En Guerrero, la educación enfrenta una crisis estructural que refleja décadas de abandono institucional. Con un promedio de escolaridad de apenas 8.5 años, una tasa de analfabetismo del 11.7 % y un abandono escolar del 10.9 % en educación media superior, el estado está lejos de garantizar este derecho consagrado en la Constitución Política de los mexicanos.
Pero más allá de las estadísticas, esta emergencia educativa tiene rostros concretos: como los de los más de sesenta estudiantes de la telesecundaria de la colonia Fuerza Aérea en Acapulco, a quienes hoy se les niega incluso el espacio físico para aprender.
Guerrero ocupa los últimos lugares nacionales en infraestructura educativa. Según reportes, miles de escuelas carecen de agua, luz, mobiliario o techos dignos. La telesecundaria amenazada en Acapulco es un ejemplo de ello: aulas deterioradas, falta de materiales didácticos y estudiantes expuestos al sol inclemente durante las ceremonias cívicas.
Pero ahora, el colmo del desdén: un ultimátum para desalojar el terreno donde opera desde hace quince años, bajo la indiferencia de las autoridades.
El gobierno de Abelina López Rodríguez, lejos de atender esta problemática desesperada de los padres y maestros, ha guardado un silencio cómplice. Mientras las familias organizan kermeses, boteos y rifas para reunir fondos, el Estado evade su obligación de garantizar educación pública, gratuita y accesible.
¿Cómo explicar que en un país donde se destina solo el 3.2 % del PIB a educación (por debajo del mínimo internacional), se exija a comunidades pobres autofinanciar la supervivencia de sus escuelas?
La responsabilidad no es sólo local. El gobierno estatal tampoco ha priorizado la reparación de escuelas ni la protección de predios educativos en zonas marginadas. Por su parte, la federación también ha incumplido con su deber de cerrar brechas: Guerrero requiere inversión urgente en infraestructura, contratación de maestros y programas contra el abandono escolar, especialmente en regiones indígenas y rurales donde la cobertura en educación media superior no supera el 65.6 %.
El caso de esta telesecundaria en Acapulco es emblemático: si el gobierno municipal no actúa para adquirir el predio en que se encuentra la institución, si el estado no asigna recursos y si la federación no interviene, se enviará un mensaje claro: para los pobres, el derecho a la educación es solo un discurso.
La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, ha fallado en su obligación de mediar en este conflicto. Su indiferencia ante las solicitudes de diálogo de los padres de familia revela una grave desconexión con las necesidades urgentes de su municipio. En una ciudad donde la violencia y la pobreza ya limitan el acceso a oportunidades, permitir que una escuela cierre por falta de voluntad política es inaceptable.
Los padres de familia, maestros y estudiantes no se quedarán callados. Si las autoridades no actúan de inmediato para resolver este caso y atender la crisis educativa en Guerrero, tomaremos las calles. No permitiremos que más escuelas cierren y que más niños pierdan su futuro por la negligencia de unos cuantos.
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