México llevó a cabo el 1 de junio de 2025 sus primeras elecciones judiciales, en las que cerca de 100 millones de ciudadanos estaban convocados para elegir jueces y magistrados. Sin embargo, la participación apenas alcanzó el 13 %, según datos oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE), en un proceso que estuvo marcado por el desconocimiento de los candidatos y la complejidad del voto.
La justicia mexicana ya no se sostiene en el equilibrio de poderes, sino en la voluntad de un solo grupo político.
La reciente designación de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) representa un golpe durísimo a la independencia judicial en México. No sólo porque llegaron con un proceso lleno de irregularidades, sino porque se trató de una operación política que confirma la captura de las instituciones por parte del obradorismo y su heredera, Claudia Sheinbaum.
Estos nombramientos se ganaron el mote de “ministros de acordeón” por dos razones: primero, porque durante la campaña aparecieron en acordeones propagandísticos con sus nombres y referencias, un acto ilegal que ninguna autoridad detuvo; segundo, porque se pliegan, como el instrumento musical, al ritmo que marque el poder Ejecutivo.
El mensaje es evidente: la justicia mexicana ya no se sostiene en el equilibrio de poderes, sino en la voluntad de un solo grupo político. La narrativa oficial intenta presentar sus nombramientos como un mandato popular, pero la aritmética desmiente el discurso: menos de una cuarta parte del electorado realmente avaló con su voto la llegada de estas fichas a la Corte.
Y si a ello se suma el altísimo abstencionismo, queda claro que no fue la voluntad general del pueblo, sino el control político y propagandístico de Morena lo que abrió la puerta a esta imposición.
Desde antes de la jornada del 1 de junio, ya se advertían múltiples irregularidades. Hubo uso faccioso de programas sociales, presiones en comunidades marginadas, promoción indebida en actos oficiales y hasta la permisividad con los famosos “acordeones” que circulaban descaradamente en plazas y mítines.
Todo esto configuró un proceso sin rigor técnico ni criterios científicos, más populista que democrático, diseñado para movilizar emociones y lealtades políticas, no para garantizar una elección transparente e informada.
El resultado era previsible: con un aparato clientelar enorme y con un árbitro electoral que optó por la pasividad, las fichas morenistas lograron llegar al poder en medio de una abstención que debería avergonzar a cualquier gobierno que se proclame legítimo.
La consecuencia inmediata de este proceso irregular es que la SCJN pierde autonomía. Los nuevos ministros no llegan con la misión de garantizar la constitucionalidad, sino de obedecer la línea política del obradorismo.
Esto significa que las resoluciones de la Corte ya no estarán guiadas por la defensa de los derechos ciudadanos, sino por los intereses del partido en el poder. Se abre la puerta a una justicia selectiva: implacable contra los opositores, indulgente con los aliados.
Y quienes pagarán los platos rotos serán, como siempre, los más pobres. Ellos dependen de jueces imparciales para defender derechos básicos: salud, educación, vivienda y seguridad.
Pero el pueblo pobre ya sabe lo que significa la 4T: hospitales sin medicinas, escuelas públicas en ruinas, inseguridad sin tregua y miles de desaparecidos que nadie busca. La subordinación de la Corte solo garantiza que estas tragedias seguirán sin respuesta.
El obradorismo ha sido consistente en su ambición de controlar todos los poderes del Estado. Primero, el Congreso con mayorías cómodas; luego, los organismos autónomos, debilitados hasta la irrelevancia; ahora, la Corte, convertida en un instrumento del Ejecutivo.
Claudia Sheinbaum, lejos de corregir el rumbo, lo consolida. Su silencio frente a las irregularidades y su complicidad en este proceso confirman que no habrá ruptura con el pasado inmediato, sino continuidad de un modelo autoritario disfrazado de democracia.
El pueblo pobre, el mismo que fue seducido con promesas de justicia social, será el primero en sufrir las consecuencias de una justicia subordinada. Y el episodio del 1 de junio pasará a la historia no como un ejemplo de democracia participativa, sino como la confirmación de que los caprichos de López Obrador siguen dictando la agenda nacional, ahora con Claudia Sheinbaum como ejecutora fiel.
Lo que está ocurriendo ya se veía venir, cientos de plumas escribieron sobre esta terrible situación creada y en favor de Morena. El pueblo mexicano debe, con urgencia, ser un ente político y bien informado para que las futuras decisiones de esta nueva Corte sean minuciosamente observadas.
Como siempre se ha dicho y hoy lo reafirmo, el pueblo debe ser partícipe activo de la vida política y no sólo ser un simple espectador pasivo, pues ahí radica el problema por el que atraviesa nuestra nación.
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