El dato es alarmante: el 56.1 % de la población ocupada en el país está en la informalidad, lo que equivale a 34.1 millones de personas que viven todos los días en la incertidumbre porque no cuentan con la protección social que les garantice el acceso a la salud, a las prestaciones de ley o a la protección por riesgo laboral; con la preocupación de si les alcanzará su ingreso para pagar la renta, comprar comida o para alguna emergencia.
Este dato, revelado por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, no sólo exhibe un repunte de más de 1.1 millones de personas en ocupación informal de junio a julio del presente año, sino que representa un aumento en millones que no se había observado desde 2021, en tan sólo un mes.
El gobierno tiene la obligación de trabajar en políticas económicas que garanticen la generación de empleos; si no lo hace, tiene la responsabilidad de proteger a quienes buscan ganarse el pan de manera honesta y digna.
No es el único dato de este tipo: entre enero y julio de este año se crearon 1 millón 353 mil empleos formales, de los cuales, el 88.5 % son temporales. Incertidumbre, también, para quienes tienen este contrato eventual.
De acuerdo con el reporte Empleo formal en retroceso pese a máximos históricos, que publicó BBVA Research el pasado mes de agosto, las cifras del IMSS en el mes de julio del presente año muestran que “el empleo formal alcanzó un máximo histórico de 23.59 millones de plazas registradas, lo que implicó un crecimiento anual de 6.1%. Sin embargo, este incremento estuvo explicado en su totalidad por la incorporación de 1.29 millones de personas trabajadoras de plataformas digitales”.
No obstante, el mismo boletín explica: “En realidad, se trata de empleo ya existente que fue integrado al registro del IMSS, y no de nueva creación de empleos. Al descontar este efecto, el empleo formal mostró una contracción anual de (-)0.1 %, lo que equivale a una pérdida de 25.3 mil puestos de trabajos formales respecto al mes previo”.
Es decir, en los primeros siete meses del año no sólo incrementó el empleo informal, sino que no se están generando fuentes de empleo permanente como la realidad y la situación precaria de las familias lo requieren.
En este contexto se da la unidad de más de diez organizaciones de comerciantes ambulantes del centro histórico, en un frente de defensa que exige al gobierno estatal y municipal su intervención para garantizar la seguridad y tranquilidad de los vendedores en esta temporada, frente a la amenaza de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre de querer adueñarse de espacios ocupados y cobro de piso a través de la amenaza, la violencia y la extorsión.
Los comerciantes ambulantes del centro histórico y de otros lados, no sólo viven en la incertidumbre frente a su precaria e inestable situación económica, ahora, con la angustia de que en cualquier momento invadan sus espacios por la vía de la agresión, como ya ha pasado en otros lugares con la 28 de Octubre, como la riña en el estadio Cuauhtémoc en la que perdió la vida una mujer.
Quienes conocemos o tenemos familiares en la ciudad o que fueron expulsados de sus pueblos a las grandes metrópolis a trabajar en la informalidad, por la falta de empleo y oportunidades, el cierre de pequeños talleres ante la aplastante competencia de las grandes industrias y la creciente desigualdad social que se traduce en mayor pobreza, sabemos lo difícil que es su vida. Puede que un día les vaya bien, pero al siguiente no saquen —como dicen muchos vendedores— ni para persignarse, o sea, ni la primera venta.
El gobierno tiene la obligación de trabajar en políticas económicas que garanticen las condiciones para la generación de empleos y la protección de los trabajadores; si no lo hace, como se muestra en la realidad que exhiben los números mencionados arriba, tiene la responsabilidad de proteger a quienes buscan ganarse el pan de manera honesta y digna.
De ahí el llamado al gobierno del estado y de la capital poblana para que intervengan y eviten una desgracia; así como nuestra solidaridad con los comerciantes del centro histórico.
Pero también, el llamado a todos los comerciantes, tanto ambulantes como establecidos, a todo el pueblo trabajador del estado y del país, a formar un frente único no sólo con el propósito de exigir seguridad y tranquilidad, sino para dar la lucha por acabar con esta situación de tragedia a la que ha llevado la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, mientras son millones las que con su trabajo sostienen al país.
El Movimiento Antorchista Nacional los invita a unirse y comprobar en los hechos que la fuerza del pueblo es capaz de cambiar la situación actual, si se organiza y lucha por el poder político del país y la defensa de sus intereses de clase, para cambiar verdaderamente la situación de los millones de mexicanos trabajadores. Eso es lo que nos está exigiendo la realidad y en eso está trabajando el Movimiento Antorchista Nacional.
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