En México, ser joven y aspirar a una educación digna es una carrera de obstáculos. Y es que los números no mienten: según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su Censo de Población y Vivienda 2020, sólo el 23 % de los jóvenes concluye una carrera universitaria.
Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) mencionó que en 2023 el acceso a la educación superior aumentó al 55 % de los egresados de bachillerato, seamos honestos: estos números siguen siendo terribles.
En las Casas del Estudiante se realizan círculos de estudio donde los jóvenes aprenden que el progreso individual es una quimera en un país donde el 1 % acapara el 43 % de la riqueza.
Por otro lado, el 35 % de los universitarios debe mudarse a las ciudades para estudiar, enfrentando rentas que consumen hasta el 60 % de sus ingresos en un país donde el salario mínimo apenas cubre el 40 % de la canasta básica, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2023).
A ello se suma que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2023), el 50 % de los universitarios trabaja mientras estudia, lo que provoca que en muchas ocasiones abandonen sus estudios por falta de recursos económicos.
Ante este problema que se vive a nivel nacional, las Casas del Estudiante de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), desde hace 26 años, han albergado a jóvenes universitarios en los 32 estados.
En estos albergues no se paga renta y los servicios como luz, agua, internet y comedores se sostienen con rifas, colectas y kermeses, o en algunos casos, gracias a gestiones ante dependencias que apoyan de cierta manera con el pago de estos servicios.
Asimismo, en las Casas del Estudiante se realizan círculos de estudio, actividades culturales y deportivas donde los jóvenes aprenden que el progreso individual es una quimera en un país donde el 1 % acapara el 43 % de la riqueza (OXFAM, 2023). Generaciones enteras han salido de esas casas con títulos, sí, pero también con la convicción de que la justicia se construye en colectivo.
El caso de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, duele e indigna. El alcalde morenista César Figueroa Jiménez desalojó con violencia, el pasado 26 de abril, el albergue “Juan Manuel Celis Ponce”, un espacio construido en 2016 con recursos federales gestionados por estudiantes. Llegaron policías, por órdenes del morenista, pisoteando un logro obtenido con movilizaciones y gestiones que duraron años.
Ante tal acto podemos tener clara una cosa: para el gobierno morenista, los jóvenes son sólo números para las votaciones, pero ven un peligro cuando se organizan.
Debemos recordar que Morena prometió que “primero los pobres”, pero hoy reproduce los vicios que antes criticaban en las administraciones anteriores, mientras sus gobiernos locales arrasan proyectos educativos gestados desde abajo. El desalojo en Oaxaca no es un error, es la norma de un partido que confunde poder con impunidad.
Los estudiantes de Miahuatlán saben que ese albergue es un símbolo de lo que puede lograrse cuando los jóvenes se organizan. Su lucha, respaldada por la FNERRR, es un llamado a no claudicar. Como ellos, miles de jóvenes de las Casas del Estudiante en todo el país entienden que la educación no se defiende con discursos, sino con organización y lucha; que los derechos no se mendigan, se exigen.
A los jóvenes de México les toca decidir entre ser espectadores de un sistema que los excluye o protagonistas de su propia historia. En un país donde 16 millones de jóvenes viven en pobreza (Inegi, 2020), la verdadera transformación no llegará desde los escritorios de funcionarios corruptos: nacerá de las aulas y de las calles tomadas por quienes no temen alzar la voz.
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