• 16 millones 200 mil hectáreas maderables al norte del país padecen una grave crisis ante la inmensa apatía oficial

Los bosques de Durango (con una extensión de 9 millones 100 mil hectáreas) y Chihuahua (de una superficie de 7 millones 100 mil hectáreas) son la mayor extensión de pino y encino de la república mexicana; la gran mayoría, conformada por ejidos forestales y comunidades indígenas (tepehuanos y tarahumaras). Es el gran pulmón del norte de México y un territorio que, en los últimos años, se ha convertido en el escenario de una tragedia silenciosa.

El Movimiento Antorchista siempre ha afirmado que la defensa del medio ambiente no puede separarse de la lucha por la justicia social: es un problema de desigualdad, de abandono gubernamental y de falta de oportunidades.

La tala desmedida, ilegal y "legal", no es menor; es la punta de lanza de una crisis que combina devastación ambiental, abandono institucional y crecimiento de la pobreza.

Ante las consecuencias nefastas de la deforestación sin un programa de plantación planificada, la naturaleza tarde o temprano toma venganza.

En el largo plazo, el daño es irreversible: cuando un bosque milenario cae, se pierde el suelo que retiene el agua, se pierde la biodiversidad que mantiene el equilibrio ecológico y se pierde la capacidad de la tierra para capturar carbono.

Pero además del deterioro ambiental, también se perturba la vida de comunidades y ejidos, que son los verdaderos dueños de los bosques; su realidad se ve dañada por intereses económicos ajenos que ningún beneficio traerán a su ya de por sí menguada situación social.

Las graves carencias sociales contrastan con la riqueza forestal, pues sus habitantes carecen de lo más elemental: malos caminos, sin atención médica, vivienda precaria, sin sistemas de agua potable y drenaje, y menos energía eléctrica.

Hay que entender que esto no es sólo un problema ambiental: es un problema de seguridad nacional. El combate a la tala ilegal no puede quedar en manos de una Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) con presupuesto recortado y personal insuficiente, y sobre todo que tenga la vocación de servir a nuestra nación y no trabajar en contubernio con los intereses económicos que sólo buscan el lucro.

El Movimiento Antorchista siempre ha afirmado que la defensa del medio ambiente no puede separarse de la lucha por la justicia social. No es un problema ecológico nada más: es un problema de desigualdad, de abandono gubernamental y de falta de oportunidades.

El origen de esta tragedia está en el modelo económico que hoy impera, un sistema que empuja a producir sin medida, que convierte todo en mercancía, que no le importa destrozar un bosque si deja ganancias.

Lo que hace falta es un cambio de fondo: que la producción se planifique pensando en la gente, no en los bolsillos de unos cuantos. Mientras el lucro siga siendo el centro de todo, los bosques seguirán en riesgo.

Antorcha siempre ha apostado por la organización popular como el camino para hacer frente al poder de los taladores y de sus protectores. Las comunidades organizadas, informadas y unidas tienen más fuerza que cualquier autoridad corrupta.

Por eso insistimos en que hay que fortalecer los mecanismos de vigilancia comunitaria, exigir a los gobiernos que actúen con firmeza y, sobre todo, construir alternativas económicas reales para una explotación sustentable.