Con el endurecimiento migratorio, junio cerró con 209 vuelos de expulsión y 56 mil 300 repatriaciones; la merma de remesas y un impuesto al envío golpean a 140 mil hogares
Desde que inició su campaña política, en 2024, para llegar a su segundo periodo presidencial, Donald Trump anunció que de llegar al poder utilizaría las fuerzas armadas, las agencias federales y los cuerpos policiacos locales para expulsar, cuando menos, a 11 millones de inmigrantes en situación irregular que viven en Estados Unidos.
“Enviaremos escuadrones de élite de ICE, la patrulla fronteriza y agentes federales para hacer cumplir la ley, para arrestar y deportar a todos los miembros de pandillas de inmigrantes hasta que no quede uno solo en el país. Y si regresan, se les dará una sentencia automática de diez años de cárcel sin posibilidad de libertad condicional”, señaló el entonces candidato.
Una vez que ganó la Presidencia y asumió el poder, lanzó una serie de órdenes ejecutivas elaboradas bajo el lema “Estados Unidos Primero”, en las que se suspende la entrada de personas indocumentadas al territorio de ese país.
Además, se canceló la aplicación CBP One, que durante años permitió a casi un millón de personas solicitar asilo en dicha nación. Y se reinició el programa “Quédate en México”, con el cual se obliga a quienes piden asilo y no son mexicanos a esperar su fecha de audiencia en territorio mexicano.
Sin duda, prohibir el acceso a Estados Unidos, ya sea por razones económicas, políticas o humanitarias, es claramente ilegal y una violación a los derechos humanos de las personas; pero, para justificar esta acción, se argumenta que la prohibición de entrada de indocumentados se basa en una supuesta invasión, y no hay fecha de cuándo puedan ser levantadas dichas medidas.
De acuerdo con ello, dice Trump, las deportaciones masivas se centrarán en personas con antecedentes penales y, desde entonces, las fuerzas policíacas se han dedicado a arrestar migrantes y a sembrar el miedo en diferentes poblaciones ocupadas principalmente por latinos.
Cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) advierten que se han detenido a más de 200 mil inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Datos recopilados por Thomas Cartwright, del grupo de activistas migratorios Witness at the Border, registran que en junio salieron 209 vuelos de expulsión, el mayor número desde 2020. La cifra supone un aumento del 54 % con respecto al promedio de los últimos seis meses.
Datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación estiman que hasta junio se habían repatriado a 56 mil 300 mexicanos y, aunque el gobierno federal impulsó la estrategia “México te abraza” para recibir a los migrantes, lo cierto es que dichas medidas son sólo paliativas y demagógicas, que no le resolverán el problema a los deportados, quienes inevitablemente se sumarán al ejército de desempleados en el país y, con ello, a regresar a vivir a la miseria de la que huían cuando decidieron ir en busca del sueño americano.
Aunque las cifras reportadas por diferentes instancias de gobierno son variables, se estima que son más de 5 mil guanajuatenses los que han sido deportados a México durante el primer semestre de 2025, lo que coloca al estado como el segundo con mayor número de inmigrantes repatriados, mayormente jóvenes, entre los dieciocho y 40 años, y cerca de 250 menores de edad, quienes viven este infierno.
También aquí, el gobierno estatal ha lanzado un plan para ofrecer apoyo a quienes regresan a la entidad, pero, al igual que el programa federal, no es una verdadera alternativa para quienes perdieron todo en el país norteamericano.
Cifras del Gobierno estatal estiman que son cerca de 140 mil familias guanajuatenses las que viven de las remesas que mandan sus familiares que viven en Estados Unidos, por lo que se prevé que la disminución en el envío de recursos económicos tendrá un fuerte impacto en la economía de la población y se provocará una contracción en el consumo que afectará la alimentación, el vestido, la educación y la construcción de los hogares en diversas comunidades del territorio estatal.
Y, si a esto se le suma el impuesto por envío de remesas que impuso el gobierno norteamericano, la afectación será todavía más grave para las familias que viven del dinero que mandan sus familiares.
No hay duda: la política adoptada por Donald Trump, en este su segundo periodo como presidente de Estados Unidos, es fascista e imperialista; considera a todos los migrantes como criminales y los persigue, encarcela y deporta. Por tanto, el gobierno norteamericano se reafirma como oligárquico, que en lo que menos piensa es en combatir la pobreza y, por el contrario, pretende dominar el nuevo orden económico mundial.
Si a ello le sumamos que el gobierno federal no es la verdadera izquierda en el poder y que el gobierno estatal tiene inclinaciones a la derecha, entonces podemos concluir que, una vez más, los guanajuatenses deportados enfrentan una terrible realidad que los lanza inmisericordemente a los brazos de la pobreza. Y, para ellos, como para los millones de mexicanos que no tenemos lo mínimo indispensable para vivir, sólo les queda organizarse y luchar por una sociedad más justa para todos.
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