El 6 de octubre de 2013, en el municipio de Tultitlán, Estado de México, fue secuestrado don Manuel Serrano Vallejo, padre de varios luchadores sociales que militan en las filas del Movimiento Antorchista. Once meses después, en septiembre de 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) informó de la detención de un grupo de secuestradores que confesaron haber asesinado a este humilde vendedor de periódicos, sin que hasta la fecha su cuerpo haya sido localizado.
Recordar a don Manuel Serrano es también recordar que su lucha por la justicia no terminó con su vida, sino que continúa en cada mexicano que se niega a rendirse frente a la impunidad.
La crisis de desapariciones en México es inocultable; la Red Lupa de la organización civil Instituto Mexicano de Derechos Humanos A. C. (IMDHD) contabiliza, desde el año 2022 hasta el presente, 128 mil 24 casos. En su reciente informe se señala que, en 2025, el número de personas desaparecidas se ha incrementado 12 % con respecto al anterior, en donde se alcanzó la cifra de 13 mil 106 casos.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), organismo coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob), reportó, en el mismo período, 133 mil 188 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 123 mil 933 son desaparecidas, o sea, que hay indicios que señalan que pudieron haber sufrido desaparición forzada o desaparición por particulares.
Unos días antes de que la actual presidenta Claudia Sheinbaum cumpliera un año de gobierno, en el período que comprende del primero de octubre de 2024 al 9 de septiembre de 2025, se reportaron 13 mil 520 víctimas, superando incluso al gobierno de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, cuya cifra, en el mismo lapso de tiempo, fue de 8 mil 665 casos.
En el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se señala una disminución en los delitos de alto impacto y en materia de delitos dolosos. La visión que en ese informe se ofrece a los mexicanos solo causa confusión, genera la percepción de un país cuyos problemas están disminuyendo y, sin embargo, se demuestra un crecimiento considerable en el fenómeno de las desapariciones, un problema que generalmente va unido a otro tipo de delitos.
El crecimiento de este fenómeno, generalmente atribuido a los grupos delincuenciales (particulares, les llama la legislación actual) que basan sus actividades en el narcotráfico y otras igualmente ilícitas, sirve de velo para ocultar la desaparición de varios luchadores sociales que en algún momento se vuelven objetivo prioritario de los grupos caciquiles, que convierten a los seres humanos en objeto de venganza o de extorsión política hacia sus enemigos de clase, ejemplo claro de la violencia selectiva al servicio del poder.
La desaparición forzada, de acuerdo con el artículo número dos de la Convención contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (ONU), es cualquier forma de privación de la libertad cometida por algún funcionario público o por particulares que cuentan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia (aceptación, conformidad, consentimiento, etcétera) de un servidor público, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
La impunidad y la corrupción que prevalecen en México, ejemplificadas en los recientes escándalos que involucran a miembros de la Secretaría de Marina, una institución incorruptible, de acuerdo con las declaraciones del anterior presidente, hacen más difícil contar con cifras seguras sobre las personas que sufrieron desaparición forzada.
La desaparición de don Manuel Serrano Vallejo pertenece a este último caso. Es incuestionable la conducta moral de quien, al igual que millones de mexicanos, en vida buscara en la informalidad la oportunidad de ganarse el sustento de cada día.
¿Qué daño pudo haber causado, a sus 74 años, a quienes realizaron este aberrante crimen? ¿Qué caudales puede almacenar un sencillo expendedor de diarios que vive al día, que despierten la codicia de quienes viven del fruto del trabajo ajeno?
El único delito por el cual fue condenado, la única afrenta a los grupos caciquiles que don Manuel pudo haber hecho, fue haber dado vida a Maricela Serrano Hernández, quien, desde enero de ese mismo año, encabezó desde la presidencia municipal la transformación de Ixtapaluca, una de las localidades con mayor índice de marginalidad en la entidad.
El crimen cometido contra don Manuel Serrano es un crimen político. Formó parte de una campaña que los caciques en el Estado de México tuvieron que implementar desesperadamente, horrorizados por la pérdida de sus feudos político-económicos ante el avance de los gobiernos progresistas que el Movimiento Antorchista logró democráticamente en los municipios de Chimalhuacán e Ixtapaluca.
La existencia y actuación coordinada de los grupos caciquiles, su natural alianza en base a sus intereses económicos, no es una novedad; basta recordar el asesinato de antorchistas cometido por los esbirros de la cacique local en Chimalhuacán, Guadalupe Buendía, en el año 2000, para impedir la posesión del gobierno democrático del biólogo Jesús Tolentino Román.
La calidad humana de los caciques y de quienes obedecen ciegamente sus órdenes queda en entredicho en cuanto, sin miramientos, recurren a los métodos y medios más bajos para mantener sus privilegios; para ellos, el asesinato y la desaparición de quienes consideran sus enemigos no representan un problema moral.
Como sucede con otros casos similares en nuestro país, el crimen, hasta el momento, ha quedado en la impunidad. No se ha reparado el daño ni se ha castigado a los culpables, a pesar de que se ha demostrado que tuvo objetivos políticos.
Varios de los señalados como cómplices hoy se encuentran en el poder, vestidos con nuevos colores partidistas, buscando la protección en la inmunidad que ofrece un cargo político.
Esta es la realidad de nuestro país, no la que nos platican en los discursos oficiales. Hay quienes detentan el poder económico y se oponen, por todos los medios, al progreso y bienestar de los humildes. El caso de don Manuel Serrano es un ejemplo claro de ello. No podemos continuar permitiendo que se asesine a quienes luchan por un país mejor para todos.
Reivindicar la memoria y el ejemplo de don Manuel Serrano nos exige tomar en cuenta la situación política y económica en que se encuentra el pueblo trabajador de nuestro país y refrendar nuestro compromiso con la construcción de una patria en donde no existan este tipo de crímenes ni otros parecidos derivados de la ambición de los poderosos.
Como acertadamente señaló la licenciada Marisela Serrano Hernández en el emotivo homenaje que el Movimiento Antorchista realizó a don Manuel en Ixtapaluca con motivo del XII aniversario de su desaparición:
“Recordar doce años de este incidente no es con el afán de lamentarnos; si tenemos que llorar, de rabia y de coraje, no será para achicarnos, no para retroceder, no para acobardarnos; al recordar estos doce años tenemos que hacerlo con la mente muy clara de qué más tenemos que hacer para que un día nuestro pueblo ya no sufra tanto, ya no tenga tanta pobreza. Alguien tiene que hacer algo, y ese alguien es quien tiene el padecimiento, y quien tiene el padecimiento somos el pueblo trabajador”.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario