• El ordenamiento urbano del sureste mexicano demanda leyes enfocadas en dotar de espacios habitables al pueblo pobre
Los acontecimientos ocurridos en agosto, con el desalojo de personas que ocuparon irregularmente terrenos en San José Tecoh, al sur de Mérida, vuelven a poner sobre la mesa un problema que no puede reducirse únicamente a la discusión sobre la legalidad: la falta de vivienda accesible para miles de familias trabajadoras.
Las familias que ocuparon un terreno argumentaron, en muchos casos, la necesidad de contar con un espacio donde construir una vivienda y proteger a sus hijos. Esto no convierte en legal la ocupación de un predio ajeno, pero sí obliga a preguntarnos por qué tantas personas llegan al extremo de vivir sin agua, electricidad, calles pavimentadas y bajo la amenaza permanente de ser desalojadas.
La formación de asentamientos irregulares, conocidos como "invasiones", debe analizarse también como el resultado de un problema social y económico estructural.
La pobreza, los bajos salarios, la informalidad laboral y el elevado costo del suelo urbano han hecho que para muchas familias adquirir legalmente un terreno sea prácticamente imposible.
Cuando se trata de grandes proyectos inmobiliarios, pareciera que las puertas de la ciudad se abren con mayor facilidad; cuando son familias trabajadoras las que buscan un pedazo de tierra para construir una vivienda, aparecen las trabas.
Los grandes desarrolladores cuentan con capital, abogados y gestores para realizar los trámites necesarios. Los cambios de uso de suelo, permisos y autorizaciones pueden gestionarse para hacer viables proyectos habitacionales, comerciales o turísticos.
El suelo se transforma cuando existe un negocio inmobiliario de por medio, pero para una familia que quiere adquirir un terreno para construir su casa, la situación es muy distinta.
Los precios del suelo urbano son cada vez más elevados, los créditos exigen condiciones que muchos trabajadores no pueden cumplir y los procesos de regularización pueden prolongarse durante años. Para el capital inmobiliario, el suelo representa una oportunidad de negocio; para una familia trabajadora, conseguir un terreno donde levantar una casa puede convertirse en una lucha de años.
Por su parte, el Instituto Municipal de Planeación de Mérida documentó que diversas zonas irregulares del sur presentan carencias de servicios, precariedad habitacional y familias de bajos ingresos con dificultades para acceder a mecanismos formales de financiamiento.
Cabe preguntarse, ¿por qué una familia estaría dispuesta a instalarse en un terreno que no es suyo, sin servicios y con la posibilidad de ser desalojada? La respuesta no puede limitarse a señalarla como responsable de una invasión. Hay que mirar las condiciones que la llevaron hasta ahí.
Para el capital inmobiliario el suelo representa una oportunidad de negocio y para una familia trabajadora conseguir un terreno donde levantar una casa puede convertirse en una lucha de años.
El Programa de Vivienda 2025-2030 de Yucatán señala que solamente alrededor del 20 % de los yucatecos con empleo formal podría adquirir una vivienda sin comprometer más del 30 % de sus ingresos. A esto se suma la situación de casi el 60 % de los trabajadores que se encuentran en la informalidad, con ingresos variables y mayores dificultades para acceder a créditos.
Entonces, si bien las invasiones no deben justificarse como método, sí deben entenderse como síntoma de un problema estructural: la falta de vivienda accesible para miles de familias trabajadoras.
Una familia que durante años paga renta sin lograr formar un patrimonio, que no puede acceder a un crédito y observa cómo el suelo urbano aumenta de precio, puede llegar a considerar que ocupar un terreno es su única posibilidad de construir algo propio.
Pero, ¿por qué las facilidades que existen para desarrollar grandes proyectos inmobiliarios no pueden traducirse también en oportunidades para quienes necesitan una vivienda? No se trata de estar contra el desarrollo urbano ni de desconocer el derecho de los propietarios. Se trata de preguntarnos qué tipo de ciudad se está construyendo y para quién.
Porque una ciudad donde existen mecanismos para transformar terrenos y desarrollar proyectos destinados a quienes pueden pagarlos, pero no suficientes opciones para que un trabajador pueda adquirir legalmente un terreno accesible, es una ciudad que crece económicamente sin resolver una necesidad social básica.
Los antecedentes del sur de Mérida muestran que el problema tampoco es nuevo. En zonas de Emiliano Zapata Sur III, habitantes de asentamientos como Las Fuentes, Palmeras, Pueblo Unido, Tamarindos y Platanar han solicitado durante años la regularización de su situación. Incluso han manifestado disposición para pagar por los terrenos o aceptar alternativas de reubicación.
Por ello, los desalojos por sí solos no resolverán el problema. Desalojar a una familia no desaparece su necesidad de vivienda. La solución debe combinar el respeto a la legalidad con una política pública que permita a las familias construir un patrimonio.
El Estado debe proteger la propiedad pública y privada, pero también ampliar la oferta de suelo urbanizado y vivienda social, crear esquemas accesibles para trabajadores informales, facilitar créditos y modalidades de pago acordes con los ingresos reales y agilizar la regularización cuando las condiciones jurídicas lo permitan.
Sobre todo, debe existir una política urbana que no dependa exclusivamente de la capacidad económica de quien solicita una oportunidad. Si para una gran inmobiliaria existen mecanismos para modificar el uso de un terreno, obtener permisos y desarrollar un proyecto rentable, también debería existir una vía institucional clara y accesible para que una familia trabajadora pueda adquirir legalmente un terreno donde construir su casa.
No se trata de justificar las invasiones. Se trata de exigir que la legalidad no sea una puerta abierta para quienes tienen dinero y una pared para quienes no lo tienen.
Una política de vivienda no puede limitarse a desalojos. Tiene que hacer realidad el derecho a una vivienda digna establecido en el artículo cuarto de nuestra Constitución. Nada más, pero nada menos.
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