El desalojo arbitrario de estudiantes oaxaqueños en un albergue escolar prende alertas sobre el abuso de poder en la Sierra Sur
Chilpancingo, Gro. El dirigente estatal del Movimiento Antorchista, maestro Dimas Romero González, informó que Guerrero se suma a la campaña nacional de denuncia contra el presidente municipal de Miahuatlán, Isidro César Figueroa Jiménez, quien despojó del albergue estudiantil a jóvenes oaxaqueños organizados en la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR), injusticia que se suma a las que enfrentan miles de habitantes de la Sierra Sur del estado de Oaxaca.
Narró que la creación del albergue estudiantil “Juan Manuel Celis Ponce”, gestionado por la FNERRR en 2013, representó un logro significativo para quienes deseaban estudiar. En 2017, el proyecto dejó de construirse, quedando inconcluso a pesar de múltiples gestiones estatales y municipales.
El 26 de abril de este año, el ayuntamiento encabezado por el alcalde César Figueroa violó no sólo el derecho a la educación de los fenerianos, sino que atentó contra el Estado de Derecho al realizar el desalojo sin orden judicial alguna y con un aparatoso operativo policiaco cuando los moradores estaban de vacaciones.
Días después, en un penoso montaje, el alcalde presentó un video con imágenes del supuesto desorden en que se encontraba el inmueble que alega es un bien municipal que ha recuperado para los miahuatecos. En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, el edil incurrió en múltiples contradicciones que revelan la inconsistencia de su narrativa.
Inicialmente negó que hubiera moradores en el albergue; posteriormente acusó a los estudiantes de “drogarse y hacer cosas ilícitas”, sin presentar evidencia alguna que sustente tales afirmaciones difamatorias.
El autoritarismo del presidente municipal César Figueroa no constituye casos aislados, sino que forma parte de un patrón de comportamiento problemático que ha sido documentado públicamente.
“La combinación de problemas personales con el alcohol, conductas antisociales y uso sistemático de la violencia institucional configura un perfil de funcionario público que representa un riesgo para la gobernabilidad democrática y el respeto a los derechos humanos del municipio”.
La lucha estatal y municipal por recuperar el albergue estudiantil podría escalar a buscar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que se haga justicia, porque la FNERRR defiende un derecho legítimo, no un capricho.
Además, la indiferencia gubernamental no es saludable en este contexto de inconformidad creciente con el magisterio nacional:
“Compañeros de Oaxaca, no están solos; su lucha es compartida por todos aquellos que entendemos que la educación es un derecho fundamental que no puede ser sometido a los caprichos autoritarios de funcionarios que han perdido la perspectiva de responsabilidad social. Sus compañeros de Guerrero estamos listos para dar la lucha contra las injusticias cometidas contra ustedes”.
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