El derecho a la vivienda, como el derecho a la salud, a la igualdad ante la ley, al número de hijos que se desee tener, al acceso a la cultura y todo lo demás comprendido en el artículo 4º, que forma parte del capítulo primero de nuestra Constitución, titulado "De las Garantías Individuales"; son derechos inalienables, otorgados a todos los mexicanos por los constituyentes, cuando menos, desde 1917 y todo mexicano con poder o sin él, está obligado a respetar y hacer cumplir, si así fuera el caso, tales derechos en beneficio de todos lo mexicanos. "Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo" (Constitución Política, Tit. primero, Cap. I, art. 4º).
Con fecha del día 14 de marzo del año que corre, quién esto escribe, en calidad de presidente del Comité Estatal del Movimiento Antorchista de Colima, puso en manos del Gobernador, Licenciado José Ignacio Peralta, un documento que contiene las necesidades de miles de colimenses humildes agrupados en Antorcha; de entre todo el cúmulo de solicitudes que ese día se presentó, destaca la demanda de vivienda: regularización y apoyo para escrituras de diez colonias de seis municipios; mil 650 lotes de terreno para la vivienda de igual número de familias de ocho municipios; 310 unidades básicas de vivienda (pie de casa); 995 recámaras adicionales y cocinas; y 350 mejoramientos generales de vivienda. De todo esto se entregó, como respaldo, padrón de todos los solicitantes; sin embargo, cuatro meses después, los peticionarios antorchistas, no tienen respuesta positiva a su demanda.
Recientemente, supongo que como respuesta a la petición de los antorchistas, el Gobernador anunció ante los principales medios locales, que su gobierno invertirá, en coordinación con el Fideicomiso Fondo Nacional para Habitaciones Populares (FONAPHO), 78 millones 120 mil pesos para construir mil 736 cuartos, en beneficio de igual número de familias: "Para combatir el hacinamiento en viviendas de población en pobreza extrema", dijo el Gobernador, y también que: "[el acuerdo] obliga al Gobierno Estatal, a través del Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado (INSUVI) a construir cuartos adicionales en toda la entidad" (Diario de Colima, 7/07/2016). Muy bien, este es un anuncio alentador; pero, ¿cuántas recámaras, de esas que se anuncian, son para resolver la petición de las 995 familias, que presentó desde el mes de marzo el Movimiento Antorchista? Y, la regularización y escrituración de colonias, la petición de lotes de terreno, pies de casa y otros mejoramientos, ¿para cuándo?
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en su Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social del año 2012, dice que, en ese año, había en Colima 69 mil 200 personas con carencia por calidad y espacios en la vivienda; y, 54 mil 300 con carencias por servicios básicos en la misma. Haciendo a un lado los eufemismos y las imprecisiones en las maneras de medir esta sentida carencia, la suma es de 123 mil 500 colimenses sin vivienda, o con vivienda, pero sin la dignidad y el decoro que dice la Constitución. De entonces a la fecha y dados los últimos acontecimientos políticos y económicos que ha sufrido el estado, de los cuales hemos sido testigos presenciales, es sumamente fácil suponer, sin temor a equivocarnos, que la situación de las carencias de la vivienda en el Estado, no ha disminuido, y que muy por el contrario se ha incrementado a niveles verdaderamente graves y de peligro.
Hace algunos días, pude leer el decreto que presentó, precisamente en el mes de agosto del año 2012, el entonces gobernador, Licenciado Mario Anguiano Moreno al Congreso local; mediante éste, se aprobó la Ley de Vivienda para el estado de Colima. En el documento se pueden leer cosas verdaderamente asombrosas, que dicen claramente, cómo hay políticos que hacen de la ley, letra muerta cuando se les antoja. Para justificar la promulgación de esta ley se dice lo siguiente: "En muchas entidades federativas de la República Mexicana, existe el problema de la vivienda. Sin embargo, esta cuestión presenta una inclinación política con una importancia que crece aceleradamente, debido a la gran inequidad de distribución del ingreso de los mexicanos que no les permite acceder a los mecanismos de financiamiento, así como a la falta de estímulo a la inversión privada en vivienda, lo que ha dado como resultado el crecimiento desproporcionado de la demanda por una vivienda digna, lo que provoca además el descontento y la tensión que experimentan diversos sectores de la sociedad" (Decreto 556, Ley de Vivienda para el Estado de Colima, consideración segunda, p.1).
Y si sabían lo de "la gran inequidad de distribución del ingreso de los mexicanos [y por lo tanto de los colimenses] que no les permitía acceder a los mecanismos de financiamiento [entiéndase de vivienda]" entonces, ¿Qué hicieron para incrementar el ingreso de los colimenses?, ¿por qué descuidaron y olvidaron intencionalmente este grave problema de los más pobres? Pero, lo más importante, ¿Qué dice de todo esto el gobierno actual? ¿Tiene ya un plan para incrementar los salarios, y por lo tanto, la posibilidad de que los colimenses pobres puedan financiarse, cuando menos, la adquisición de un lote de terreno para vivienda? Los Antorchistas vemos bien del Gobierno, la inversión de 78 millones de pesos para construir cuartos adicionales, pero, sin afán de menospreciar el esfuerzo, sentimos que el problema de la vivienda es mucho más que eso. Finalmente, no hay que olvidar algo que a los antorchistas nos consta que es totalmente cierto: el crecimiento desproporcionado de la demanda por una vivienda digna, "provoca el descontento y la tensión que experimentan diversos sectores de la sociedad". Ojalá que el Licenciado Peralta atienda nuestras opiniones, porque no cabe duda, la carencia de vivienda digna y decorosa, en Colima, sigue siendo un grave problema social.
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