Hoy quiero hablar sobre un tema muy delicado, que nos indica que el estado de derecho para muchos mexicanos es vulnerado, porque no se respeta o protege los derechos fundamentales de los ciudadanos honrados y trabajadores. Es peligroso porque al vulnerarse los derechos fundamentales, se permite la impunidad, discriminación, represión o abuso de poder.
Esto debilita aún más a las ya debilitadas instituciones, que perpetúan la pobreza y la violencia, incluyendo diferentes actos como la tortura o censura, detenciones arbitrarias y restricciones de libertades.
Raúl Orión fue puesto a disposición de las autoridades mediante una artimaña legal; un acto a todas luces violatorio de sus garantías individuales y la presunción de inocencia.
Esto viene a colación porque para todos los que militamos en el Movimiento Antorchista Nacional, fue una desagradable y sorpresiva noticia saber que el pasado 29 de abril el compañero Raúl Orión Jiménez, líder del antorchismo de Ocozocoautla, Chiapas fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, y puesto a disposición de un juez de control y tribunal de enjuiciamiento en Cintalapa de Figueroa.
Fue injusta su detención porque los cargos que se le imputan son claramente prefabricados por alguna mente perversa que tiene el objetivo de perjudicar la labor de docente y luchador social del compañero Raúl Orión.
Todos los que conocemos a Orión, sabemos de su arduo trabajo al servicio del pueblo de Chiapas y en especial de Ocozocoautla, donde ha trabajado para que al menos mil personas tengan lo indispensable para una vida digna y, también, para mejorar el nivel educativo de niñas, niños y jóvenes, encabezando la lucha para la contratación de docentes y la construcción de infraestructura.
Ser luchador social es una tarea "peligrosa" en nuestro país, porque, aunque se ayude a muchas personas (sobre todo a los que menos tienen), otras (la ínfima minoría), se ve afectada porque ya no puede manipular o mangonear al pueblo que antes estaba desorganizado y vulnerable. Por esa razón —y otras que no viene al caso mencionar por ahora— y aprovechándose de sus "influencias", utilizan artimañas jurídicas para "detener" la labor de los líderes que les estorban para seguir manipulando al pueblo.
Así está sucediendo con el compañero Raúl Orión que, como dije, fue puesto a disposición de las autoridades mediante una artimaña legal; un acto a todas luces violatorio de sus garantías individuales y la presunción de inocencia.
Orión en ningún momento fue citado a declarar ante la fiscalía, a pesar de que cuenta con un domicilio ampliamente conocido, con liderazgo en la región y realiza diversas gestiones como representante de la organización popular a favor de las comunidades y colonias marginadas.
Además, se le negó su derecho constitucional a dialogar con la parte acusadora para buscar un acuerdo armonioso si ese fuera el caso. Si le negaron esa garantía es porque se trata de una denuncia fabricada desde una mente perversa que lo único que busca es hacer daño a la imagen intachable de un hombre de bien como lo es Raúl Orión, con el fin de obtener beneficios o lucros inconfesables.
Por esta razón, todo el antorchismo nacional nos unimos a la lucha de nuestros queridos compañeros antorchistas de Chiapas para exigir la liberación inmediata del compañero, profesor y líder Antorcha Raúl Orión Jiménez.
Solicitamos la intervención de la presidenta de la república Claudia Sheinbaum Pardo, del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y del fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, para que no se cometa una injusticia en contra de un conocido luchador social.
Queremos que liberen a Raúl Orión de manera inmediata, porque es un hombre de trabajo y honrado. No sólo lo digo yo, sino los colonos, alumnos, y padres de familia de la colonia El Porvenir de Ocozocoautla.
Los antorchistas no defendemos a nadie que haya cometido un delito, al contrario, somos los primeros en exigir que quien lo haga, sea quien sea, la justicia lo sancione conforme a derecho. Pero también, defendemos a quienes injustamente se les quiere dañar trabajo y reputación con delitos prefabricados como es el caso.
Esperamos que, con la intervención de la presidenta, el gobernador del estado de Chiapas y el fiscal general esto se aclare por el bien del pueblo, de Chiapas y del país. Vale.
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