Es la indolencia la principal característica de la administración estatal de Hidalgo; de preocuparse por cumplir la tarea que debería atender cualquier funcionario, por qué se le niega a la población los derechos más elementales, a qué se debe la obstinada privación de acercar servicios básicos a las comunidades más necesitadas, por qué se le obliga a la población a manifestarse y a realizar plantones para exigir lo que por derecho le corresponde; una vida más digna.
La pobreza y la inseguridad son temas pendientes de la actual administración. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), estiman que existe una población aproximada de casi 3 millones de hidalguenses, de los que más de la mitad de la población, es decir, al menos un 1.5 millones de hidalguenses viven en condiciones de pobreza, de estos, 350 mil personas padecen pobreza extrema. Hay 343 mil hidalguenses que viven en rezago educativo, un millón 964 mil carece de acceso a la Seguridad Social, 771 mil no cuenta con acceso a servicios básicos en sus viviendas, y a 903 mil se le niega el derecho a la alimentación. En contraste, sólo el 14 por ciento de los hidalguenses no viven con carencias de ningún tipo.
Ante ese mar de necesidades, ¿qué espera el Gobierno Estatal para poner manos a la obra, qué necesitan para ver que su pueblo muere de hambre, qué no les duele la miseria? Pues no, porque los personajes que ostentan el poder político en el estado no conocen el significado de "pobreza", y mucho menos conciben la realidad en la que vive el ochenta por ciento de su población; y no la entienden porque en su entorno no hay que caminar varios kilómetros para conseguir agua, no saben lo que es ver morir a su familia porque no hay clínicas de salud para que sea atendida; o porque no existen los caminos para que sea trasladada a donde sí las hay, no duermen con la incertidumbre de saber si tendrán algo que comer al día siguiente. No viven preocupados porque se les niega la vivienda, o a sus hijos el derecho a la educación. No saben lo que es, que quienes son responsables de dotar de servicios, estén más preocupados por su imagen pública, por salir bien en la foto, o por ver cuánto se echarán al bolsillo.
En Hidalgo, al reclamo social y a la lucha organizada, la respuesta gubernamental ha sido la amenaza y la difamación. A la represión administrativa del Ejecutivo Estatal se suma una serie de acciones represivas en contra de la organización. Hace unas semanas apareció en el domicilio particular de la dirigente estatal, Guadalupe Orona Urías, un anónimo donde le advertían que su vida y la de sus familiares corrían peligro. Además, fue robado un vehículo a la organización y resurgieron algunas averiguaciones de denuncias que se realizaron hace más de 8 años y de las que nunca fue comprobado nada. Estas acciones surgen "casualmente" siempre que se da la exigencia, por parte de Antorcha Campesina, para que sean atendidas las necesidades de la población.
Estamos por cumplir los primeros 10 meses desde que asumió el cargo como gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, tiempo en el que los funcionarios no han querido ver la realidad del pueblo de Hidalgo. Sin embargo, los pobres, organizados en Antorcha Campesina, no permitiremos que los empleados, a los que se les paga con nuestros impuestos, se olviden de nosotros, a donde vayan, a donde volteen encontrarán un antorchista exigiendo cumplimiento a los compromisos pactados, estaremos en cada calle demandando lo que por derecho nos corresponde, atención a nuestra miseria y a la de nuestras familias; sencillamente porque las leyes y la razón nos favorecen.
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