Refiriéndose al genial descubrimiento realizado por Carlos Marx en la primera mitad del siglo XIX, en relación con la teoría de la lucha de clases, Lenin dijo en una de sus obras lo siguiente: “Todo el mundo sabe que, en cualquier sociedad, las aspiraciones de los unos chocan abiertamente con las aspiraciones de los otros… Y esta verdad rigurosamente científica, por mucho que se le busque objeción alguna, se cumple cabalmente hasta nuestros días.”
Los agricultores de maíz están en crisis porque el gobierno mexicano, en complicidad con Estados Unidos, ha permitido que los grandes industriales mexicanos aumenten sus ganancias con las importaciones de maíz transgénico, más barato.
El bloqueo de carreteras por agricultores inconformes en gran parte del país fue precisamente eso, o sea, la manifestación tangible de la defensa de las aspiraciones de los productores agrícolas (los unos), en choque directo contra la defensa de las aspiraciones de las empresas millonarias (los otros) que compran sus productos a esos mismos agricultores.
El choque se da porque los agricultores reclaman la ganancia legítima a que tienen derecho por producir los productos del campo; mientras que los empresarios reclaman esa misma ganancia, que creen legítima también, por comprar e industrializar esos mismos productos.
Es decir, los productores y los empresarios reclaman una misma cosa: la ganancia. Sólo que aquí, sea quien sea el que gane esta singular batalla, el afectado será el mismo de siempre: el pueblo consumidor.
Pero recordemos que, según las leyes de la economía, bajo el modo de producción capitalista en su fase neoliberal, esto no puede ser de ningún otro modo. Por esta razón, según la teoría del Estado al uso, debería ser responsabilidad constitucional del gobierno federal, ahora morenista, encontrar una solución al conflicto sin afectar los intereses de nadie: ni de productores, ni de empresarios y mucho menos de los consumidores. Sin embargo, por desgracia, no veo que el gobierno sea totalmente imparcial a los intereses a los que aspiran los dueños de las grandes industrias de los granos.
Por lo que se sabe, el problema se centra en el precio de garantía que les ofrece el gobierno por cada tonelada de maíz, una maniobra oficial que protege la ganancia de los empresarios. El precio que amparaba el gobierno antes de la toma de carreteras era de 5 mil 840 pesos por tonelada ($5.84/kilo), que aplicaba a las primeras 35 toneladas de los pequeños productores con parcelas de hasta 5.5 hectáreas. Los medianos, con 5.6 a 50 hectáreas, sólo recibían un “incentivo” por hasta 600 toneladas.
Argumentando incosteabilidad en la producción, con la toma de carreteras los productores demandaban 7 mil 200 pesos por tonelada. Hasta el día de hoy se sabe que el gobierno ofreció sólo 6 mil 50 pesos por tonelada, además de un crédito y un seguro agropecuario.
Al momento de escribir estas líneas me enteré de que el gobierno ofreció finalmente un aumento insignificante a lo originalmente ofrecido y promesas de seguir atendiendo la demanda.
Los agricultores liberaron entonces las carreteras, amenazando con regresar a su manifestación en caso de incumplimiento.
Con todo esto, el gobierno federal pretende ganar tiempo para intentar mediatizar la inconformidad de los agricultores, al mismo tiempo que salvaguardar el interés de los empresarios. Pero nadie dice nada sobre la afectación causada a la población, ni mucho menos de lo que les espera a los consumidores.
En relación con la causa que agudizó este conflicto, también se dice muy poco. Pero yo aseguro que la principal también se encuentra en el modo de producción que nos domina. Dos factores quiero señalar a continuación.
El primero lo deduzco de un trabajo de Sergio Sarmiento, de donde transcribo lo siguiente: “La producción mexicana de maíz ha caído en los últimos años. Esto es en parte consecuencia de la sequía de 2023 y 2024, pero también de las malas políticas públicas. La disminución ha sido de 3.5 % desde 2015-2016, mientras que las importaciones han aumentado 78 % (Grupo Consultor de Mercados Agrícolas).
En Estados Unidos, que sufrió la misma sequía que México, la producción pasó de 13.5 millones de fanegas (equivalente a 75 o 125 kilos/fanega, dependiendo del producto) en 2022 a 16.6 millones en 2025. Una de las razones es que en la Unión Americana se produce maíz transgénico, resistente a la sequía, cuya producción está prohibida en México.”
Sarmiento concluye: “Si realmente quisiéramos aumentar la producción, podríamos hacerlo al grado de volvernos autosuficientes, pero tendríamos que eliminar las restricciones a la propiedad y permitir fusiones de predios para aumentar el tamaño de las unidades productivas. También deberíamos usar las biotecnologías. Si no, seguiremos importando cada vez más”.
Es decir, los agricultores de maíz están en crisis porque el gobierno mexicano, en complicidad con Estados Unidos, ha permitido que los grandes industriales mexicanos aumenten sus ganancias con las importaciones de maíz transgénico, más barato.
Aquí tenemos la causa primera de que el gobierno se resista a resolver la demanda de los agricultores inconformes, no obstante, la toma de carreteras.
El segundo factor se deduce una vez que sabemos cuáles son las principales empresas que se resisten, a través del gobierno, a aumentar el precio de compra del maíz de los agricultores; estas empresas son: Minsa, Gruma, Bachoco, Maseca y Cargill, entre otras.
Por hoy, a manera de ejemplo, centremos nuestra atención en Minsa. Aquí la información la tomé de Astillero, columna del periódico La Jornada del día 29 de octubre pasado, de donde destaco lo siguiente: “Llama la atención que una de las empresas favorecidas con esta cadena injusta (de intermediarios) sea Minsa, el segundo productor más importante de harina de maíz nixtamalizado en México, empresa privatizada en 1993 a favor de Raymundo Gómez Flores, un empresario priista que ocupó cargos legislativos y fue ampliamente beneficiado por el neoliberalismo de Carlos Salinas de Gortari, su hija, Altagracia Gómez Sierra, presidenta del consejo de administración de Minsa, es ahora una pieza fundamental del tejido neoliberal de la administración de Sheinbaum como asesora presidencial y titular del Consejo Asesor Empresarial.” Entonces, ¿a qué intereses favorecerá verdaderamente el gobierno?
Por todo esto, con todo el respeto que me merecen los agricultores inconformes, con quienes manifiesto mi más sincera solidaridad, opino que la realidad nos dice a gritos que la verdadera solución de fondo al maltrato que hoy sufren los agricultores que nos dan de comer a toda la sociedad está en procurar la unión y organización integral de todos los afectados, de todos; y que la coordinación con el pueblo solidario evitará fraccionamientos peligrosos que en nada abonan a la solución definitiva que se desea.
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