* La presión de Washington y la infiltración del crimen en la política cercan al gobierno de Claudia Sheinbaum.
Se ha señalado en diversas ocasiones: México y el gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo enfrentan una situación de doble peligro. En medio de una “pinza mortal”, se encuentran, por un lado, la amenaza persistente de intervención militar de Estados Unidos sobre nuestro territorio y, por otro, el creciente poder del crimen organizado y su infiltración en las estructuras del poder político.
La acusación formal contra políticos sinaloenses es una medida de presión judicial para obligar a México a someterse a los intereses comerciales de los monopolios estadounidenses ante la revisión del T-MEC.
Esto mantiene a millones de mexicanos bajo un régimen de verdadero terror, con el temor constante de ser víctimas de secuestros, asesinatos, extorsiones y otros delitos.
Las supuestas relaciones de muchos integrantes de la cúpula del partido gobernante y de la oposición sirven, a su vez, como palanca de presión para someter al gobierno mexicano a los intereses económicos y geoestratégicos del imperialismo estadounidense.
El más reciente escándalo que ha cimbrado el ya debilitado sostén y credibilidad del gobierno mexicano fue la acusación que, este 29 de abril, realizó un Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador morenista por Sinaloa, Carlos Inzunza Cázares; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y otros seis funcionarios y exfuncionarios públicos.
Se les señala por los delitos de asociación delictuosa con un cártel regional, posesión y tráfico de armas letales, secuestros, extorsiones y hasta tortura. El gobierno estadounidense solicitó la captura y extradición de todas estas personas.
El asunto es delicado porque ya no se trata de simples trascendidos o filtraciones en los medios de comunicación, sino de acusaciones judiciales formales que han servido como preámbulo de detenciones arbitrarias o intervenciones que violan la soberanía nacional, como ha ocurrido en otros países latinoamericanos.
Aunque el narcotráfico y la inseguridad son problemas graves en México, no debemos creer la propaganda estadounidense que intenta convencernos de que al gobierno de Donald Trump realmente le preocupa combatir a los cárteles o frenar la producción y el tráfico de estupefacientes.
Si eso fuera cierto, estarían atendiendo el grave problema de drogadicción que azota a la población estadounidense y tomando medidas para frenar a las empresas que venden armas a los criminales mexicanos.
Pero no es así: en Estados Unidos viven los verdaderos capos y ganadores del narcotráfico, quienes envenenan a su pueblo y obtienen jugosas ganancias a cambio. No se sabe de ningún traficante gringo encarcelado o siquiera investigado.
Así que la acusación en contra de los políticos sinaloenses, convenientemente realizada poco antes de las negociaciones para la revisión del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), es una medida de presión para obligar al gobierno mexicano a asumir una actitud más entreguista ante los intereses comerciales de los gigantescos monopolios estadounidenses, aunque eso vaya en contra de nuestros propios intereses nacionales y perjudique al pueblo trabajador mexicano.
Así ha sido en anteriores ocasiones; por ejemplo, para lograr que México pusiera a la Guardia Nacional como patrulla fronteriza de Estados Unidos, para frenar nuestro comercio con China y otros países asiáticos o para que aceptáramos la producción de petróleo a través de la fractura hidráulica (fracking).
Ahora, el gobierno de Estados Unidos pretende afianzar nuestra dependencia económica, impedir nuestro libre comercio y apoderarse de más recursos naturales, entre los que figuran, en primer lugar, nuestras reservas de minerales críticos, indispensables para mantener en pie la mortal maquinaria bélica de Estados Unidos.
Además, las acusaciones se dan a conocer apenas unos días después de que se descubriera la infiltración de agentes de la CIA en operativos de la Fiscalía del estado de Chihuahua, y también ocurre dos semanas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum viajara a España para participar en la IV reunión de la Cumbre “En defensa de la democracia”.
Aunque la cumbre que tuvo lugar en Barcelona tiene todavía pocas implicaciones en el terreno económico, no ocurre lo mismo en el político, puesto que Claudia Sheinbaum se reunió con algunos de los líderes del bando progresista más importantes del mundo hispano. Entre ellos figuran Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, quien ha sido un crítico permanente del genocidio que Israel y Estados Unidos cometen contra los palestinos e incluso ha planteado la posibilidad de cortar relaciones económicas entre la Unión Europea e Israel.
También estuvo presente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, el gigantesco país sudamericano integrante de los Brics, cuyo proyecto de mundo multipolar es un desafío abierto a la hegemonía estadounidense.
En aquella cumbre se condenaron de forma enérgica las recientes agresiones estadounidenses en contra de los pueblos de Palestina, Irán, Líbano y Cuba, y se lanzaron duras críticas contra las políticas imperialistas de Estados Unidos. Algo que, por supuesto, no pasó desapercibido para el gobierno de Trump, así que tampoco es casualidad que por esos días ocurrieran hechos tan desafortunados como la masacre de las pirámides de Teotihuacán o que, coincidentemente, capturaran en Argentina a Fernando Farías, vicealmirante de la Armada de México acusado de operar la red de huachicol fiscal y el mayor desfalco al erario en la historia moderna del país.
Así las cosas, es claro que el gobierno imperialista de los Estados Unidos no permitirá ninguna inclinación de México hacia el campo del multipolarismo, aunque por ahora sólo sea de forma simbólica, y también es claro que utilizará todas sus debilidades y contradicciones para someterlo.
La única forma real que tiene el gobierno de enfrentar esta embestida sería apartando del poder público a todos los funcionarios y políticos morenistas que tengan nexos con el crimen organizado, investigarlos de forma objetiva y, en caso de resultar culpables, aplicarles todo el peso de la ley mexicana sin reservas ni concesiones de ningún tipo. ¿Está dispuesta la presidenta Claudia Sheinbaum a enfrentar el problema y combatirlo? No es claro.
Lo que sí es claro es que lo ineludible para frenar cualquier aventura injerencista de nuestros vecinos del norte, tal como lo acabamos de ver en Irán, es la capacidad de organización, movilización y convicción del pueblo trabajador mexicano en defensa de su territorio y sus verdaderos intereses nacionales.
Hasta donde se alcanza a ver, muchos morenistas están más preocupados por mantener sus cotos de poder y saquear el erario, en lugar de trabajar en la organización popular y en explicar a los mexicanos la gravedad del peligro que nos acecha.
Hasta ahora, sólo el Movimiento Antorchista Nacional parece tener claridad de este peligro y de la única salida posible. Nuestro secretario general, Aquiles Córdova Morán, ha dicho de forma reiterada que, frente a la doble y gravísima amenaza para los mexicanos (una probable invasión norteamericana y el crecimiento de la delincuencia), sólo hay un remedio, sólo hay una salida: la organización del pueblo de México para defender su soberanía y para defender la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.
Por esta razón, los antorchistas debemos redoblar nuestros esfuerzos para convencer a los mexicanos de que no deben temerle a Antorcha, que deben desechar la propaganda negra que se ha lanzado contra la organización y comprender que el camino que Antorcha propone es el único viable para la salvación de nuestra patria.
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