En pleno siglo XXI, en la Ciudad de México, una de las urbes más grandes y desiguales del planeta, el derecho a la vivienda ha dejado de ser una política pública para convertirse en un privilegio. El 42.6 % de la población, casi la mitad, vive en pobreza por ingresos, es decir, no puede cubrir ni la canasta básica normativa. Más aún, el 14.3 % sufre pobreza extrema multidimensional, una cifra alarmante que equivale a viviendas precarias, carencias sanitarias y hacinamiento.
No hay voluntad política. Es un desprecio deliberado a los más pobres bajo la bandera de una transformación que sólo ha transformado privilegios.
Peor aún, más de 1.3 millones de capitalinos aún viven en pobreza extrema, pese a las promesas de transformación. Estas cifras no son meros números: representan familias desamparadas, niños sin futuro y ancianos ignorados por el sistema.
En Tláhuac, donde el Movimiento Antorchista exige que el INVI (Instituto de Vivienda) adquiera el predio Buena Suerte para albergar a familias sin hogar, la alcaldesa Berenice Hernández, emanada de la “Cuarta Transformación”, se niega a hacerlo. En cambio, favorece desarrollos inmobiliarios de lujo en zonas de alta plusvalía. ¿Dónde está el “primero los pobres”? Aquí está la respuesta brutal: en la retórica únicamente.
El contraste es evidente: mientras la 4T presume una política social incluyente, en la práctica reduce los recursos para vivienda popular y permite que el mercado inmobiliario devore la ciudad. La desigualdad no desaparece; se profundiza.
Tláhuac es una de las alcaldías más golpeadas: forma parte del trío más vulnerable junto con Milpa Alta y Xochimilco. Según las cifras publicadas en la Gaceta Oficial por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), en marzo de 2025, en esta delegación hay más de 19 mil personas en pobreza extrema. Sin embargo, el gobierno local ignora estas cifras y maquilla la realidad urbana dejando a los más vulnerables desprotegidos.
La gentrificación y los desalojos forzosos también exhiben la doble moral de la 4T. Mientras en zonas como Roma Norte se realizan desalojos violentos para dar paso a desarrollos turísticos y Airbnb, el distrito permite el desalojo de familias trabajadoras sin alternativa habitacional. ¿Para quién gobierna este proyecto político?
Los resultados son claros: la 4T ha sido incapaz de garantizar el derecho a la vivienda que proclama. Reduce el acceso a recursos, ignora los asentamientos populares y protege los intereses privados. En esa lógica, los antorchistas de Tláhuac se convierten en los últimos escudos de defensa del derecho constitucional.
No se trata de clientelismo político, como pretenden descalificar. Es lucha por lo justo. El INVI tiene capacidad técnica y recursos para intervenir. Pero no hay voluntad política. Es un desprecio deliberado a los más pobres bajo la bandera de una transformación que solo ha transformado privilegios.
Es momento de que la ciudadanía deje de tragar discursos vacíos. Los antorchistas en Tláhuac están exigiendo justicia, que se cumpla la Constitución, que se reconozca la vivienda como derecho humano. Si la 4T no lo hace, serán las familias organizadas las que lo construirán.
Porque no se trata de ideologías; se trata de vida. Y en la CDMX, millones siguen sin hogar, mientras los poderosos festejan su dominio sobre el territorio social.
Los Antorchistas de Querétaro, en solidaridad con nuestros hermanos de la CDMX, exigimos que se atiendan las necesidades más urgentes de los capitalinos, y denunciamos al gobierno morenista de Clara Brugada de hacer oídos sordos ante el grito de propuesta de miles de sus ciudadanos.
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