El pasado 30 de diciembre, los queretanos nos despertamos con una gran noticia: la coincidencia de los dirigentes de Morena y Movimiento Ciudadano, que “se debe evitar que los programas sociales sean utilizados como herramientas de captación de votos rumbo a los procesos internos de 2026, ya que esta práctica está prohibida dentro de sus partidos”.
¿De dónde salen los puritanos e hipócritas de Morena y MC en Querétaro, si existen y han vivido precisamente de engañar a los electores con sus programas clientelares?
La presidenta estatal de Morena, Gisela Sánchez Díaz de León, y el delegado nacional de Movimiento Ciudadano en la entidad, César Cadena, afirmaron que existen lineamientos y mecanismos internos para impedir que aspirantes a candidaturas recurran a este tipo de acciones.
Sánchez Díaz de León señaló que “en Morena Querétaro el uso de apoyos o programas sociales con fines proselitistas está prohibido y se analizan quejas ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia”.
Asimismo, Díaz reconoció que algunos militantes provenientes de otros partidos —o sea, todos, como en Morena— arrastran prácticas de la vieja política, como la entrega de despensas a cambio de votos, por lo que se les ha llamado la atención para erradicar estas conductas y dejar claro que no serán toleradas dentro del movimiento.
Por su parte, César Cadena afirmó que en MC tampoco tienen cabida estas prácticas, ya que su forma de hacer política está basada en la participación voluntaria de la ciudadanía, destacando que cuentan con órganos internos de control, a nivel estatal y nacional, que revisan el actuar de sus militantes y aspirantes para evitar el uso indebido de recursos o apoyos sociales como esquemas de clientelismo electoral.
Mucho se ha dicho, con razón, que los pobres son un negocio redondo de quienes tienen el poder y no quieren competencia.
Para nadie es secreto que durante décadas las condiciones de pobreza y desigualdad de los mexicanos facilitaron la creación de un sistema clientelar bajo la lógica de la oferta del mercado electoral. Los gobiernos priistas ofrecieron bienes, servicios y dinero a cambio del apoyo electoral, generalmente de los sectores más marginados.
El PRI implementó programas sociales para ejercer el clientelismo electoral. Todos los funcionarios públicos, sin excepción, condicionaban la entrega de los beneficios a cambio de la afiliación al partido y la promesa del voto.
Los operadores políticos se aseguraban de que los servidores públicos encargados del proceso fueran leales a la institución y al partido político que representaban, bajo la amenaza de que la deslealtad y la desobediencia les harían perder sus puestos de trabajo.
Estas estrategias electorales se institucionalizaron y se reprodujeron en los partidos de oposición, de tal manera que las organizaciones gubernamentales y la población estaban alineadas a la lógica del intercambio de bienes y servicios por apoyo electoral.
Así se crearon los programas Pronasol, de Salinas de Gortari; Progresa, de Ernesto Zedillo; Oportunidades, de Vicente Fox, que continuó durante el gobierno de Felipe Calderón; Prospera, de Peña Nieto, y Bienestar, de los gobiernos de la 4T, con sus programas estrella, Adultos Mayores y Jóvenes Transformando el Futuro, entre otros.
El clientelismo sigue existiendo a pesar de crearse instituciones como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y mecanismos de transparencia de recursos públicos, como el portal de transparencia presupuestaria y el sistema de monitoreo y evaluación de los programas sociales.
En los últimos años, los programas de transferencias monetarias han sido usados para manipular el voto de los beneficiarios mediante el condicionamiento de apoyos sociales: los beneficiarios perderán sus apoyos si un partido distinto al que gobierna gana las elecciones, y se entregan tarjetas electrónicas con recursos monetarios previo a las elecciones, que se activarán sólo si gana el candidato o el partido que las repartió.
Y aunque el clientelismo político-electoral no sólo está prohibido en la legislación, sino que puede ser clasificado como corrupción, ya que los recursos provienen de los impuestos de los mexicanos, las leyes y reglamentos no dejan de ser letra muerta: todos los gobiernos y partidos, Morena, PAN, PRI, MC, PVEM y PT, los utilizan como les da la gana. ¿A poco no?
¿De dónde nos salen, pues, los puritanos e hipócritas de Morena y MC en Querétaro, que rechazan el uso de programas sociales con fines electorales, si existen y han vivido precisamente de engañar a los electores con sus programas clientelares?
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