• Tres corporaciones acaparan el mercado del grano blanco y afectan a más de 2 mil productores
Hace poco más de un año el gobierno federal firmó el denominado “Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla”, un pacto que incluye a más de 2 mil pequeños productores de tortillas y que buscaba estabilizar y reducir el costo, garantizar maíz blanco no transgénico y apoyar voluntariamente la economía de las tortillerías del país.
Abaratar el precio de la tortilla en beneficio del pueblo mexicano no parece estar en los intereses de los grandes empresarios ni de sus aliados.
Como parte de los compromisos, prometieron a los tortilleros proveer maíz a precio preferencial, rebajas en harina de maíz y opciones de financiamiento para renovar equipos y otras bondades, para lograr dar precios justos a los consumidores.
La firma del acuerdo se llevó a cabo en Palacio Nacional, con la presidenta Claudia Sheinbaum, las secretarías de Agricultura y Economía, así como representantes de toda la cadena productiva del maíz y la tortilla: grandes empresas harineras, comercializadores, nixtamaleros y productores agrícolas del país.
Sin embargo, hasta la fecha ninguno de los acuerdos pactados se ha cumplido, por lo que los tortilleros amenazan con romper el pacto.
Abaratar el precio de la tortilla en beneficio del pueblo mexicano no parece estar en los intereses de los grandes empresarios ni de sus aliados.
En 1993, un año antes de la entrada en vigor del primer Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, México importó apenas 70 millones de dólares en maíz. Al año siguiente, 1994, ya con el tratado vigente, las importaciones ascendieron a 370 millones de dólares, y desde entonces no han dejado de crecer.
Para 2025, la cifra alcanzó los 6 mil millones de dólares, lo que convirtió a México en uno de los mayores importadores de granos del mundo.
La política neoliberal ha favorecido a los grandes productores y comercializadores de Estados Unidos y México, en perjuicio de los pequeños agricultores nacionales, mientras la penetración del gran capital avanza sin pausa en todos los rincones donde las formas de producción más rezagadas terminan por sucumbir.
Las principales empresas harineras de maíz (Maseca, Minsa y Cargill) conforman un poderoso oligopolio que ha contado con el respaldo incondicional de los gobiernos en turno, ya sean priistas, panistas o morenistas. Además de controlar la importación de maíz amarillo, estas empresas siguen pagando precios injustos por el maíz blanco, destinado al consumo humano y utilizado en la cadena de la masa y la tortilla. Mientras venden la harina de maíz a 17 mil pesos por tonelada, pagan a los pequeños productores menos de un tercio del valor real del maíz blanco.
Este oligopolio, conformado por Maseca, Minsa y Cargill, domina el mercado de compra de maíz blanco para la producción de tortilla e impone condiciones que los pequeños productores se ven forzados a aceptar.
Se calcula que Maseca acapara entre el 50 % y el 90 % de las ventas en las ocho regiones en que ha dividido el país.
Estas corporaciones se escudan tras el tratado de libre comercio para pagar a los campesinos mexicanos el mismo precio que el maíz amarillo, mayoritariamente transgénico y proveniente casi en su totalidad de Estados Unidos, lo que profundiza así la desigualdad en el campo.
Para que en nuestro país tengamos mejores condiciones de vida, no podemos dejar a nuestros gobernantes hacer y deshacer, pues siempre han estado del lado de los explotadores; necesitamos analizar correctamente cada problema que se nos presenta, el cual siempre nos lleva por el mismo camino. Los verdaderos cambios sociales serán siempre el resultado del grado de concientización y organización del pueblo de México y de nadie más.
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