanzable poder ser acreedor de una vivienda digna.
A pesar de que se implementen programas como el recién anunciado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “Vivienda para el Bienestar”, que, de acuerdo con el gobierno federal, es un programa social que busca facilitar el acceso a viviendas dignas, especialmente para sectores históricamente excluidos.
Dicho programa sólo está dirigido a aquellas personas que tienen un trabajo formal, pues de acuerdo con las reglas de operación, sólo pueden ser acreedores quienes tengan puntos en el Infonavit.
Si bien ahora se contempla a quienes tienen empleo informal, “que permite a los trabajadores independientes utilizar sus ahorros en la Subcuenta de Vivienda del Infonavit como enganche para un crédito hipotecario otorgado por un banco participante”, lo cierto es que para quienes cuentan con empleo informal apenas si les alcanza para sobrevivir al día, por lo que este programa no está bien direccionado, como se menciona, a aquellos “excluidos”.
De igual forma, el incremento de los insumos de construcción por la inflación y los aranceles, sumado a los elevados precios de renta y compra de casas, ha reducido significativamente las posibilidades de las familias mexicanas —sobre todo las de Yucatán— de acceder a una vivienda digna.
Según el Índice de Precios de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Yucatán ocupa el cuarto lugar nacional en costo promedio de vivienda, con un valor de 2 millones 300 mil pesos, lo que representa un aumento anual del 10.1 %.
El primer lugar lo ocupa la Ciudad de México, con 3 millones 866 mil 210 pesos, es decir, un crecimiento anual del 4.9 %.
En segundo sitio se encuentra Baja California Sur, con 2 millones 644 mil 915 pesos, representando el 11.7 %; el tercer lugar, Querétaro, con 2 millones 357 mil 145 (6.7 %); y en la quinta posición, Baja California, con 2 millones 272 mil 653 (10.9 %).
Mientras que los estados de la república en los que la vivienda es más barata son: Durango, con 1 millón 65 mil 371 (6.6 %); Tamaulipas, con 1 millón 68 mil 190 (10 %); Tlaxcala, con 1 millón 181 mil 536 (14.7 %); Zacatecas, con 1 millón 186 mil 806 (9.3 %); y Veracruz, con 1 millón 323 mil 751 (7.4 %), de acuerdo con datos analizados por el medio de comunicación puntomedio.mx.
En esta temporada de huracanes, es evidente la carencia de una vivienda adecuada porque decenas de familias no cuentan con un techo seguro para resguardarse. Prueba de ello es el sur de Mérida, así como el interior del estado, donde aún se vive en casas de huano, mientras que en la capital hay familias viviendo irregularmente porque fueron desplazadas por la pandemia al ya no poder pagar una renta, lo que los llevó a construir su hogar con láminas, maderas y cualquier material para darle forma a su nuevo hogar sin certeza jurídica.
La falta de vivienda muestra también la desigualdad en la que se vive en México, donde mientras hay quienes tienen hasta dos casas, está el extremo de quien no cuenta con ninguna ni con los recursos para adquirirla. No basta con sólo parlotear programas a favor de los que menos tienen —y eso debemos tenerlo claro—, sino que se debe eliminar esa desigualdad que ha sido fruto del sistema capitalista actual.
Los mexicanos tenemos que unirnos para cambiar este estado de cosas para el beneficio de todos; de no hacerlo, seguiremos la mayoría viviendo como uno pueda, a costa de la minoría.
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