El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala claramente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Sin embargo, en los hechos, esto ha quedado sólo en el papel.
Desde hace años se le ha venido recortando presupuesto a los centros de salud, dejando sin dinero lo más indispensable: la compra de medicamentos, vacunas y el pago del personal.
La población que no tiene acceso a los servicios de salud públicos se disparó del 16 % a casi el 39 %. Esto deja a millones de mexicanos a su suerte.
Esta situación golpea directamente a los sectores más vulnerables, a los más pobres, que son quienes sufren las peores consecuencias: largas filas, cancelación de cirugías, recetas incompletas y, muchas veces, malos tratos en los hospitales públicos.
Las cifras oficiales no mienten. La población que no tiene acceso a los servicios de salud públicos se disparó del 16 % a casi el 39 %. Esto deja a millones de mexicanos a su suerte, obligándolos a gastar el poco dinero que ganan en consultorios de farmacias privadas.
Ya vivimos las terribles consecuencias de esta negligencia gubernamental durante la pandemia de covid-19: de los 7 millones de muertes en el mundo reportadas por la OMS, en México tuvimos un exceso de mortalidad de casi un millón de personas.
En la práctica, el gobierno se ha desentendido de su obligación, creyendo que el pueblo ya no tiene derecho a exigir hospitales dignos sólo por el hecho de recibir una beca o una tarjeta de transferencia monetaria.
Hoy, ante la fuerte amenaza del brote de sarampión, urge un plan emergente y masivo de vacunación para evitar que el pueblo vuelva a pagar con vidas.
El gobierno actual dice en el discurso representar al pueblo, pero en la realidad hace todo lo contrario. Los datos de la propia Secretaría de Salud son alarmantes: el brote que inició en 2025 ya acumula 9 mil 487 casos confirmados y 29 defunciones en todo el país hasta mediados de febrero de 2026. Tan sólo en lo que va de este año, ya rebasamos los 3 mil contagios en el territorio nacional.
Los estados más críticos actualmente son Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Michoacán, Sinaloa y la Ciudad de México. El virus está atacando principalmente a niños y jóvenes que no fueron vacunados a tiempo por el desabasto que hubo en años recientes.
En nuestro estado, BC, la cifra ya alcanzó los 36 casos confirmados.
Por todo esto, exigimos a la gobernadora del estado y a la presidenta de la república que atiendan este problema con la seriedad que amerita. Tienen que reorientar el gasto público y destinar más recursos reales a las clínicas y campañas de vacunación.
La 4T ha venido abandonando los servicios médicos de los mexicanos, y abandonar la salud del pueblo es atentar contra nuestro derecho fundamental a la vida. Sólo el pueblo organizado podrá frenar esta injusticia.
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