“Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir”
Daniel Viglietti
La forma en que el gobierno del Estado de México menosprecia las voces que expresan las necesidades apremiantes de los habitantes de las colonias populares y su negativa al establecimiento de un diálogo para escuchar las peticiones concretas, las alternativas que los habitantes plantean y la búsqueda de las posibilidades para resolverlas, se encuentra más cercana a las aspiraciones hegemónicas de los grupos totalitarios que de la democracia, de la cual se asume defensor el partido gobernante.
La táctica dilatoria que ha utilizado hasta ahora, encubierta bajo la apariencia formal de los procedimientos administrativos, que remiten las peticiones hacia las diferentes secretarías, sin que en ellas exista la posibilidad de un compromiso real, concreto, ni la capacidad, intención, ni voluntad de resolución de las demandas planteadas por el Movimiento Antorchista el pasado mes de marzo al gobierno del Estado, sólo pretende ganar tiempo, apostarle al desgaste físico y al desánimo, a conformarse y acostumbrarse a esta política aplicada por el gobierno estatal.
Y ese ganar tiempo, menospreciar las peticiones que el pueblo realiza a través de las organizaciones sociales independientes, demorar la resolución de la problemática social, se traduce, en los hechos concretos, en una prolongación del sufrimiento de la población.
La situación en la que se encuentra la infraestructura urbana, escolar y de atención a la salud, entre otras áreas en la entidad, denotan una falta de atención o de una intervención que resulta insuficiente ante la magnitud del problema; el clamor popular, que se acrecienta con el paso de los días ante la falta de consideración gubernamental, en primer lugar reclama el cumplimiento de las promesas realizadas en la campaña electorera por la cúpula que hoy se encuentra en el poder.
La realidad, antídoto contra el escepticismo del funcionario engolosinado con el poder, demuestra que las condiciones en las que viven los habitantes de las colonias populares dificultan el acceso a una vida digna, que hay carencias económicas, materiales y sociales que ahondan sus padecimientos y se convierten en un obstáculo para el desarrollo armónico de la familia y la comunidad.
La situación, por ejemplo, en la que se encuentran las calles, caminos y carreteras, a pesar de lo que se ha informado sobre la inversión económica e intervención, continúa representando un problema; los baches, de diversas magnitudes, no sólo se convierten en una fuente de malestar por hacer difícil transitar por las vialidades, sino también son un peligro constante por los accidentes viales que provocan y los daños a los vehículos, cuya reparación afecta directamente a la economía familiar.
Las malas condiciones de las calles y carreteras no son lo único que afecta a la población humilde; las dificultades para acceder a servicios de salud de calidad, las deficiencias en la infraestructura educativa y el crecimiento de la inseguridad y la violencia, se suman a la cantidad de problemas que se tienen que sortear para sobrevivir.
De acuerdo con un estudio del Observatorio Económico del Estado de México (OEEM), la entidad ocupa el último lugar a nivel nacional en la cantidad de médicos adscritos a instituciones de salud pública; para el periodo 2022 – 2023 se contabilizaron 8 mil 714 profesionales de la salud, cifra que indica que hay en la entidad 1.41 médicos por cada mil habitantes. A eso hay que sumar que existen en el territorio estatal mil 920 unidades médicas que deben atender a una población de casi 17 millones de habitantes.
Otro fenómeno doloroso para todas las familias mexicanas lo representan los feminicidios; en este aspecto, el Estado de México ocupa el primer lugar a nivel nacional en el número de casos registrados y dados a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en su informe más reciente.
Ser mujer y vivir en la entidad se ha convertido en un peligro, principalmente si se habita en los municipios de Chimalhuacán o Ecatepec, ya que también se corre el riesgo de ser víctima de otros crímenes como los 37 casos de trata de personas, mil 69 casos de violencia de género y las mil 270 violaciones, que fueron registradas oficialmente en el periodo de enero a mayo del presente año.
Robo, homicidio, violencia familiar y de género, son sólo unos cuantos delitos de alto impacto que colocan al Estado de México dentro de las siete entidades más violentas de nuestro país.
Esta problemática social y económica, aunada al colapso de la infraestructura urbana provocada por la acción de los fenómenos naturales, conforman la realidad a la que se enfrenta la mayoría de los habitantes en la entidad; no son producto de la imaginación perversa, es la tragedia cotidiana que lastima principalmente a los menos favorecidos económicamente.
Ese es el conjunto de problemas, entre otros, que las amas de casa, obreros, campesinos, estudiantes y trabajadores organizados, desean exponer a la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado, para encontrar alternativas de solución.
Sin embargo, desde el mes de marzo hasta la fecha, no se ha tenido una respuesta a la petición concreta de audiencia con la responsable del ejecutivo estatal. Esta actitud que adopta el gobierno en la entidad de no escuchar, no ver las necesidades ni valorar las propuestas que realizan los sectores marginados, está determinada por la política de una cúpula que busca, en los hechos, la eliminación de toda posibilidad de organización popular consciente.
Los funcionarios del gobierno deben tomar en cuenta que ya no es posible mantener en la indiferencia a la población con las tarjetas de apoyo económico; cada vez son más personas las que se dan cuenta que esos recursos no resuelven su problemática familiar y mucho menos las malas condiciones de la infraestructura y la mala calidad de los servicios públicos.
Recurrir a la indiferencia de la problemática social, a la prolongación del sufrimiento de la población, es una mala táctica, el gobierno debería reconocerlo; no debería apostarle a la soberbia.
Los habitantes de las colonias populares afectados por el cúmulo de carencias económicas y de servicios elementales, junto a todos aquellos solidarios con la causa de los pobres, continuaremos en nuestra petición de ser escuchados y atendidos, sin importar esas tácticas dilatorias gubernamentales; estamos seguros que un país más justo y equitativo es posible y estamos trabajando en ello.
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