• El regreso a las aulas exige desembolsos de hasta 10 mil pesos por alumno, lo que golpea a los hogares vulnerables
El regreso a clases representa, para millones de familias mexicanas, mucho más que el reinicio de un ciclo escolar: significa también enfrentar una nueva carga económica.
Mientras desde el discurso oficial se insiste en que la educación pública es gratuita, la realidad que viven los padres de familia es muy distinta. Inscripciones, cuotas, uniformes, útiles escolares, libros, calzado y otros gastos terminan convirtiéndose en una pesada carga para los hogares que apenas logran cubrir sus necesidades básicas.
La educación debe ser un derecho efectivo, no un privilegio condicionado por la capacidad económica de las familias.
La Secretaría de Educación Pública, encabezada por Mario Delgado Carrillo, no puede desconocer esta realidad. Para una buena parte de las familias trabajadoras, campesinas y de los sectores populares, el regreso a las aulas implica hacer cuentas y decidir entre comprar alimentos para sus hijos o adquirir todo aquello que se les exige para que puedan continuar estudiando.
Estamos frente a una contradicción evidente: se habla de una educación pública, gratuita y accesible para todos, pero en la práctica los gastos asociados a la educación siguen aumentando y golpean directamente el bolsillo de las familias.
Si algo ha demostrado la realidad es que la pobreza sigue siendo uno de los principales obstáculos para que miles de jóvenes puedan continuar sus estudios. Basta mirar las condiciones en las que viven muchas comunidades rurales y marginadas para comprender que el acceso a la educación no depende únicamente de que exista una escuela, sino de que las familias tengan las condiciones económicas necesarias para mantener a sus hijos dentro de ella.
Durante años, los internados indígenas y otros modelos educativos destinados a las comunidades más pobres desempeñaron un papel importante en esta tarea.
En distintas regiones del país, estos espacios permitieron que niñas, niños y jóvenes de comunidades alejadas tuvieran acceso a la educación, aprendieran español sin perder sus lenguas originarias y desarrollaran conocimientos en áreas como música, carpintería, textiles y otras actividades productivas.
Además, muchos de esos internados buscaban ser autosuficientes. Contaban con terrenos para cultivar alimentos y talleres donde los propios estudiantes aprendían oficios.
De esta manera, la educación no solamente proporcionaba conocimientos académicos, sino también herramientas para que los jóvenes pudieran incorporarse a la vida productiva y mejorar las condiciones de sus familias.
¿Por qué no recuperar y fortalecer modelos educativos de este tipo? ¿Por qué no garantizar que los estudiantes de las comunidades más pobres tengan alimentación, materiales y condiciones dignas para estudiar?
El gobierno federal podría responder que existen becas destinadas a los estudiantes. Sin embargo, una beca no siempre resuelve el problema cuando los apoyos son insuficientes o llegan después de que las familias ya tuvieron que realizar los gastos. La ayuda debe llegar de manera oportuna y suficiente, no cuando las necesidades ya se acumularon.
Las cifras económicas del próximo regreso a clases muestran la magnitud del problema. De acuerdo con datos citados por el comunicador Sebastián Campos Rivera, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) proyecta una derrama económica de 144 mil 450 millones de pesos derivada del regreso a las aulas.
El organismo empresarial estima que el gasto promedio por alumno de educación básica será de aproximadamente 6 mil 44 pesos, un incremento del 7 % respecto al ciclo anterior. Además, dependiendo del nivel educativo y de las necesidades de cada estudiante, las familias podrían llegar a desembolsar hasta 10 mil pesos.
Para una familia de bajos ingresos, estas cantidades no son menores. Representan semanas o incluso meses de esfuerzo, y en muchos casos significan sacrificar otros gastos indispensables del hogar.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿realmente podemos seguir hablando de una educación gratuita cuando estudiar implica cada vez mayores gastos para las familias?
Y hay otra cuestión que debería discutirse seriamente. En plena era digital, ¿por qué seguimos obligando a los estudiantes a cargar mochilas cada vez más pesadas y a comprar grandes cantidades de cuadernos, libros y materiales, cuando existen herramientas tecnológicas que podrían facilitar el aprendizaje?
Si las tareas, investigaciones y actividades escolares utilizan cada vez más internet, plataformas digitales y recursos electrónicos, ¿por qué no avanzar hacia esquemas en los que los estudiantes puedan contar con tabletas o computadoras, especialmente aquellos que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad?
No se trata de sustituir al maestro ni de convertir la educación en un asunto exclusivamente tecnológico. Se trata de aprovechar las herramientas disponibles para reducir costos, facilitar el aprendizaje y garantizar que ningún estudiante abandone la escuela porque su familia no puede comprar los materiales necesarios.
El gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública tienen frente a sí un enorme reto. No basta con repetir en los discursos que la educación es gratuita; hay que generar las condiciones para que verdaderamente lo sea.
La presidenta Claudia Sheinbaum debe atender esta problemática si se quiere combatir de fondo la deserción escolar. La educación debe ser un derecho efectivo, no un privilegio condicionado por la capacidad económica de las familias.
México necesita una política educativa que mire hacia las comunidades más pobres, que fortalezca las escuelas rurales, que recupere los modelos de internados que funcionaron y que garantice alimentación, materiales, tecnología y condiciones dignas para los estudiantes.
De lo contrario, estaremos frente a una contradicción difícil de ocultar: mientras se habla de transformación y modernidad, millones de familias siguen enfrentando los mismos problemas de siempre.
¿Somos realmente un país en transformación o estamos permitiendo que la educación se convierta, poco a poco, en otra carga económica para quienes menos tienen?
La respuesta no debe quedarse en los discursos. Debe reflejarse en políticas públicas que hagan de la educación verdaderamente un derecho para todos.
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