“Son tantas las víctimas mortales y tantos los estragos en la vida de los trabajadores del mundo que, uno, instintivamente desea cerrar los ojos al ver las imágenes de los miles de niños muertos en Palestina y ante las atrocidades que comete el imperialismo yanqui e israelí ante un pueblo prácticamente inerme”.
La cifra negra en el estado de Hidalgo corresponde al 89 % de delitos cometidos, sobre los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación.
Este comentario lo compartí hace ya varios meses y, hoy, el horror es mayor. Pero casi igual estremecimiento nos sacude cuando vemos los testimonios de cientos de madres buscadoras clamando ayuda para encontrar a sus hijos o familiares y denunciando que se les ha dejado a su suerte por parte de las autoridades en la búsqueda y ante las agresiones de quienes se sienten amenazados con su labor. México presenta tantas o más víctimas mortales que un país en guerra:
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Inegi en 91 ciudades, al cierre del segundo trimestre de este año, nos informa que, en promedio, el 63.2 % de la población tiene percepción de inseguridad (en marzo era del 61.9 %). Es decir, casi dos terceras partes de los habitantes de dichas ciudades viven con miedo.
En dieciséis ciudades, más del 80 % de la población se siente insegura y, en cinco ciudades, esa percepción de inseguridad y miedo se acerca al 100 %: Culiacán, Sinaloa; Ecatepec de Morelos, Estado de México; Uruapan, Michoacán; Tapachula, Chiapas y Ciudad Obregón, Sonora. Y en el apartado “Percepción sobre la efectividad del gobierno de su ciudad para resolver las principales problemáticas”, a nivel nacional apenas 30 % respondió “muy efectivo o algo efectivo”.
En el caso de Hidalgo, donde últimamente, casi a diario, conocemos de un atentado, acribillados o la localización de cadáveres en Tula, Tezontepec de Aldama, Tepeji del Río, Pachuca, Mineral de la Reforma o Tizayuca, también la violencia y la inseguridad, desgraciadamente, van ganando terreno: El Financiero nos informa que “La mitad de delitos en Hidalgo (al menos 24 de los 50 delitos que se toman en cuenta para la elaboración de la estadística nacional del delito), presentan aumento de hasta 200 % de enero a mayo de 2025.
En las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) destacan narcomenudeo, despojo, feminicidio y robo en transporte público como los delitos más frecuentes en Hidalgo”. Y nos señala que: “Entre los delitos de mayor incidencia en Hidalgo están la violencia familiar; otros robos (2 mil 67 casos); amenazas y lesiones dolosas”.
Asimismo, nos dice que “el delito con el mayor incremento en su incidencia es el robo en transporte público, que en el periodo enero-mayo de 2025 subió 200 %, en relación con el mismo lapso de 2024”, mientras que el feminicidio, uno de los ilícitos de mayor impacto social, registra un alza de 80 %.
Pero esto, entiendo, son los delitos que se denuncian por parte de las víctimas y algunos que se persiguen de oficio, pero el alto porcentaje de los que no se denuncian revela simplemente que no existe la justicia pronta y expedita, la ciudadanía no confía en la autoridad: la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024 “…estima que en 2023, en Hidalgo, se denunció 13.9 % de los delitos (en 2022 esta cifra fue de 17.8 %), de los cuales el Ministerio Público o Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación en 79.2 % de los casos. Esto implica que, del total de delitos, se inició una carpeta de investigación en sólo 11 % de los casos (en 2022 esta cifra fue de 12.5 %)”.
La cifra negra en el estado de Hidalgo corresponde al 89 % de delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación; en 55.9 % de los casos en que sí se inició una carpeta de investigación, el resultado fue nada.
Se estima que 24.9 % de los hogares en el estado de Hidalgo tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2023. Es decir, 236 mil 443 hogares fueron víctimas de un delito. La ciudadanía no se siente protegida por las autoridades, las considera incapaces de brindarle seguridad. La población, pues, vive con miedo; temor a salir de sus hogares, miedo fundado basado en la experiencia de miles de víctimas del crimen.
La Envipe estima que en el estado de Hidalgo, “56.3 % de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante…, seguido de la escasez de agua con 45 %, después el aumento de precios 34.7 %, salud 34.3 % y desempleo 28.3 %.
En el caso de la ciudad capital, Pachuca, la encuesta del Inegi informó que de abril a junio de este año la percepción de inseguridad fue de 48.3 %, incrementó 0.8 % en comparación con el mismo periodo de 2024, reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
Ya en colaboración anterior tuve la oportunidad de tratar de explicar las causas de la violencia, entre las cuales remarcaba que “…en la mayoría de los actos violentos la ventaja económica es el fin”; la mayoría de los grupos delincuenciales tienen como propósito último la ganancia económica.
Pero, como también lo muestra nuestra negra realidad, el crecimiento de la violencia está intrínsecamente unido al proceso de agotamiento del modelo económico y político de dominación y sus correspondientes formas de control social, que hoy se encuentran en crisis.
La base social de la delincuencia está en la creciente pobreza y la acumulación ofensiva y humillante para millones de mexicanos de la riqueza; millones de pobres y millones de jóvenes en edad de ir a la universidad, pero que no tienen la oportunidad de hacerlo ni encuentran un trabajo digno.
Las causas profundas de la violencia e inseguridad en nuestro país no se están combatiendo; estos grandes males no se erradican con tarjetitas que, además, no cubren a toda la población más necesitada. Pero, además, qué podemos esperar cuando muchos de los gobernantes, los que están obligados a velar y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, están ligados al crimen organizado o incluso, como lo estamos viendo actualmente, son cabeza, líderes de los cárteles más peligrosos o de las bandas de huachicol; el sistema social actual está en crisis.
Necesitamos, pues, un nuevo modelo económico que realmente combata las causas de la violencia y dé prioridad a la educación de nuestros niños y jóvenes, así como al incremento de oportunidades para insertarse en el terreno laboral, deportivo y cultural, pues hoy en México se destina mayor presupuesto a las fuerzas armadas que a la educación. Y, a pesar del mayor gasto en “seguridad”, la inseguridad aumenta.
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