• Casi 8 millones de personas carecen de asistencia clínica y 3 millones sufren déficit alimentario
El bienestar de la población no es una necedad, es un derecho fundamental. El que los habitantes tengan las condiciones indispensables para el desarrollo armónico de todas sus capacidades y para mantener una sana convivencia entre los miembros de una colectividad, depende, en cierta medida, del desarrollo económico del país.
La salud de la población no es una extravagancia, es un derecho fundamental. Cuando el gobierno muestra indiferencia ante las carencias y demuestra que no está dispuesto a garantizar el bienestar, entonces hay que luchar.
Sin embargo, en una sociedad dividida en clases sociales como es la nuestra, también depende de la actitud de los gobiernos, de su compromiso con la clase dominante —que es la burguesía en la mayoría de los casos—, ya que es la que impone procesos en apariencia democráticos y a la cual deben beneficiar.
Esta última característica nos permite reconocer el tipo de gobierno que tiene una entidad federativa o un país; es decir, hacia dónde se dirige la aplicación de los recursos económicos, producto de los impuestos y de los cuales los gobiernos no son dueños, sólo los administran y disponen de ellos; es decir, a quiénes benefician: a los grandes empresarios o al pueblo trabajador.
El bienestar es la condición individual o colectiva en que las necesidades mínimas existenciales están cubiertas. Para lograrlo, es indispensable contar con un conjunto de cosas que son necesarias para vivir bien, sin carencias que originen una preocupación constante.
Dentro de esas cosas se encuentran el agua potable, la energía eléctrica, el drenaje, la pavimentación, el empleo, el esparcimiento, la educación y la salud, entre otras, las cuales deben ser de calidad, pues de otra manera, poco sería el aporte de esos elementos, que los gobiernos deben proporcionar, para que las personas disfruten de una vida digna, sin sufrimientos, como debe ser el derecho de todos los seres humanos.
Es evidente que el rezago social en el Estado de México y las carencias que sufre la población de manera cotidiana, con independencia de su afinidad política, significan que los recursos generados no se destinan a proporcionar ese bienestar a las familias trabajadoras.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), el Estado de México es la segunda economía más importante del país; el año pasado, 2025, aportó el 9.1 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Para darnos una idea de la situación económica de la entidad, habrá que tomar en consideración que, en el mismo año, Tlaxcala aportó el 0.6 % y la Ciudad de México el 14.98 %.
O sea, sí hay recursos económicos suficientes para aplicarlos en la solución de las carencias y proporcionar a la población trabajadora las condiciones indispensables para su bienestar. Es ella la que genera esa riqueza; por tanto, es quien debiera disfrutar de sus beneficios en primer término.
Esos recursos no se aplicarán por sí solos de manera automática; a quien corresponde hacerlo es al gobierno; de ahí que, entonces, es posible caracterizar al grupo político que tiene en sus manos el gobierno por la clase social a la que beneficia. En el caso del Estado de México, el gobierno actual no está con el pueblo trabajador; los únicos beneficiados son los grandes empresarios.
Por ejemplo, la salud está contemplada dentro de esa serie de satisfactores indispensables para el bienestar de la población y que forma parte de la seguridad social, otro de los derechos de la población trabajadora.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debe entenderse como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; también ayuda a las familias con hijos e hijas.
El gobierno de México se refiere a la seguridad social como un término que alude al bienestar de las y los ciudadanos integrantes de una comunidad. Sin embargo, una cosa es reconocer ese bienestar y otra muy diferente proporcionar todos los elementos para su disfrute.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Secretaría del Bienestar aportaron, a finales de 2025, datos que señalan que 7 millones 600 mil personas en el Estado de México no tienen acceso a los servicios de salud y más de 3 millones no cuentan con una alimentación suficiente y nutritiva.
La población en la entidad es de 16 millones 900 mil personas, por lo que se trata de casi la mitad de la población que no tiene acceso a uno de sus derechos fundamentales.
De acuerdo con la información proporcionada por el Coneval, el 75 % de las personas en situación de pobreza no pueden acceder a servicios médicos públicos. La distancia geográfica, los costos de traslado, la falta de medicamentos y la concentración de los hospitales de alta especialidad en zonas urbanas son señalados en el estudio como factores que impiden que la cobertura universal, de la que habla el gobierno, se materialice en una atención efectiva.
En la comunidad de Mesa de Chosto, municipio de Atlacomulco, ante la falta de los servicios de salud, la población tuvo que emprender la lucha por la construcción de una clínica, la cual se logró hace más de catorce años; sin embargo, la falta de médicos, enfermeras, medicamentos, energía eléctrica y mantenimiento de sus instalaciones, impide a los campesinos atender sus enfermedades.
El caso de esta comunidad no es el único. En el Estado de México existe una cantidad significativa de ellas en las que sus habitantes no pueden disfrutar de esa cobertura universal de salud de la que habla el gobierno; forman parte de ese 42 % de la población en la entidad que no tiene garantizado su bienestar al carecer de uno de los derechos básicos.
Es posible destinar recursos económicos para el pago de médicos y enfermeras, para la construcción de instalaciones adecuadas, así como para la compra de medicamentos, y, sin embargo, no se hace; las preocupaciones del gobierno y sus prioridades son otras.
La salud de la población no es una extravagancia, es un derecho fundamental. Cuando el gobierno muestra indiferencia ante las carencias y demuestra que no está dispuesto a garantizar el conjunto de elementos indispensables para el bienestar de las familias trabajadoras, entonces hay que luchar, no queda otro camino.
Luchar para que la población cuente con los elementos que dignificarán su vida significa luchar por su bienestar; no puede ser considerado por el gobierno como una necedad ni como un delito, pues significa defender los intereses de la clase social que produce la riqueza social de nuestro país.
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