El reciente anuncio del incremento a la tarifa de movilidad en el Área Metropolitana de Guadalajara, que pasará de los nueve pesos con cincuenta centavos a los catorce pesos en abril próximo, reabrió un debate recurrente entre los usuarios: la exigencia de que el mayor costo se refleje de manera tangible en la calidad del servicio, especialmente en aspectos como la frecuencia de las unidades, el estado físico de los vehículos, la comodidad, la seguridad y la renovación real del sistema de transporte.
Un subsidio que se transfiere directamente a los ingresos de los concesionarios, sin mecanismos estrictos que obliguen a mejorar el estado de las unidades o la calidad del servicio, no es una solución de fondo: es dinero público financiando la ineficiencia privada.
De acuerdo con el Comité Técnico Tarifario de Jalisco, el incremento tarifario está sustentado en un análisis que considera factores como inflación, salario mínimo y el costo de insumos del servicio. Sin embargo, especialistas han insistido en que el ajuste tarifario es inferior al crecimiento real de estos costos, lo que evidencia que el gobierno de Jalisco prioriza a los concesionarios por encima del impacto social.
Ante la indignación social, el gobernador, Pablo Lemus Navarro, ha lanzado la “Tarjeta Única al Estilo Jalisco”, un subsidio directo a los usuarios que reducirá el costo final a once pesos. La propuesta suena atractiva: un subsidio de tres pesos por viaje para amortiguar el golpe al bolsillo de los jaliscienses, pero al observar los detalles de esta estrategia, la solución empieza a desmoronarse.
Veamos. Para acceder al supuesto subsidio los usuarios deben entregar datos personales como su Clave Única de Registro de Población, su identificación oficial del Instituto Nacional Electoral con domicilio en la entidad, comprobante de residencia reciente, correo electrónico y número de teléfono. Finalizado ese proceso de registro, les será entregada la tarjeta mediante un fondo que el gobernador aseguró ascenderá a mil 200 millones de pesos para el año 2026.
Diversos sectores señalan que el subsidio funciona como un peaje de acceso a un beneficio económico donde la moneda de cambio, además del dinero del erario, es la información personal de la población.
A ello se suma una contradicción presupuestal, mientras el gobernador habla de un fondo de mil 200 millones de pesos, el presupuesto real asignado por la Secretaría de Hacienda para 2026 apenas roza los 777 millones.
Este déficit del 36 % no es un detalle menor; es una señal de que el subsidio podría tener fecha de caducidad antes de que termine el año, dejando a los ciudadanos frente a la tarifa completa.
Un subsidio que se transfiere directamente a los ingresos de los concesionarios, sin mecanismos estrictos que obliguen a mejorar el estado de las unidades o la calidad del servicio, no es una solución de fondo: es dinero público financiando la ineficiencia privada.
De hecho, el tarifazo puede aumentar en 4 % la pobreza por ingresos en el Área Metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con los cálculos propios de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, llevando a cerca de 60 mil personas a una situación de pobreza por ingresos.
El descontento ciudadano ha sido evidente. La solicitud de un referéndum para revocar el aumento tarifario, la cual en apenas dos días superó en más de 200 % las firmas necesarias para ser turnada al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado.
El escenario es claro. Por un lado, el sector empresarial del transporte, respaldado por el aparato gubernamental encabezado por el propio gobernador, busca imponer una mayor extracción del ingreso de la clase trabajadora mediante la mercantilización de un derecho básico; por otro, una ciudadanía cada vez más consciente del carácter estructural del problema.
La movilidad debe dejar de concebirse como un negocio de rentabilidad privada y asumirse como un derecho social. Las tarjetas y los subsidios parciales son, en el mejor de los casos, aspirinas para una enfermedad crónica.
La solución de fondo no vendrá desde arriba. Los avances reales sólo serán posibles a partir de la organización y la unión de los jaliscienses, particularmente de la clase trabajadora que sostiene día a día este sistema. Exigir, organizarse y hacer valer su fuerza colectiva, es la única vía.
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