Hasta el año 2023, Chiapas era uno de los dos estados de la república donde la gente usaba menos el transporte público para ir al trabajo. Según datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sólo 23.8 % de la población chiapaneca usaba el colectivo; a pesar de que Chiapas es el estado con mayor porcentaje de población en pobreza, donde se estima que 4 millones 185 mil 590 personas viven en esta condición.
En la ruta Berriozábal-Tuxtla Gutiérrez desde el pasado 3 de enero se dio un aumento de hasta cuatro pesos, por lo que desde inicio de año los usuarios tienen que pagar entre 26 y 28 pesos: en menos de tres años la tarifa ha aumentado diez pesos.
Sin embargo, con estos datos pareciera que somos los que menos nos movemos usando el transporte público; como si en cada hogar no tuviera la necesidad de usar el colectivo, los microbuses o las camionetas tipo Nissan que se utilizan en las comunidades, y pareciera también que cada familia tuviera carro propio para salir a trabajar. Pero todos sabemos que esto no es así.
Esta información es engañosa porque, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, para esta medición toman en cuenta el uso de transporte público en sus distintas modalidades que están asociados a los modelos de desarrollo urbano como los usos de suelo, densidad poblacional, dispersión urbana, conectividad, entre otros, sin olvidar el poder adquisitivo, que incide sobre la participación del transporte público en la movilidad diaria.
Vamos a hablar un poco más de la situación en la que nos encontramos.
Mencionábamos al principio que el 23.8 % de los chiapanecos usa el transporte colectivo para moverse. Esto representa una cifra aproximada de 2 millones 319 mil 432 trabajadores, empleados informales y estudiantes que viven más cerca de la capital de Chiapas.
Estos hombres y mujeres toman diariamente el transporte para salir y regresar todos los días de su trabajo a su casa; por ejemplo, viajan de las colonias de Chiapa de Corzo a Tuxtla, lo mismo Berriozábal, Ocozocoautla, Villaflores, Ixtapa, donde se sabe que van y vienen de Tuxtla Gutiérrez, de Copoya al centro de la capital y todas las colonias de la ciudad donde las personas deben trasladarse de una hora o una hora y 15 minutos a su trabajo, y siempre su vida pende de un hilo.
Por otro lado, vemos que el salario promedio oscila entre 5 mil 350 pesos de manera informal y alrededor de 9 mil pesos de manera formal al mes, de acuerdo con la Secretaría de Economía federal y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; pero de acuerdo con los chiapanecos, no les alcanza lo que ganan contra lo que gastan, pues los incrementos de los productos y servicios que consumen diariamente están a la orden del día: la tortilla en 25 pesos; el arroz, el huevo, la leche, la carne, todo está cada día más caro; hasta el frijol, que se supone lo producimos aquí, está en 40 pesos. Todo está más caro y son alimentos cada vez más difíciles de ver en la mesa; y sumado a esto, el reciente y desconsiderado incremento del pasaje público, que como sabemos, año con año aumenta su costo y no mejora el servicio ni mucho menos aseguran la vida de los estudiantes y trabajadores que lo utilizan todos los días.
Esto último no lo digo yo, lo han dicho los medios toda vez que desde principio del año hay quejas de la gente que todos los días salen a trabajar y que en muchos casos doblan turno o trabajan horas extras para sobrevivir en una vida que cada vez es más cara y no hay un control por parte de las autoridades.
Aquí, algunos ejemplos:
En Tuxtla Gutiérrez, cuando todos estamos con los preparativos del año nuevo, se registró el incremento de un peso en la tarifa del transporte público, al pasar de diez a once pesos por viaje, lo que comenzó a generar inconformidad entre los usuarios, quienes aseguran que el ajuste afecta directamente su economía diaria, especialmente a quienes utilizan el servicio en múltiples ocasiones al día y no perciben mejores salarios ni ven mejoras en la calidad del servicio. Además, denuncian irregularidades en el cobro del pasaje, sobre todo en trayectos largos, donde aseguran que no siempre se respeta la tarifa establecida.
Otro caso es la ruta Berriozábal-Tuxtla Gutiérrez, las líneas que la cubren, desde el pasado 3 de enero se dio un aumento de hasta cuatro pesos, por lo que desde inicio de año los usuarios tienen que pagar entre 26 y 28 pesos, lo que los ha llevado a evidenciar que en menos de tres años la tarifa ha aumentado diez pesos, y en ninguno de los casos ha existido un documento oficial que avale estos ajustes.
En Chiapa de Corzo, pobladores de las colonias al Cañón del Sumidero denunciaron que desde hace tres semanas se presentó un incremento del pasaje de dos pesos, pero no hubo un comunicado oficial, ni mucho menos cumplimiento de los acuerdos y compromisos de los concesionarios. Denunciando que en el 2024 el pasaje estaba en once pesos, y en dos años aumentaron cinco pesos más, y aunque la población pidió que se cambiaran las unidades viejas y se mejorara el servicio, en dos años ha aumentado el número de accidentes, fallas mecánicas y otras anomalías.
Compañeros, si bien es cierto que uno de los postulados del sistema en que vivimos es que el estado no meta las manos en cuestiones económicas y deje que todo se regule por medio de las leyes de la oferta y la demanda, y en general por las leyes del mercado, también es cierto que los empresarios que siempre buscan la máxima ganancia son poco solidarios con los trabajadores, y aprovechan cada incremento de los salarios por mínimo que sea, para inmediatamente aumentar sus precios en sus productos y servicios como es el caso del transporte.
Y aunque la Secretaría de Movilidad y Transporte cada que alguien llega a manifestarse y exigir que se regulen los incrementos, se lava las manos diciendo que ellos desconocen tales aumentos al pasaje, que la dependencia no ha autorizado nada, pero no se hace nada para meter orden en la situación; y mientras, se sigue golpeando el bolsillo de los trabajadores.
Por lo tanto, nosotros creemos que el gobierno sí se tiene que meter a regular el alza de los precios y contener la inflación, porque cuando a las empresas les va mal sí obligan al gobierno a meter las manos por ellos a costillas del pueblo trabajador; como el caso de los rescates bancarios y económicos que tantas veces ha hecho el gobierno en las últimas décadas.
Por todo esto, consideramos que el gobierno federal sí tiene que tomar las medidas necesarias para que los aumentos salariales sean realmente efectivos, debe meter control en la inflación, debe regular el alza de los precios en bienes y servicios y cuidar más los intereses de las clases más desprotegidas.
Pero en todos estos problemas y la forma en que las autoridades tratan los asuntos queda claro una cosa: que nada va a caer del cielo si la gente no se organiza y exige que se respeten sus intereses; la solución no está en esperar que llegue un buen gobernante, sino saber que la fuerza está en la unión de todos los que somos afectados por la situación que aquí estamos tratando de reflejar y en la unión y organización de la misma gente para hacer valer su voz y hacer que se tomen en cuenta lo que a la gente le conviene. Y mientras más pronto levantemos la voz mejor.
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