Las muertes violentas por el uso de armas de fuego no cesan en Sinaloa. El mes recién concluido rompió el récord del mayo más violento de la historia, con 188 muertes dolosas; desde que estalló la disputa entre dos grandes grupos criminales, el 9 de septiembre de 2024, las escalofriantes cifras se sitúan en mil 389 asesinatos y mil 508 personas desaparecidas (diario Noroeste, 2 de junio de 2025).
La descomposición social es brutal, y solo puede ser edulcorada o tapada por una costosísima campaña del gobierno que repite la palabra “bienestar” a cada paso que damos y la presenta en todos los lados posibles.
Huelga decir que muchos de los desaparecidos son encontrados en las cada vez más comunes fosas clandestinas de las que está sembrado el estado, como ha documentado la prensa local.
Pero la situación de Sinaloa es la de todo México: para donde volteemos a ver encontramos una violencia salvaje que ha convertido al país en un tiradero de cadáveres por doquier. La descomposición social que esto revela es brutal, y solo puede ser edulcorada o tapada por una costosísima campaña del gobierno que repite la palabra “bienestar” a cada paso que damos y la presenta en todos los lados posibles.
Las armas que poseen los criminales son unos 13 millones, pues, según análisis de El Colegio de México, ese es el número de armas de fuego ilegales que se tienen en el país (El Economista, 10 de mayo de 2025). Por cada arma que está legalmente en el país hay cuatro ilegales; esto explica las guerras civiles locales tan intensas que se viven en varios estados.
Esta realidad tan cruda es la que dio pábulo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a doce días de terminar su mandato, para mandar una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos al Congreso de la Unión que supuestamente pretende remediar esta situación.
Dicha iniciativa, después de ser aprobada por las Cámaras de Diputados y Senadores sin cambiarle ni una coma —como ya se hizo costumbre entre el vasallaje morenista ante las iniciativas presidenciales—, fue publicada como un decreto que reforma más de cien artículos de la mencionada ley en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo.
La prensa obsecuente con el régimen difundió la noticia como un triunfo de las leyes para frenar, por la vía del estrangulamiento, el tráfico ilegal de armas de fuego. Al más puro estilo del obradorismo, que ya ha decretado que hay bienestar al por mayor, baja de la pobreza y felicidad sin fin: ahora habrá seguridad al instante, gracias al presidencial decreto.
Pero las voces críticas también existen. Paola Zavala Saeb, abogada especialista en temas de seguridad, alertó el 26 de abril de 2025 en el diario El País sobre el riesgo que entraña uno de los componentes de la reforma que permite dotar de armas a empleados de Pemex, CFE y el SAT, entre otros:
“El acceso a las armas en un país con niveles de impunidad tan altos como en México puede derivar en que las personas quieran hacer justicia por propia mano, aumentando balaceras por conflictos que deberían de resolverse a través de la procuración de justicia”.
O sea, que se estaría propiciando un incremento en la violencia que se pretende contener. El colmo.
Pero hay más. Zavala Saeb añade más adelante: “Sin duda, lo más peligroso de la reforma es el control absoluto y sin vigilancia civil que tiene Sedena sobre los permisos de portación que otorga, así como de los decomisos y destrucción de armas”, pues dice que esto significa un nivel de militarización del país más grande que el que ya hemos alcanzado.
Antes —explica la especialista—, dichos permisos eran otorgados por una comisión tripartita conformada por el Ejecutivo federal, la Segob y Sedena; pero ahora, el monopolio es sólo de esta última. ¿Hacia dónde nos lleva Morena con tanto poder incontrolado para los militares?
La violencia no se acabará mientras los niveles de pobreza real —no la de papel que declara el gobierno— sigan aumentando. La violencia sin control en México no refleja más que el fracaso del supuesto combate “a las causas de la delincuencia” tan promocionado desde el sexenio anterior.
Sea cual fuere el nivel de poder militar y la autonomía de las fuerzas armadas, lo único que puede salvar al país de futuras tragedias es la sólida organización del pueblo en torno a un proyecto que defienda los intereses populares, y estos no incluyen, a mi parecer, la creación de cada vez más espacios de corrupción y enriquecimiento de la cúpula de las fuerzas armadas.
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