Hace algunos días una nueva tragedia cayó sobre centenares de veracruzanos, en esta ocasión en el municipio de Tatahuicapan, al sur de la entidad. Alrededor de 400 personas enfermaron por un brote de diarrea y vómito causado por la bacteria Escherichia coli. Según algunos reportes, el origen del brote fue el consumo de agua contaminada.
El sistema de salud se encuentra en pésimas condiciones: no hay suficientes médicos, las camas no alcanzan, no hay medicamentos, las citas se dan en plazos muy largos y, cuando llega la fecha, el paciente ya se atendió en otro lugar gastando el poco dinero que tiene.
En este mismo lapso y lugar, una mujer de 60 años falleció después de haber presentado vómito, diarrea y fiebre, síntomas que causa la bacteria antes mencionada. A raíz de dichos sucesos, se le cuestionó a la gobernadora sobre la situación en Tatahuicapan y particularmente sobre la mujer fallecida; la respuesta fue que el deceso no fue por la infección, sino porque la finada padecía desnutrición (La Jornada, agosto 2025).
Apenas en junio pasado, cientos de padres de familia y familiares de niños con cáncer del Puerto de Veracruz tuvieron que volver a salir a las calles porque no hay medicamentos para combatir la enfermedad (Notiver, julio 2025).
El 26 de agosto se publicó en los medios de comunicación que el Hospital Regional de Río Blanco enfrenta sobrecupo de hasta 300 %, lo que implica que muchos enfermos no se les atiende o están siendo atendidos en los pasillos de los hospitales o incluso afuera de ellos (gobernantes.com).
Todos los días, en varios municipios de la entidad existen quejas y protestas porque el sistema de salud se encuentra en pésimas condiciones: no hay suficientes médicos, las camas no alcanzan, no hay medicamentos, las citas se dan en plazos muy largos y, cuando llega la fecha, el paciente ya se atendió en otro lugar gastando el poco dinero que tiene o endeudándose, o de plano la enfermedad ya acabó con su vida.
Peor se encuentran las clínicas de las comunidades, donde algunas están cerradas permanentemente y con infraestructura deteriorada y otras abren cada vez que algún funcionario les hace inspección.
Un ejemplo preciso de lo anterior, además de los ya comentados, es lo que sucedió en semanas pasadas cuando por un error de logística del equipo de la gobernadora, pues pretendía llegar a otro hospital, arribó al Hospital Rural del IMSS de Zongolica donde los médicos le expusieron que existe desabasto de medicamentos del 80 %, pues de 195 claves de fármacos, solo contaban con 45. Es un verdadero martirio lo que tienen que atravesar los pacientes para que los atiendan, los curen y los doten de medicamentos.
Probablemente los funcionarios califiquen esta opinión de exagerada, sin embargo, puedo asegurar y demostrar que no es así. En las conversaciones que tengo con muchos de mis compañeros, me han comentado que les han dado cita para algún estudio o alguna atención hasta medio año después de que la solicitaron.
Lo anterior contrasta con lo que todos los días los funcionarios morenistas presumen en los medios de comunicación, pues no solo no estamos bien, sino que las condiciones tienden a deteriorarse cada vez.
La razón de ser de estos y otros problemas está directamente relacionada con el bajo presupuesto que se le ha venido asignando.
Por recomendación de organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) el porcentaje mínimo de inversión del Producto Interno Bruto (PIB) a salud debería ser del 6 % en cada país, lo anterior garantizaría la atención y solución de los problemas prioritarios que padecen los ciudadanos.
En el caso de nuestro país, históricamente se venía destinando el 3 %, pero con la llegada de la 4T el porcentaje se ha reducido a solo 2.5 %. Esto es lo que comentó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP) a finales del año pasado con respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que finalmente el Legislativo terminó aprobando sin ninguna modificación: “En 2025, el presupuesto del sector salud sumaría 918.4 mil millones de pesos, lo que representaría un recorte de 11.0 % respecto a 2024. La inversión para el sector salud sería equivalente a 2.5 % del PIB y la brecha presupuestaria para avanzar hacia la CUS se ampliaría; ahora se requieren, al menos, 3.5 puntos del PIB adicionales” (Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. - CIEP).
Según el CIEP, los más afectados de este presupuesto son las personas sin seguridad social, pues la “Secretaría de Salud presentaría un recorte de 34.0 %, equivalente a 34 mil 420.9 millones de pesos. Mientras que el aumento en el OPD IMSS-Bienestar sería de 31 mil 207 millones de pesos… A pesar del aumento de 31.2 mil millones de pesos en el OPD IMSS Bienestar, éste no es suficiente para compensar los recortes en otros programas que se suman a los recursos destinados a este grupo de la población. Solamente el recorte en las aportaciones que se destinan a los estados y municipios sería de 60 mil 134.3 millones de pesos”.
En el caso de nuestra entidad el comportamiento es similar, más allá de los discursos de los funcionarios, aquí tampoco se le destinó más dinero a este rubro. Así se explica que ni siquiera se puedan cubrir las necesidades elementales.
La infraestructura, tanto nueva como remodelaciones o mantenimientos, ha quedado prácticamente en el olvido. Proyectos tan importantes como el Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) para Ayahualulco y otros municipios seguirán en espera.
Es una realidad injusta y desesperante la que estamos viviendo, por lo que no podemos quedar indiferentes ni guardar silencio. Seguiremos denunciándolo y exigiendo mejores condiciones de vida.
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