• Un mal gasto público daña cinco vehículos al día y pone bajo riesgo a miles
Mientras los gobiernos municipales presumen obras, avances y discursos de progreso, miles de ciudadanos enfrentan diariamente calles y avenidas plagadas de baches, hundimientos, grietas y deterioro que ponen en riesgo su seguridad y provocan daños a sus vehículos.
El abandono de las vialidades ya no puede considerarse un problema menor. La pregunta es inevitable: ¿quién se hace responsable cuando un ciudadano rompe una llanta, daña la suspensión de su automóvil o sufre un accidente por transitar en una calle en pésimas condiciones?
La calidad de un gobierno debería medirse por algo mucho muy sencillo y, al mismo tiempo, muy exigente: que las obras sigan funcionando cuando ese gobierno ya terminó.
"Los ciudadanos pagamos impuestos y servicios, pero recibimos calles cada vez más deterioradas. El mantenimiento de las vialidades no debería depender de promesas, discursos o campañas políticas; es una obligación de los gobiernos y un derecho de la población", señaló Antonio Pérez, ciudadano del Estado de México.
La inconformidad aumenta especialmente durante la temporada de lluvias, cuando los baches se multiplican y muchos quedan ocultos bajo el agua, convirtiéndose en un peligro para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.
"Todos los días, al transitar por las calles de nuestros municipios y colonias, nos preguntamos dónde quedan nuestros impuestos. Las obras que realizan los gobiernos muchas veces duran poco y vuelven a deteriorarse. Los automóviles los utilizamos por necesidad y ahora, con las lluvias, ya ni siquiera se puede esquivar un bache porque inmediatamente aparece otro. Se dañan las llantas, la suspensión y otras partes del vehículo, además del riesgo de sufrir un accidente que puede cobrar vidas", denunció.
Por ello, agregó, las autoridades deben dejar de justificar el deterioro de las vialidades y garantizar obras de calidad.
"Así como las autoridades exigen el pago de impuestos y servicios, los ciudadanos exigimos calles y carreteras dignas. Los recursos públicos deben destinarse a infraestructura de calidad, no a obras que en poco tiempo vuelven a convertirse en un problema", afirmó.
En México, la construcción y reparación de calles puede convertirse en un ciclo que parece no tener fin: se anuncia una obra, se destinan recursos públicos, se inaugura con discursos y fotografías y, meses después, aparecen las primeras grietas, hundimientos y baches.
Posteriormente regresan las cuadrillas y la maquinaria para reparar lo que apenas meses o algunos años antes fue presentado como una obra nueva.
El problema no puede atribuirse únicamente a la falta de recursos. También existen cuestionamientos sobre planeación, calidad de los materiales, preparación del terreno, drenaje, supervisión, mantenimiento y transparencia en el ejercicio del presupuesto público.
Cuando una administración busca realizar una obra con el menor costo posible, la ciudadanía tiene derecho a preguntar qué se está sacrificando para conseguir ese ahorro: ¿la calidad de los materiales?, ¿el espesor del pavimento?, ¿la preparación del terreno?, ¿el drenaje?, ¿la supervisión o el mantenimiento?
Y si una obra termina costando menos de lo presupuestado, también debe existir absoluta claridad sobre cuánto se ejerció, cuánto se ahorró y qué ocurrió con los recursos que no fueron utilizados.
Aunque los gobiernos municipales y estatales suelen destacar en sus informes las inversiones realizadas para mejorar la infraestructura, la realidad que enfrentan diariamente los ciudadanos plantea otra pregunta: ¿hasta cuándo se construirán obras que realmente sean duraderas y de calidad?
México cuenta con instituciones, estudios y metodologías para evaluar las condiciones de los pavimentos y establecer estrategias de conservación. El problema, por tanto, no es únicamente saber construir una vialidad, sino garantizar que los recursos se utilicen correctamente y que las obras cumplan con las especificaciones técnicas para las que fueron contratadas.
La comparación internacional también resulta incómoda. Mediciones históricas de calidad de infraestructura vial, elaboradas con información utilizada por organismos internacionales, colocaron entre los primeros lugares a países como Singapur, Suiza, Países Bajos, Hong Kong, Portugal y Japón.
Aunque estos datos no corresponden a un ranking actual de 2026, sí permiten observar una diferencia fundamental: los países con mejores vialidades no sólo construyen infraestructura; también la conservan, supervisan y mantienen durante largos periodos.
El caso de Singapur resulta particularmente ilustrativo. En el Global Competitiveness Report 2019 del Foro Económico Mundial, el país ocupó el primer lugar tanto en infraestructura como específicamente en calidad de infraestructura vial.
La lección para México debería ser clara: no se trata únicamente de inaugurar más calles, sino de construirlas correctamente y garantizar que permanezcan en buenas condiciones.
Una de las prácticas que debería revisarse es la tendencia de algunas administraciones a privilegiar el proyecto más barato en lugar de analizar cuál representa el mejor costo durante toda su vida útil.
Reducir el presupuesto inicial puede permitir anunciar más calles y más kilómetros con el mismo dinero. Sin embargo, si para conseguirlo se reduce la calidad de los materiales, los espesores, la preparación del terreno, el drenaje o la supervisión, el supuesto ahorro puede convertirse en un gasto mucho mayor.
Una obra barata que se destruye rápidamente puede terminar siendo mucho más costosa que una obra construida correctamente desde el principio.
Por ello, cuando una obra es presupuestada en determinada cantidad y finalmente se ejecuta con menos recursos, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió con la diferencia.
No basta con publicar una cifra global. Los gobiernos deberían transparentar contratos, modificaciones, conceptos de obra, volúmenes ejecutados, precios unitarios, supervisiones, pruebas de laboratorio, estimaciones pagadas y finiquitos.
Porque un menor costo puede representar eficiencia, pero también debe poder demostrarse que no significó menor calidad ni afectó el cumplimiento de la obra.
México necesita abandonar una cultura política en la que el éxito de una administración se mide por el número de obras inauguradas, las placas colocadas o las fotografías de funcionarios cortando listones.
La calidad de un gobierno debería medirse por algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más exigente: que las obras sigan funcionando cuando ese gobierno ya terminó.
Debería considerarse exitosa si cinco, diez o quince años después continúa en condiciones adecuadas, requiere mantenimiento razonable y no necesita ser reconstruida prematuramente.
Mientras tanto, los ciudadanos siguen pagando el costo del abandono: llantas dañadas, suspensiones averiadas, reparaciones constantes, pérdida de tiempo y, en los casos más graves, accidentes que pueden poner en riesgo la vida.
La exigencia ciudadana es legítima: si los gobiernos cobran impuestos como una obligación, también deben asumir la responsabilidad de entregar infraestructura pública segura, durable y de calidad.
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