45 cirujanos del Hospital Infantil de la Ciudad de México “Federico Gómez”, situado en la alcaldía Cuauhtémoc, denunciaron en octubre de 2025 ante la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, una crisis sin precedentes: cirugías suspendidas, falta de anestesia y servicios cerrados. El sistema de salud pública en México atraviesa una crisis que afecta a millones de personas y pone en riesgo vidas todos los días.
En 2024, el IMSS reconoció que no pudo surtir más de 4.5 millones de recetas, lo que significa que más de 11 millones de medicamentos no llegaron a los pacientes, incluyendo tratamientos para enfermedades como diabetes, hipertensión y cáncer.
Un mes después, más de 3 mil trabajadores de la salud de cien hospitales y 20 jurisdicciones sanitarias protagonizaron la Marcha por la Dignidad Laboral en la capital del país, en la que exhibieron el desabasto de medicamentos, principalmente antibióticos, anestésicos y otros insumos críticos, así como la saturación hospitalaria, especialmente en cirugías y tratamientos de alta complejidad.
A pesar de que el gobierno federal en los últimos años prometió mejorar el acceso a servicios médicos gratuitos y de calidad, la realidad muestra un panorama muy distinto.
La falta de recursos, la escasez de medicamentos, los recortes presupuestales y la mala organización han debilitado la atención médica, dejando a muchas familias sin la protección que necesitan.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo oficial del gobierno, entre 2018 y 2024 el número de mexicanos sin atención médica se duplicó, pasando de 20 millones a casi 44.5 millones.
Esto significa que más de una tercera parte de la población de 130 millones de mexicanos no cuenta con servicios médicos públicos, lo que afecta sobre todo a personas de bajos ingresos y comunidades marginadas que abundan en la capital y en todos los estados de la república.
También quienes están afiliados al IMSS, Issste o IMSS-Bienestar enfrentan dificultades. Muchas personas deben esperar semanas o meses para una consulta, estudios médicos o cirugías, lo que en muchos casos las obliga a acudir a consultorios privados y pagar de su propio bolsillo, lo que representa un gasto mayor para las familias.
El desabasto de medicamentos es otro problema constante. En 2024, el IMSS reconoció que no pudo surtir más de 4.5 millones de recetas, lo que significa que más de 11 millones de medicamentos no llegaron a los pacientes, incluyendo tratamientos para enfermedades como diabetes, hipertensión y cáncer.
Además, muchos hospitales y centros de salud carecen de insumos básicos como material de curación, equipo médico o reactivos para estudios de laboratorio. En algunas regiones, los pacientes deben comprar sus propios materiales para poder ser atendidos.
Esta situación también fue denunciada por seis médicos del Hospital 20 de Noviembre de la Ciudad de México, quienes señalaron la falta de analgésicos, antibióticos, medicamentos postoperatorios, camas y equipos de oncología.
De manera similar, médicos especialistas del Hospital General “Salvador González Herrejón”, del Instituto de Salud del Estado de México, indicaron que enfrentan un desabasto de hasta 60 % de medicamentos, incluidos antibióticos de uso básico.
La falta de personal médico agrava la situación. México tiene menos médicos y enfermeras que otros países por cada mil habitantes, lo que provoca saturación hospitalaria, consultas rápidas y poca atención personalizada, sobre todo en zonas rurales, que las autoridades siempre han mantenido en el olvido más criminal.
La desigualdad entre las ciudades y el campo es directa. Mientras en algunas zonas urbanas existen hospitales especializados, en comunidades alejadas las personas deben viajar horas para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y, en muchos casos, el abandono del tratamiento.
La crisis también afecta a los institutos nacionales de salud, que enfrentan escasez de medicamentos, insumos y personal, además del deterioro de sus instalaciones, como ocurre en el Instituto Nacional de Cancerología, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el Instituto Nacional de Pediatría y en el Instituto Nacional de Psiquiatría, por ejemplo.
Esto ha puesto en riesgo la atención de pacientes con enfermedades graves. De acuerdo con la revista Buzos de la Noticia (5 de enero de 2026), la política de austeridad del gobierno federal ha deteriorado la atención médica que antes de 2018 ofrecían estos institutos, afectando a pacientes con cáncer, problemas neurológicos y padecimientos del corazón.
Muchas familias han tenido que gastar más en consultas privadas y medicamentos, afectando su estabilidad financiera.
“México destina menos recursos a la salud que otros países; el gasto en este sector es de apenas 2.6 % del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo de al menos el 6 % recomendado a nivel internacional” (Reforma, 15 de septiembre de 2025).
Mientras en Dinamarca se destina entre el 8 % y 11 % de su PIB, e Italia entre el 6.2 % y 6.3 %.
Aunque el gobierno ha anunciado algunas mejoras, como la construcción de nuevas clínicas, los avances han sido lentos y limitados. La eliminación del Seguro Popular y su sustitución por el Insabi no lograron garantizar una atención efectiva para los sectores más vulnerables.
El dolor de las madres y padres de niños con cáncer refleja con claridad esta crisis. Durante años han luchado para que se garantice el tratamiento adecuado.
En enero de 2025 se manifestaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México exigiendo medicamentos, y en agosto del mismo año familiares de niños con cáncer protestaron en Salamanca, Guanajuato, con las consignas: “¡Queremos medicinas!”, “IMSS-Bienestar, fraude nacional”.
Los antorchistas de la capital mexicana hacemos un llamado a manifestarnos ante las autoridades superiores, como lo es la presidenta Claudia Sheinbaum, organizándonos por calles, barrios y colonias, para exigir mejoras en el sistema de salud mexicano.
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