Hace unos días leía con atención las estadísticas sobre el crecimiento de la informalidad en nuestro país y en nuestro estado. Datos duros que muestran a un verdadero ejército de ciudadanos que laboran en la informalidad y sometidos a lo que esto conlleva en cuestión de seguridad social y prestaciones de ley.
Esta situación se corrobora en las calles, en los semáforos, en los camellones, en los puestos de comida o artículos de temporada colocados en las banquetas.
Casi ocho de cada diez nuevos trabajadores informales en México son mujeres lo que demuestra que la carga de la precariedad financiera está recayendo cada vez más sobre ellas.
Lo que viven todos los días miles de hombres y mujeres no es un tema menor y merece puntual atención, pues es bien sabido que el país se sostiene, en buena medida, sobre los hombros de trabajadores que no aparecen en los discursos oficiales ni en las estadísticas triunfalistas.
Salta a la vista cómo ha crecido el rol de la mujer en este sector de la economía informal y quiero centrarme en este aspecto por el importante papel que juegan en el seno familiar y ahora en la vida económica.
Son madres de familia, trabajadoras invisibles, comerciantes, empleadas domésticas, vendedoras ambulantes. Son quienes, ante la insuficiencia del ingreso en casa, han tenido que salir a buscar lo que el salario masculino ya no puede garantizar.
Hoy el salario no alcanza, esa es la verdad que se respira en colonias populares, en comunidades rurales y también en ciudades. El encarecimiento de la vida, los servicios, los alimentos y el transporte ha desbordado cualquier cálculo familiar.
Frente a ello, miles de mujeres han dejado de ser y administradoras del gasto doméstico para convertirse en generadoras directas de ingreso.
Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) indican que entre marzo de 2025 y marzo de 2026 más de 535 mil personas se sumaron a la informalidad en México.
De ese total, 428 mil fueron mujeres. Es decir, casi ocho de cada diez nuevos trabajadores informales son mujeres. No se trata de una coincidencia, sino de un síntoma estructural.
Actualmente, casi 33 millones de personas laboran en la informalidad, lo que representa el 54.8% de la población ocupada. De ellas, más de 13.8 millones son mujeres, y su tasa de informalidad creció de 54.8% a 56.5% en apenas un año; esto revela que la carga de la precariedad está recayendo, cada vez más, sobre ellas.
¿Por qué ocurre esto? La respuesta es múltiple, pero converge en un mismo punto: el modelo económico. En un sistema capitalista que prioriza la acumulación de ganancias por encima del bienestar social, el trabajo se flexibiliza, se precariza y se desprotege.
Las empresas reducen costos, limitan contrataciones formales y trasladan los riesgos al trabajador. En ese contexto, la informalidad se convierte en una válvula de escape.
En el caso del estado de Chihuahua, datos del Inegi señalan que en el cuarto trimestre de 2025 la suma de las personas en todas las modalidades de empleo informal fue de 672 mil.
Lo anterior representó 36.2% de la población ocupada, un ascenso de 22 mil personas respecto al mismo lapso de 2024. En las mujeres, la ocupación informal alcanzó 240 mil personas en el cuarto trimestre de 2025 y se perfila un aumento para el 2026.
El fondo del problema es más profundo. El capitalismo, en su lógica de expansión constante, necesita mano de obra disponible, flexible y barata.
La incorporación masiva de mujeres al mercado laboral ha sido leída, en muchos casos, como un avance social. Pero cuando esa incorporación ocurre en condiciones de precariedad, sin derechos ni protección, lo que tenemos no es emancipación, sino explotación ampliada.
Paradójicamente, son los trabajadores, hombres y mujeres, quienes generan la riqueza del país. Sin embargo, son también quienes menos la disfrutan.
La brecha entre el esfuerzo y la recompensa se ensancha, y dentro de esa brecha, las mujeres suelen estar en la parte más vulnerable.
Esto no significa negar el papel fundamental que hoy desempeñan en la economía. Al contrario: hay que visibilizarlo, reconocerlo y dignificarlo.
Las mujeres no sólo están sosteniendo sus hogares, están sosteniendo al país. Pero lo hacen en condiciones adversas, con un sistema que les exige más de lo que les ofrece.
La pregunta, entonces, no es por qué las mujeres trabajan, sino en qué condiciones lo hacen y por qué esas condiciones siguen siendo tan desiguales.
En Chihuahua y en todo México esta situación no puede ni debe normalizarse. Es urgente erradicarla, y eso no ocurrirá por inercia ni por decisiones aisladas desde el poder.
Sólo será posible cuando la ciudadanía se organice, tome conciencia de su realidad y luche por transformar el modelo económico que hoy reproduce desigualdad y precariedad.
Urge que las familias vivan bien, sin carencias, que puedan disfrutar verdaderamente del fruto de su trabajo y que el hogar recupere ese pilar de estabilidad que ha sido debilitado por la presión económica.
La invitación es clara: organizarse, educarse políticamente y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa, donde el trabajo dignifique y no condene, y donde el bienestar deje de ser un privilegio para convertirse en un derecho para todos.
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