Aclaro que lo que diré a continuación, aunque a la gente trabajadora y sin malicia le parezca increíble, realmente sucedió. Si después de que se lea lo que diré, los lectores mantienen aún su reserva a aceptar los hechos como verídicos, se debe, única y exclusivamente, a la acción de la propaganda venal que procura ocultar siempre la manera de gobernar, tan fanática y despótica en algunos gobiernos de ahora, que, porque el pueblo les dio su voto, se creen arrogantemente que, con él, se les otorgó la vida misma de sus gobernados. Veamos el botón de muestra de hoy.
Mientras en Veracruz el gobierno morenista oculta la verdad para favorecer a la delincuencia, en Oaxaca, otro gobierno igual, deja de lado la seguridad de los oaxaqueños para empeñarse en agredir, despojar y perseguir a jóvenes humildes.
Conforme a lo que aún se puede ver en las redes sociales, se sabe que, en un municipio del norte del Estado de Veracruz, Álamo Temapache, vivía una mujer trabajadora llamada Irma Hernández Cruz de 62 años de edad; era ama de casa, madre y seguramente abuela; además, ella era también una maestra jubilada, pero, para completar el ingreso que su familia necesitaba, laboraba además como taxista.
Desafortunadamente, sólo conocí a la maestra cuando apareció en un vídeo de las redes sociales; la vi de rodillas, rodeada por completo de un grupo de hombres encapuchados fuertemente armados que le apuntaban amenazantes con armas largas; la maestra ya se veía muy maltratada.
En el video que refiero, la obligaron a decir públicamente para todos sus compañeros taxistas lo siguiente: “…paguen su cuota a la mafia, o les pasaría lo mismo que a mí”. Supe que su cuerpo fue encontrado seis días después, en un rancho a 40 kilómetros de donde se la llevaron; ya estaba muerta.
La gobernadora morenista del Estado, Rocío Nahle García, ante este suceso salió a dar la cara con lo que pretendió ser una explicación: “murió de un infarto”, dijo a los medios, esforzándose, según pareció, por ocultar el asesinato y con ello a los asesinos. Como si cambiando las palabras desapareciera la tragedia.
Ante la insistencia de algunos medios que, cumpliendo su función, la cuestionaron ante lo absurdo que parecía tal explicación, la mandataria insistió amenazante y molesta: “murió de un infarto, les guste o no”. Y eso fue todo.
El día 13 de agosto, sobre este caso apareció en medios nacionales la declaración oficial de la fiscal General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadans, que dijo así: “…la víctima falleció a consecuencia de la agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio que inició el 18 de julio” (El Universal). Es decir, la maestra Irma murió asesinada. Rocío Nahle mintió.
Las preguntas son obligadas. ¿Por qué mintió la gobernadora? Es relevante saber esto, porque, si la maestra “murió de un infarto”, supongo que cabe la posibilidad de exculpar a los asesinos de su muerte, por tanto, no se les puede perseguir por este hecho concreto. En cambio, si la maestra murió asesinada, entonces sí que se debe perseguir y encarcelar a los asesinos.
Pero, además, ¿sucede este tipo de insolencias sólo en Veracruz? Los amables lectores saben perfectamente la respuesta. Si Morena y Sheinbaum no aclaran suficientemente sucesos como el de Veracruz, parecería entonces que, por un lado, los gobiernos morenistas de todo el país ya renunciaron a su obligación constitucional de garantizar la seguridad del pueblo trabajador, y se pasaron al bando contrario.
Por otro lado, parecería que algunos gobiernos morenistas se han enfermado de poder, a tal grado, que ya se dieron incluso hasta el derecho de decir, insolentemente, de qué se van a morir los mexicanos.
Esto es una tragedia mayor, si tomamos en cuenta las constantes amenazas de invasión del gobierno norteamericano, con el pretexto de venir ellos mismos hasta acá, a combatir a los delincuentes terroristas. Es trágico, pero así es la realidad.
Y mientras en Veracruz el gobierno morenista oculta la verdad para favorecer a la delincuencia, en Oaxaca, otro gobierno igual, deja de lado la seguridad de los oaxaqueños para empeñarse en agredir, despojar y perseguir a humildes jóvenes estudiantes de escasos recursos económicos. Paso a decir los hechos.
Primero. El día 23 de enero pasado, en este año, un grupo de porros desalojó violentamente a los estudiantes del Albergue Cultural y Estudiantil “Villas de Monte Albán” ubicado en la ciudad de Oaxaca, donde, a pesar de que hay varios videos que muestran claramente quiénes golpearon de forma criminal a los universitarios que ahí habitaban, no se hizo justicia a pesar de haberse presentado oportunamente la denuncia de los hechos. Los estudiantes pidieron el amparo del gobierno del Estado; pero no hubo respuesta.
Segundo. En el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, el día 26 de abril la policía municipal, bajo las órdenes del presidente Cesar Figueroa Jiménez, desalojó violentamente a humildes estudiantes que vivían en el Albergue Estudiantil “Juan Manuel Célis Ponce”, a quienes, a pesar de contar con un contrato de comodato vigente y absolutamente legal, se les dejó en el más completo desamparo y en la calle. También en este caso las víctimas pidieron el amparo del gobierno estatal.
Pero en esta ocasión, a través de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), organización a la que pertenecen los estudiantes moradores maltratados, a su petición de amparo estatal, los estudiantes habían iniciado ya una campaña de denuncia pidiendo la urgente intervención del gobernador Salomón Jara Cruz.
Y fue entonces que la respuesta gubernamental llegó, pero sólo para confirmar lo que los estudiantes ya se temían, es decir, que la agresión violenta contra ellos venía directamente del gobierno del Estado; así lo indicó el último hecho violento que sufrieron. Veamos.
El 5 de agosto pasado, veinte sujetos armados y encapuchados que llegaron en vehículos todo terreno, no obstante la presencia de la Policía municipal en el lugar, allanaron por segunda vez las instalaciones del Albergue Estudiantil y Cultural “Villas de Monte Albán”; destruyeron ahora el inmueble y desalojaron con golpes nuevamente a los estudiantes, y vandalizaron también la mercancía de una tienda de abarrotes que había en el lugar. Y otra vez los desalojados están en el desamparo; pero ahora, muy seguros de quién los golpea.
A la campaña de denuncias de la FNERRR, nos sumamos ahora también el Movimiento Antorchista Nacional. Nos parece sumamente grave que se atente contra la seguridad de la población estudiantil de Oaxaca. La denuncia será nacional.
Pedimos la urgente intervención del gobernador Salomón Jara; de no hacerlo, el mandatario estatal sólo demostrará con eso, que es desde su oficina de donde salen los golpes, la violencia y la persecución contra los estudiantes humildes. Que conste.
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