A nadie puede gustarle el bloqueo de casetas de peaje y carreteras. Permanecer una, diez, 20 o más horas arriba de un coche o en un transporte público, entre inmensas filas de tráileres, desesperados por llegar a su destino, es verdaderamente terrible.
Extremadamente desesperante resulta pasar la noche en medio de la nada, con niños, adultos mayores, algunos probablemente enfermos, entre el calor o el frío, quizás sin dinero, sin comida, sin agua ni sanitarios; sin poder llegar a tiempo al trabajo o a otros compromisos. Resulta sumamente irritante. Me ha pasado.
López Obrador no cumplió la fijación de precios de garantía competitivos para el maíz, frijol, trigo y arroz: prefirió comprar estos granos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, lo que ha afectado a miles de agricultores mexicanos.
Sin embargo, entre el coraje y la desesperación, también es comprensible la lucha de los campesinos, comuneros, ejidatarios y pequeños y medianos productores de los estados del Bajío: Jalisco, Michoacán y Guanajuato, y, motivados por ellos, de los productores pertenecientes a otras 20 organizaciones campesinas de más de 20 entidades de la república.
La protesta de los agricultores de Querétaro, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Baja California, entre otros —quienes cerraron hasta por cinco días vialidades federales y estatales con tractores, trascabos, camionetas y trilladoras, permitiendo el paso libre en casetas de cobro—, tiene una explicación: mientras ellos alimentan con sus productos a todos los mexicanos, e incluso a extranjeros, muchas veces, en lugar de ser apoyados por los gobiernos, son sus víctimas.
En lugar de que el gobierno establezca programas de apoyo serios, con créditos accesibles para la siembra y la cosecha de sus productos, y de ayudarles a ser más productivos mediante mejores insumos, técnicas, maquinaria moderna, fertilizantes, insecticidas y orientación en la búsqueda de mercados rentables, se prefiere mantenerlos en el atraso, para tener el pretexto de importar productos básicos como maíz, frijol, arroz y trigo de otros países, y así hacer negocios propios.
Allá por enero de 2019, recién electo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, acompañado por Víctor Manuel Villalobos, su secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), e Ignacio Ovalle, director de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), en el primer evento para dar a conocer los programas sociales de su gobierno, se comprometió —“como no se hizo en el periodo neoliberal”, dijo— a establecer precios de garantía justos, comprando la cosecha a los productores para lograr la autosuficiencia alimentaria.
Sin embargo, López Obrador no cumplió la fijación de precios de garantía competitivos para el maíz, frijol, trigo y arroz: prefirió comprar estos granos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, lo que ha afectado a muchos miles de agricultores mexicanos. Los precios de las cosechas en México no cubren siquiera los costos de producción, teniendo como consecuencia, por ejemplo, la importación de 16 millones de toneladas de maíz blanco y transgénico cada año, y se estima que, en la temporada 2024-2025, la importación se eleve a 22 millones de toneladas.
Mientras los productores estadounidenses, con un promedio de 400 hectáreas y apoyo de su gobierno, producen entre catorce y 20 toneladas por hectárea de maíz y nueve toneladas de trigo por hectárea —gracias a buenas variedades, prácticas de fertilización, manejo de plagas, uso de riego y alta tecnificación—, los campesinos mexicanos, sin créditos ni respaldo gubernamental, a duras penas alcanzan un promedio de cinco toneladas por hectárea de maíz y 6.5 toneladas por hectárea de trigo.
Reveladoras resultan las declaraciones de líderes de productores de distintas regiones del país. En reunión con el secretario de la Sader, Julio Berdegué, para tratar la petición de incrementar el precio de cada tonelada de maíz de 6 mil a 7 mil 200 pesos, con el fin de recuperar su inversión, este propuso un apoyo de 850 pesos para alcanzar los 6 mil 850. Al enterarse, los dueños de Maseca, Minsa y Bruman inmediatamente bajaron el precio de compra de 6 mil a 5 mil pesos por tonelada, convirtiendo nuevamente a cientos de miles de familias campesinas en víctimas de estos voraces empresarios, con la contemplación y respaldo del gobierno. ¿Cómo impedir sus protestas?
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