Bajo el autodenominado gobierno de los pobres, los ricos fueron los únicos beneficiados en términos concretos. Esta es la paradoja a la que el gobierno no le presta mucha importancia; la minimiza o la oculta en la simple continuidad de un discurso que repite de manera cotidiana, como si esa insistencia susurrada en los oídos de los pobres la convirtiera en un principio coherente con la lógica más elemental.
En nuestro país y bajo este proyecto de gobierno que comenzó a implementarse hace siete años con el triunfo en las elecciones de los candidatos del partido Morena, los multimillonarios son más ricos que nunca y las familias de los trabajadores, los pobres, no han modificado positivamente su condición económica.
Cada uno de los partidos políticos nacidos de la lucha interna de la clase burguesa responde a los intereses de una u otra fracción, nunca a los de los trabajadores.
Debería suponerse que, con el triunfo electoral de una cúpula que sustentó parte de su éxito en el lema “Primero los pobres”, los verdaderos beneficiados serían los millones de personas a las que no les alcanza el ingreso para vivir con dignidad y decoro.
Quienes han podido beneficiarse de este gobierno han sido los grandes empresarios a los que se les han otorgado numerosas concesiones para hacer negocios y, con ello, la posibilidad de incrementar sus capitales. Por ejemplo, los dueños de Grupo Carso, Grupo Financiero Inbursa, Grupo México, América Móvil y Telcel, o sea, Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Alejandro Baillères y María Asunción Aramburuzabala.
De acuerdo con la información de la empresa Bloomberg (compañía de asesoría financiera, datos, información bursátil y software), la fortuna de las cinco personas más acaudaladas alcanza 158 mil 630 millones de dólares, cifra que representa una quinta parte del valor de la deuda pública de México.
La fortuna de los grandes millonarios como Carlos Slim, dueño de Grupo Carso y América Móvil, entre otras, creció 35 mil millones de dólares; Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, incrementó su riqueza en 10 mil 600 millones de dólares, mientras que la de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca y Elektra, aumentó en 6 mil 300 millones de dólares en el período de 2018 a 2020, es decir, durante los primeros dos años del gobierno de Morena.
Todas estas fortunas recibieron un impulso en su crecimiento gracias a las concesiones que el gobierno les otorgó para la explotación de los bienes de la nación o bien, para realizar algunos de los proyectos fallidos que se impulsaron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador bajo la justificación de potenciar el crecimiento de la economía mexicana y que continúan con el llamado segundo piso que sostiene la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ahora bien, no todos los empresarios han resultado favorecidos con las concesiones que ofrece el gobierno; sólo algunos han obtenido un mayor número en diferentes proyectos y, por el contrario, otros no tanto, lo que afecta a sus intereses económicos y los lleva a desplegar una rivalidad entre ellos, pugna en la que también entra el gobierno en su calidad de administrador de los bienes nacionales afín a determinados grupos empresariales.
Este fenómeno no es nuevo, ha sucedido así desde que la burguesía, una vez colocada como clase dominante en la sociedad, debido al desarrollo de su poder económico, se impuso también como un poder político y, para ello, se sirvió del Estado moderno.
Marx, en el Manifiesto del Partido Comunista, señala: “El Gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”.
No podemos dejar pasar el hecho de que la burguesía no es homogénea, existen diferentes fracciones que dependen, principalmente, de la cuantía de su riqueza, lo que los lleva a tener ciertas afinidades con unos u otros elementos de su misma clase, a organizarse como grupo, teniendo siempre presente la conservación, defensa e incremento de sus ganancias económicas.
Esas mismas fracciones formadas en el seno de la burguesía compiten entre sí por el dominio del mercado local o nacional, lo que los lleva también a luchar internamente por imponer a sus representantes en el gobierno. Cada fracción desarrolla un proyecto político que obedece a sus intereses económicos y lo defiende e impulsa a través de sus partidos políticos.
Por tanto, cada uno de esos partidos políticos, nacidos de la lucha interna de la clase burguesa, responde a los intereses de una u otra fracción, nunca a los de los trabajadores.
Ahora bien, cualquiera de esos partidos representantes de las diferentes fracciones de la burguesía, en su lucha por hacerse del gobierno, en un régimen democrático, requiere del apoyo popular, de la ayuda del pueblo para legitimarse en el poder y, para ello, necesitan, de inicio, hacer creer a la población, mayoritariamente pobre y necesitada, que alguno de ellos en particular es el que defiende la causa de los necesitados.
En consecuencia, se hacen ilusiones quienes creen que la solución a la miseria creciente y todos los males derivados de ella es sustituir al partido en el poder, cambiar a los de guinda por los tricolores o los azules. Cualquiera de ellos, que son instrumentos creados para la defensa de los intereses de las diferentes fracciones de la burguesía, no modificarán en lo más mínimo la esencia del sistema capitalista.
Frente al pueblo, la burguesía tiene una posición privilegiada, por eso, ante los peligros que le amenazan, tiene que actuar como clase a pesar de sus diferencias internas. De esta manera acuerdan, en conjunto, la aplicación de medidas principalmente económicas, que no ponen en riesgo su estatus ni a sus intereses.
Surgen así, las propuestas como el incremento al salario de los trabajadores, el aumento en las pensiones o en las entregas monetarias mediante los programas sociales que abarcan a ciertos sectores en específico, destinadas principalmente al control social más que a un beneficio verdadero de las familias humildes.
Sin embargo, debe reconocerse que, en los tiempos actuales, existe una agudización de las pugnas internas de las diferentes fracciones de la burguesía en nuestro país, que impacta directamente en el agravamiento de la crisis nacional y tiene repercusiones directas en la economía de los trabajadores y, por tanto, se presenta, como reacción inmediata de los sectores populares al ver afectados sus intereses, un crecimiento del descontento social.
Este incremento en los niveles de conflicto entre las distintas fracciones de la burguesía, aunado al descontento social ejemplificado en el aumento de la protesta popular, se convierte en un problema para el gobierno; se le hace difícil mantener el control de la situación.
Hay una crisis en las “alturas”; en palabras de Lenin: “…una crisis en la política de la clase dominante, que origina una grieta por la que irrumpen el descontento y la indignación de las clases oprimidas”.
Ante esta situación, los trabajadores del país debemos reconocernos como clase social, identificar nuestros intereses, tanto los inmediatos como los estratégicos, tomar en consideración que nos enfrentamos a otra clase social que utiliza un conglomerado de artimañas para engañar al pueblo y que sólo buscan mantener sus privilegios y, bajo la coyuntura que ofrece la democracia actual, fortalecer la organización consciente de clase y crear el partido que habrá de impulsar la eliminación gradual de las bases sobre las que se levanta la explotación y la miseria de las mayorías; esa debe ser la respuesta.
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