• El cuidado de la salud mental requiere políticas que mejoren las condiciones de vida de la clase trabajadora
Hablar del suicidio exige mucho más que repetir recomendaciones sobre salud mental. Exige escuchar, acompañar y garantizar atención profesional, pero también mirar las condiciones sociales en las que millones de personas desarrollan su vida.
Porque detrás de una crisis individual puede existir una realidad económica, laboral, familiar y social que no podemos ignorar.
Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) son alarmantes: durante 2025 se registraron en México 8 mil 709 defunciones por suicidio, equivalentes a una tasa nacional de 6.7 por cada 100 mil habitantes.
Yucatán registró 13.7 suicidios por cada 100 mil habitantes, sólo por debajo de Chihuahua, que alcanzó 13.8.
Más preocupante aún es que las personas de quince a 29 años presentaron la tasa más alta de suicidio entre los grupos de edad, con 10.2 por cada 100 mil habitantes.
Ante estas cifras, no podemos observar y limitarnos a decir que se trata únicamente de depresión, ansiedad o problemas personales; existen problemas de fondo y que incumben a toda la sociedad y cómo esta se desarrolla y cómo a unos perjudica más que a otros.
No debemos minimizar la importancia de la salud mental, al contrario, una persona en crisis necesita atención, ser escuchada y un tratamiento oportuno. Pero convertir el suicidio exclusivamente en un problema individual puede llevarnos a ignorar las condiciones que rodean a quien sufre.
Una revisión científica publicada en 2025 analizó 49 revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre los determinantes sociales del suicidio. Encontró evidencia relacionada, entre otros factores, con vivienda, ingresos, protección social, desempleo, inseguridad laboral y adversidades durante la infancia.
Aquí está una de las grandes contradicciones de nuestra sociedad; se responsabiliza al individuo del cuidado de su salud, mientras se mantienen condiciones que lo dificultan enormemente.
La investigación señala que estos factores tienen efectos generalmente modestos, pero que existe evidencia consistente en varias áreas.
Yucatán ofrece otros datos que deben hacernos reflexionar. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2020-2024 estimó que 27.4 por ciento de los hogares yucatecos enfrentaron inseguridad alimentaria moderada o severa.
Entonces, cuando se recomienda a una persona "comer mejor", "descansar", "hacer ejercicio" o "reducir el estrés", habría que preguntarnos también: ¿tiene ingresos suficientes?, ¿cuenta con una vivienda adecuada?, ¿tiene tiempo para descansar?, ¿puede acceder a alimentos nutritivos?, ¿cuenta con espacios seguros para convivir?, por mencionar algunas.
Aquí está una de las grandes contradicciones de nuestra sociedad; se responsabiliza al individuo del cuidado de su salud, mientras se mantienen condiciones que pueden dificultar enormemente ese cuidado.
Esto obliga a hablar de algo más profundo y es que las condiciones materiales de vida de las familias trabajadoras no son las idóneas. No basta con programas que les den dinero o despensas que lo único que hacen es resistir el sufrimiento.
Se necesitan políticas públicas que garanticen empleo digno, vivienda, alimentación, educación, servicios básicos, espacios deportivos y culturales, así como atención efectiva a la salud mental.
Prevenir el suicidio debe significar salvar vidas hoy, pero también construir condiciones para que las personas tengan una vida digna.
Pero ese cambio debe ser desde el pueblo organizado y politizado, donde este gobierne para su bien y por ello se debe de unir y luchar hasta conseguirlo. Ninguno debe ser ajeno a ello.
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