El informe financiero del Gobierno del Estado de Oaxaca correspondiente al ejercicio fiscal 2025 no sólo revela cifras alarmantes; exhibe, sin ambages, una forma de gobernar que desprecia al pueblo y convierte el presupuesto público en un botín manejado con absoluta discrecionalidad.
Un sobreejercicio superior a los 5 mil millones de pesos, acompañado de un subejercicio cercano a los 4 mil 800 millones, no es un “desfase técnico”, como pretenden hacerlo pasar: es la prueba de una administración opaca y profundamente antipopular.
En un estado como Oaxaca, donde la marginación es estructural, no ejercer el presupuesto equivale a sabotear el desarrollo.
Pues mientras miles de comunidades carecen de caminos dignos, agua potable, hospitales funcionales y escuelas en condiciones mínimas, el gobierno estatal reconoce que dejó sin ejercer miles de millones de pesos que ya estaban aprobados para atender esas necesidades.
Este subejercicio no es un accidente ni producto de la incompetencia administrativa, sino una decisión política. No gastar en salud, educación o infraestructura es una forma de condenar deliberadamente a la población a seguir viviendo en el atraso y la miseria.
El Movimiento Antorchista lo ha denunciado reiteradamente: el subejercicio es un crimen social. Cada peso que no se ejerce en beneficio del pueblo es un peso robado a los pobres. En un estado como Oaxaca, donde la marginación es estructural, no ejercer el presupuesto equivale a sabotear el desarrollo y a perpetuar la desigualdad.
No hay justificación técnica ni moral para que dependencias clave regresen recursos mientras las necesidades sociales se acumulan y se agravan.
Pero si el subejercicio es indignante, el sobreejercicio es francamente escandaloso. Gastar miles de millones de pesos por encima de lo autorizado por el Congreso implica violar el principio básico de legalidad presupuestaria. ¿Quién autorizó ese gasto?, ¿en qué se usó?, ¿a quién benefició?
El silencio oficial frente a estas preguntas confirma lo que Antorcha ha advertido desde hace años: el presupuesto se maneja como una caja negra, al servicio de intereses políticos y no de las mayorías trabajadoras.
Y más allá de los discursos, lo que no queda a dudas es que mientras al pueblo se le pide paciencia, austeridad y sacrificios, el gobierno se concede a sí mismo el derecho de gastar sin control ni rendición de cuentas.
Frente a esta realidad, las propuestas del Movimiento Antorchista son claras y contundentes. La planeación seria del presupuesto, basada en las necesidades reales del pueblo y no en cálculos electorales; el ejercicio total y oportuno de los recursos aprobados, especialmente en rubros sociales estratégicos; la fiscalización estricta y permanente del gasto, con participación efectiva del Congreso y de la sociedad organizada; y la orientación del presupuesto al desarrollo productivo y social.
Antorcha ha insistido en que el presupuesto debe ser un instrumento de justicia social, no un mecanismo de control político. Mientras el dinero público se maneje con opacidad y discrecionalidad, no habrá combate real a la pobreza ni desarrollo auténtico.
La experiencia de 2025 en Oaxaca demuestra que los discursos oficiales sobre bienestar se derrumban frente a los números: se gasta donde no se debe y se deja de gastar donde más urge.
En conclusión, el sobreejercicio y el subejercicio no son simples errores administrativos, sino síntomas de un modelo de gobierno que administra la pobreza en lugar de combatirla.
Frente a ello, la postura del Movimiento Antorchista es una advertencia y un llamado: o el presupuesto se pone al servicio del pueblo, con transparencia y disciplina, o seguirá siendo un instrumento de opresión y desigualdad.
El pueblo oaxaqueño no necesita explicaciones técnicas; necesita justicia presupuestal y resultados concretos.
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