• La nueva obra hídrica debe garantizar acceso equitativo y tarifas justas a los ciudadanos
Basta recorrer algunas colonias de Tijuana para comprender que el problema del agua no se resuelve con discursos ni grandes anuncios. Mientras el gobierno habla de seguridad hídrica, muchas familias trabajadoras deben comprar garrafones, pagar pipas o almacenar agua cuando llega, sacrificando parte de un salario que apenas alcanza para cubrir sus necesidades básicas.
Ante esta realidad, la nueva desaladora de Playas de Rosarito se presenta como una solución histórica. Pero cabe preguntar: ¿por qué, después de tantos años y presupuestos, tantas familias siguen sin tener garantizado el acceso al agua?
En septiembre de 2026, el gobierno anunció una inversión superior a los 15 mil millones de pesos para construir la desaladora, con una capacidad inicial de 2 mil 200 litros por segundo y la expectativa de beneficiar a cerca de 2 millones de habitantes. La obra está proyectada para concluir en 2029.
Aunque buscar nuevas fuentes de abastecimiento es necesario, también urge reparar fugas, mejorar la infraestructura y garantizar una distribución justa. Producir más agua no basta si esta no llega de manera constante y a un precio accesible a los hogares.
En noviembre de 2024 se anunció en Tijuana una red de agua potable para beneficiar a más de 26 mil habitantes de distintas colonias, después de años de espera. Este caso evidencia que las necesidades básicas no siempre se atienden oportunamente.
En Tijuana, Rosarito y Ensenada, las autoridades deben identificar las comunidades más rezagadas y garantizar que las nuevas inversiones se traduzcan en un servicio continuo y confiable.
Producir más agua no basta si esta no llega de manera constante y a un precio accesible a los hogares.
Además, cuando el suministro falla, las familias deben pagar sus recibos y gastar todavía más en garrafones o pipas. Por ello, es indispensable transparentar los contratos, el presupuesto y los costos de operación de la desaladora, así como explicar su posible impacto en las tarifas.
El proyecto tiene antecedentes de varios años y una versión anterior fue cancelada en 2020; la ciudadanía merece conocer qué ocurrió y cómo se garantizará el cumplimiento de esta nueva obra. Los resultados deben medirse por los beneficios para la población, no sólo por los millones invertidos.
Desde el Movimiento Antorchista Nacional sostenemos que la pobreza y el rezago no se superan esperando la buena voluntad de los gobernantes. Desde 1974 hemos defendido la organización popular para conquistar obras, servicios y mejores condiciones de vida.
Por ello, luchamos por empleos dignos, salarios suficientes, una distribución más justa de la riqueza y un presupuesto público que atienda las necesidades de quienes menos tienen.
Llamamos a los trabajadores, estudiantes, comerciantes y familias de las colonias populares a unirnos y organizarnos para defender nuestros derechos. No debemos conformarnos con promesas mientras nuestras necesidades siguen sin resolverse.
La lucha por el agua forma parte de una lucha mayor por vivienda, salud, educación y servicios dignos. Se trata de construir una fuerza popular capaz de exigir que la riqueza producida por millones de trabajadores se convierta en bienestar para todos.
El pueblo trabajador no debe ser espectador de su propio destino: unido y organizado, debe convertirse en protagonista de su transformación.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario