• Exigir servicios en zonas populares es una labor que fortalece a la sociedad y no debe ser criminalizada
Hay algo que debería preocuparnos como sociedad: que organizarse para exigir mejores condiciones de vida pueda convertirse en motivo de amenazas, hostigamiento o persecución. El Movimiento Antorchista Nacional ha denunciado en distintas ocasiones acciones de intimidación contra sus dirigentes y activistas.
Más allá de las diferencias políticas que puedan existir, cualquier señalamiento de este tipo merece ser atendido por las autoridades y, sobre todo, investigado con seriedad.
Desde la llegada de la llamada Cuarta Transformación al Gobierno de México, Antorcha ha mantenido una postura crítica frente a las políticas gubernamentales y ha cuestionado la manera en que se atienden problemas como la pobreza, la falta de vivienda, los servicios básicos y las necesidades de las comunidades populares.
Esa confrontación política, sin embargo, no debería convertirse en un argumento para criminalizar la organización social. La discusión de fondo es otra: ¿qué lugar ocupan las organizaciones sociales en un país donde millones de personas continúan enfrentando carencias?
Antorcha sostiene que su tarea consiste precisamente en organizar a quienes padecen esas necesidades para exigir obras, servicios y mejores condiciones de vida.
Sus detractores podrán cuestionar sus métodos, sus posiciones políticas o su manera de organizarse, pero eso no elimina el derecho de sus integrantes a participar en la vida pública y defender sus demandas por las vías legales.
Y nuevamente el tema aparece en Chiapas. La propia organización denunció recientemente una serie de hechos ocurridos en Ocozocoautla y expresó preocupación por la seguridad de su dirigente municipal, Diana Maizel Casaux.
De acuerdo con el comunicado difundido por Antorcha, un grupo de personas habría ingresado al Albergue Estudiantil Rafael Ramírez, colocando cadenas y candados en el acceso y colocando una lona en el inmueble.
La organización sostiene que este hecho forma parte de una serie de actos de hostigamiento contra sus activistas y contra los estudiantes que habitan en el albergue.
Incluso manifestó temor de que pudieran fabricarse delitos contra su dirigente o que se atentara contra su integridad. Son acusaciones graves.
Precisamente por eso deben investigarse y esclarecerse, no quedarse únicamente en el terreno de las declaraciones políticas. El caso de Chiapas no es presentado por Antorcha como un hecho aislado.
La organización ha señalado también situaciones ocurridas recientemente en otras entidades. En Veracruz, dirigentes históricos como Samuel Aguirre Ochoa y Minerva Salcedo Baca, además de Miguel Bastián Sierra, recibieron citatorios relacionados con un proceso judicial.
En Querétaro, Antorcha denunció amenazas de muerte contra su dirigente estatal, Jerónimo Gurrola Grave. En Jalisco, la organización reportó la detención de su dirigente Mariano Cariño Méndez, quien posteriormente fue liberado.
Mientras haya comunidades sin agua, familias sin vivienda digna, colonias sin servicios y jóvenes que tengan que abandonar sus lugares de origen para estudiar, seguirá existiendo la necesidad de que la sociedad se organice y levante la voz.
Cada uno de estos casos tiene circunstancias particulares y corresponde a las autoridades determinar responsabilidades y esclarecer los hechos.
Pero hay una pregunta que no debería perderse de vista: ¿qué está ocurriendo cuando una organización política y social denuncia de manera reiterada actos de intimidación contra sus dirigentes?
No se trata de pedir privilegios para nadie. Se trata de exigir que quienes participan en la vida pública tengan garantías para hacerlo.
Antorcha podrá ser una organización incómoda para algunos sectores. Puede generar simpatías o desacuerdos.
Puede ser cuestionada por sus adversarios y defenderse públicamente de esas críticas. Todo eso forma parte de la vida democrática.
Lo que no puede normalizarse es que las diferencias políticas terminen trasladándose a amenazas, persecuciones o procesos utilizados como instrumentos de intimidación. Si existen delitos, que se investiguen y que los responsables respondan ante la ley.
Pero si existen acusaciones falsas o actos de persecución por razones políticas, también deben señalarse y detenerse.
Durante años, el Movimiento Antorchista ha sostenido que la pobreza no se resuelve únicamente con discursos ni con programas aislados, sino mediante organización social, obras, servicios y una política económica que permita a las familias vivir con mayor dignidad.
Puede discutirse esa visión. Lo que no debería discutirse es el derecho de los ciudadanos a organizarse para defenderla.
México necesita menos confrontación basada en etiquetas y más discusión sobre los problemas reales que afectan a la población.
Mientras haya comunidades sin agua, familias sin vivienda digna, colonias sin servicios y jóvenes que tengan que abandonar sus lugares de origen para estudiar, seguirá existiendo la necesidad de que la sociedad se organice y levante la voz.
La pobreza no desaparecerá persiguiendo a quienes la denuncian. Si las autoridades están convencidas de que las acusaciones de Antorcha carecen de fundamento, tienen una herramienta mucho más poderosa que cualquier discurso: investigar, transparentar los hechos y demostrarlo con pruebas.
Y si, por el contrario, existen elementos que confirmen actos de intimidación contra dirigentes sociales, entonces corresponde actuar conforme a la ley. Porque en una democracia nadie debería ser perseguido por organizarse, protestar o exigir mejores condiciones de vida.
La lucha social puede incomodar al poder. Pero precisamente por eso debe existir la libertad para ejercerla.
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