Han transcurrido ya dos años desde que el gobierno del estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Bienestar (Sebides), a cargo de la secretaria María Inés Pérez Corral, realizó un censo a familias desplazadas de los municipios de Badiraguato, Mocorito y Sinaloa de Leyva, sin que a la fecha esas familias tengan una respuesta a su necesidad de solares donde edificar sus viviendas.
Han transcurrido ya dos años desde que el gobierno del estado realizó un censo a familias desplazadas sin que a la fecha tengan una respuesta a su necesidad de solares donde edificar sus viviendas.
Incontables reuniones se han tenido con la titular de la Sebides; al principio, todo fue una larga espera para que se realizara el censo, bajo el argumento de que faltaba la participación de la ACNUR (un organismo de la ONU que promueve la protección a desplazados en el mundo).
Y después del censo, otra larga espera, porque los expedientes —según se dijo— tenían que ser evaluados por la instancia en la Ciudad de México. Y después, otra larga espera para que ahora se nos diga que será la Fiscalía del estado quien decida la evaluación de quiénes califican o no.
Pero eso no es todo. Se nos dice que hay por delante más de dos mil personas en espera y que los recursos para atender a los desplazados no alcanzan para comprar más tierra, porque los recursos autorizados por la Legislatura local se están destinando a introducir los servicios en los terrenos que se adquirieron en años anteriores.
¿Cuántos recursos ha destinado la Legislatura en esta administración del Dr. Rubén Rocha Moya? Sólo para 2025 fueron aprobados 76 millones de pesos, cifra que, al parecer, para los funcionarios es histórica, porque jamás nadie había autorizado nada.
Pero, bien a bien, con los datos que la misma Sebides maneja del total de desplazados —que son 2 mil 883 familias—, esta cantidad se queda muy corta para resolver medianamente la necesidad de las familias desplazadas, que día con día suman más, pues la violencia se ha generalizado en todo el estado a raíz del enfrentamiento de las facciones de la delincuencia organizada.
Esto debiera ser motivo para destinar más recursos; sin embargo, esto no es así. Realmente sólo se viene aumentando lo referente a la inflación. Con la respuesta última de la Sebides, realmente dan a entender que en lo que resta del sexenio no habrá solución.
A esto uno se pregunta: ¿ese es el humanismo que tanto se pregona por la autodenominada Cuarta Transformación?
Y no crea, amable lector, que para resolver este grave problema que viven las familias desplazadas de Guamúchil y Culiacán se necesitan suficientes recursos que dejarían secas las arcas de la Secretaría de Finanzas del estado. Nada de eso.
El predio propuesto por los desplazados, y que la Comisión de Vivienda del estado reconoce como una buena opción, solo cuesta 10 millones de pesos, o sea, casi nada para los recursos que maneja el estado.
Ante esta situación de no solución, que debiera causar vergüenza a los funcionarios, sólo queda la intervención directa del gobernador, y a eso nos atenemos los antorchistas de Sinaloa.
Al respecto, a través del licenciado Adolfo Beltrán Corrales hemos estado solicitando una audiencia al gobernador, sin que se fije fecha todavía. Esperamos que pronto se concrete la audiencia con el gobernador y que este se solidarice con sus paisanos de Badiraguato y demás municipios. No esperamos menos.
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