Oficialmente, la temporada de lluvias en la cuenca del Pacífico inició desde el pasado 15 de mayo. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el número de ciclones tropicales pronosticados para esta temporada será ligeramente superior al promedio climatológico, debido a la fase neutra del fenómeno de “El Niño”, el cual se prevé que permanecerá durante la mayor parte de la temporada de huracanes.
¿Qué pasará con los más de 30 mil ciudadanos que el Instituto de Protección Civil reconoce que viven en poco más de 252 asentamientos irregulares cuyos hogares se encuentran situados en zonas de riesgo o terrenos federales?
A pesar del riesgo que trae en sí el temporal, debido a las inundaciones, derrumbes y deslaves, cinco de los diecisiete municipios en nuestro estado no cuentan con un Atlas de Riesgo, documento que ayuda a enfrentar de manera más efectiva cualquier situación de emergencia; así lo reconoce el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Armando Pulido Pardo, en la nota publicada por Novedades Tabasco el 9 de junio del año en curso.
Pero aun cuando todos los diecisiete municipios contaran con un atlas moderno y actualizado, difícilmente se puede asegurar que solo por eso se encontrarán ya seguros y a salvo de cualquier contingencia, ya que el verdadero problema es que, ante las fuerzas de la naturaleza, no hay mucho que se pueda hacer; salvo intentar canalizar, en la medida de lo posible, el exceso de agua a través de un dren pluvial de dimensiones acordes a la cantidad de lluvia que suele caer en la entidad.
Por esta razón, en cada época de precipitaciones, se vuelve inevitable hablar del Plan Hídrico Integral, que se proyectó cuando menos desde el 2014; incluso se llegó a decir en mayo de ese año que países como Alemania y Francia apoyarían a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la realización de una “reforma hídrica”, con la donación de 200 millones de euros; por su parte, el gobierno del estado anunciaba que, al igual que el gobierno federal, contaba entre sus prioridades “ejecutar el Plan Hídrico Integral de Tabasco, para reducir al mínimo las inundaciones catastróficas en Villahermosa”. Es así como, de esa fecha para acá, es un tema recurrente hablar de grandes obras de infraestructura que resolverán el problema de las inundaciones de manera definitiva.
La última vez que se habló de un asunto similar fue el 11 de diciembre de 2024 en Novedades de Tabasco; ahí se publicó lo siguiente: (Se ejecutará) “el Proyecto Hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco (PROHTAB), con un monto estimado de más de 4 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal del 2025…”.
Hoy, sin embargo, el riesgo de nuevas inundaciones se hace presente; de nueva cuenta, en los hogares tabasqueños hay nerviosismo y preocupación ante los pronósticos del SMN; pero ya nadie habla de llevar a cabo esas grandiosas obras, y menos se dice qué fue de los miles de millones de pesos, de dólares o de euros que en su momento se destinaron para tal efecto.
Al contrario, lo que sí se echa de ver es la falta que hace el recorte del 43.2 % que le hicieron al presupuesto de la Conagua para el ejercicio 2025.
Mientras tanto, la pregunta cabe: ¿qué pasará con los más de 30 mil ciudadanos que el Instituto de Protección Civil reconoce que viven en poco más de 252 asentamientos irregulares, cuyos hogares se encuentran situados en zonas de riesgo o terrenos federales, por ejemplo bajo los cables de alta tensión o cerca de los ductos de Pemex, o en las laderas de los cerros? Se trata de gente que vive distribuida en los 73 mil 515 lotes irregulares que contabiliza el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, lo que en sí representa un grave problema, porque se encuentran establecidos a la orilla de los ríos o en lugares con riesgo de deslizamiento de ladera, en las zonas serranas de Tacotalpa, Teapa y Huimanguillo. Pero también se contabilizan aquí los que viven en el municipio que presenta el mayor número de asentamientos irregulares, que es Centro, con el 24.5 % de los asentamientos de este tipo; sumado a los del municipio de Macuspana, lugar donde se ubican tres asentamientos irregulares de un aproximado de dos mil lotes cada uno. ¿Qué pasará con ellos?
Hasta las inundaciones de 2007, 2010 y 2020, Tabasco contabilizaba 28 eventos catastróficos de este tipo, de un cómputo iniciado desde 1868, es decir, hace 152 años. La memoria colectiva ha registrado que las inundaciones graves se dan cada cinco años, aproximadamente, y, para nuestra desgracia, estamos cumpliendo cinco años desde la gran inundación de 2020.
Y aquí llegamos, queriéndolo o no, a un punto en el que, si somos realistas y le queremos llamar a las cosas por su nombre, tenemos que reconocer que en este siglo y medio es como si el tiempo se hubiera detenido. Hemos visto pasar políticos de diferentes colores y tendencias ideológicas (eso es lo que ellos nos han dicho cuando han querido nuestro voto); pero todos, absolutamente todos, se parecen en su forma de gobernar. Nos anuncian obras grandiosas, pero nunca se hace nada.
“¡Momento!”, puede gritar alguien, y agregar: “Los dos últimos gobiernos han sido ‘del pueblo y para el pueblo’”. En ese caso, sólo tendremos que recordar que en el sexenio de AMLO se desapareció el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden); y la administración actual se estrenó recortando a la Conagua 25 mil 555 millones de pesos, lo que representa el 43.2 % de su presupuesto 2025.
El resultado, lo mismo de siempre: nada de Plan Hídrico Integral. Vistas así las cosas, tenemos que llegar a la dolorosa conclusión: no hay partido del pueblo. Por lo tanto, si queremos que los recursos se usen para lo que fueron destinados y las obras se hagan, ese partido aún lo tenemos que formar.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario