“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”, dice el artículo 4º de nuestra Constitución Política.
“La crisis de la vivienda es un problema silenciado de una ciudad que dejó de producir vivienda social y que ha abandonado la regulación del suelo urbano… esta es una realidad incómoda, ignorada en los discursos oficiales”, explica el Colegio de Urbanistas de México (ECUM).
El acceso a una vivienda se ha convertido en una de las mayores preocupaciones sociales para millones de personas, debido a sus ingresos bajos, rentas altas y pocas opciones.
En los últimos años, la ciudad arrastra un problema serio: no hay suficientes viviendas para la cantidad de gente que las necesita. “La ciudad enfrenta un desequilibrio estructural en su mercado de vivienda” (Secretaría de Trabajo de la Ciudad de México, 2025).
Este desequilibrio ha provocado el aumento constante de los precios, tanto de compra como de renta, dejando sin la oportunidad de adquirir una vivienda a amplios sectores de la población.
La demanda de vivienda en la ciudad es de aproximadamente 70 mil hogares al año, pero la construcción está muy por debajo de esa necesidad. “Para 2025 se construyeron apenas 2 mil viviendas, menos del 1 % de la demanda real” (ECUM, 8 de agosto de 2025).
Esta falta de oferta ha generado una crisis que impacta directamente en la vida de las familias. Al mismo tiempo, el encarecimiento es cada vez más evidente. En la última década, las rentas en zonas céntricas han aumentado de forma drástica. “Las rentas han subido hasta un 140 % en colonias como Roma y Condesa” (El País, 1 de septiembre de 2025).
Además, el precio de la vivienda sigue creciendo por encima de la inflación. “El precio de la vivienda aumentó 8.2 % en 2025” (Sociedad Hipotecaria Federal, 12 de mayo de 2025). Este panorama golpea con mayor fuerza a quienes menos tienen.
En la ciudad, miles de familias trabajan en la informalidad y perciben ingresos bajos. “Brecha laboral en la Ciudad de México: 45 % de los trabajadores operan en la informalidad” (La Prensa, 10 de marzo de 2026). Esta situación, ya de por sí complicada, limita el acceso a créditos y a programas de vivienda.
Para muchos capitalinos pagar renta simplemente no alcanza, “las familias destinan más del 30 % de sus ingresos al pago de la renta” (La Silla Rota, 17 de julio de 2025). Esto implica que miles de personas deben sacrificar gastos básicos, incluso su alimentación, para poder mantener un techo.
Muchas familias viven hacinadas o en espacios reducidos, sin condiciones adecuadas para su desarrollo. Otras son desplazadas hacia la periferia, alejadas de sus trabajos, escuelas y servicios, obligándolas a aceptar condiciones precarias. “No hay suficiente oferta de vivienda nueva” (Milenio, 19 de agosto de 2025).
Es decir, no hay casas y las pocas que hay no son para quienes más las necesitan.
La falta de vivienda digna limita el desarrollo de las personas porque, sin un espacio adecuado, es más difícil estudiar, trabajar o descansar.
Debido a estas condiciones, millones de capitalinos no pueden desarrollar plenamente sus capacidades por las carencias que enfrentan diariamente.
Ante este panorama, el Movimiento Antorchista ha asumido la tarea de luchar por resolver esta problemática en la ciudad, organizando a familias de bajos recursos y exigiendo soluciones concretas a las autoridades.
Sin embargo, frente a la falta de respuestas por parte del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, la organización convocó a una marcha multitudinaria para exigir atención a estas demandas.
La movilización buscaba visibilizar la situación de miles de familias que continúan sin acceso a vivienda. No obstante, la protesta fue suspendida luego de que el secretario del instituto solicitara una reunión de trabajo para atender los casos pendientes.
Esta decisión se tomó como un acto de buena voluntad y con la intención de privilegiar el diálogo, porque Antorcha ha demostrado a lo largo de su historia que actúa con racionalidad y sensatez: nuestras manifestaciones no son arbitrarias, sino una respuesta ante la falta de atención a legítimas demandas de las familias que representamos. Sin embargo, advertimos que, de no haber soluciones, se retomarán las acciones de protesta.
Es urgente que a las autoridades les quede claro que la vivienda es un derecho de todos los mexicanos, por lo que la crisis de vivienda en la Ciudad de México no puede seguir ignorándose.
Ese desdén afecta a millones de personas que viven en condiciones precarias, con ingresos insuficientes y sin acceso a este derecho fundamental.
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