De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México encabeza la lista de países donde más horas se trabajan por semana, con 48 horas; le siguen Colombia con 47, Turquía con 46, Chile con 43, Israel con 42, Portugal con 40, Polonia con 40, Estados Unidos con 39, España con 37 y Suiza con 36. Esta medición se realizó tomando como referencia el promedio establecido por la OCDE, que es de 37 horas laborales por semana.
La inmensa mayoría de los mexicanos vive en pobreza pese a trabajar jornadas más largas que en otros países y con salarios insuficientes para una vida digna.
Este organismo internacional, que posiciona a México como la duodécima economía más rica, también señala que es el país con la jornada laboral más extensa entre las economías de la OCDE y, a su vez, alrededor de 100 millones de mexicanos, es decir, la inmensa mayoría, vive en pobreza. ¿No estamos frente a una flagrante contradicción?
Para la OCDE, una parte significativa de la economía mexicana se basa en industrias intensivas en mano de obra, las cuales “requieren jornadas laborales más largas para alcanzar los niveles de producción necesarios”. A esto se suma que, en México, los salarios suelen ser más bajos en comparación con otros países de este organismo.
Por tanto, la clase trabajadora se ve obligada a extender sus jornadas de trabajo, incluso a contar con un segundo empleo para intentar mejorar su nivel de vida y cubrir sus necesidades básicas, como la seguridad social, que genera altos costos económicos en instituciones o consultorios privados.
Aunque la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de la Recomendación 116 emitida en 1962, ha impulsado la reducción de la jornada laboral a un máximo de 40 horas semanales con el argumento de que jornadas laborales más cortas tienden a mejorar la productividad, reducir el estrés laboral y fomentar un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional de los trabajadores, esto aún es un hecho lejano para la clase trabajadora de nuestro país.
En este contexto, el gobierno de Morena, en 2023, “impulsó” una iniciativa para reformar el artículo 123° de la Constitución con miras a la reducción de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas y, pese a ser aprobada en comisiones por la Cámara de Diputados, esta quedó congelada. No ha sido palomeada por la clase empresarial.
La clase empresarial se resiste a aceptar esta reducción en la jornada laboral bajo el argumento de que deberán “invertir cuantiosos recursos en investigación, capacitación y tecnología”. Lo que no dicen es que buscan que los trabajadores, al reducirles la jornada de trabajo, aseguren “un incremento en la productividad”, es decir, el patrón no está dispuesto a perder ni un centavo en sus ganancias para mejorar la calidad de vida del trabajador.
El pasado 1º de mayo, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, dijo: “me entusiasma anunciar que, por instrucciones de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, comenzaremos con la instauración paulatina y gradual de la semana laboral de 40 horas en nuestro país. Reduciremos de manera gradual hasta llegar, a más tardar en enero de 2030, a un total de 40 horas semanales”.
Es decir, no ahorita; dentro de cinco años veremos qué resultados hay del “diálogo” y los “foros” con la clase empresarial. Y bueno, ya hemos visto el resultado en todos los proyectos de Morena. Con ellos siempre sale más caro el caldo que las albóndigas.
Ahora, si vemos la remuneración económica de los trabajadores mediante el salario, este resulta insuficiente para poder vivir dignamente. Y, aunque este gobierno también ha “impulsado” el incremento al mismo, es, a su vez, quien impide su aplicación para beneficiar a la clase trabajadora.
El 9 de octubre de 2024, el Senado de la República aprobó un dictamen para adicionar a la Sección VI del artículo 123 de la Constitución un párrafo que establece que el incremento anual del salario mínimo “nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido”; por tanto, el incremento del salario mínimo deberá ser al menos igual a la inflación registrada o, dicho de otra forma, el salario mínimo deberá mantener su capacidad de compra.
Con dicha modificación, además de impactar en los sueldos directos, como efecto secundario trae el incremento de los montos de ahorro para el retiro respectivos y pagos a la seguridad social que corresponden al empleador.
Una vez aprobada en el Senado, el paso siguiente para que quedara establecida esta iniciativa como ley era enviar el dictamen aprobado a los órganos legislativos de los estados de la República y de la Ciudad de México. Los 31 congresos aprobaron la iniciativa; sin embargo, a pesar de que se ha concluido todo el proceso, aún no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, quedándose, ¡otra vez!, como es característico de los gobiernos de Morena, en el discurso.
“Esta ley se encuentra congelada; la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y la misma Presidencia le están aplicando un ‘veto de bolsillo’, pues en los hechos se niegan a firmar una ley que ya fue aprobada por el Poder Legislativo”.
Aunque Morena tiene en sus manos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y ahora el Poder Judicial, eso en nada beneficia a la clase trabajadora de México que padece pobreza.
En el discurso, Morena insiste en buscar “mejorar las condiciones de las familias a través de un salario digno (…) que les permita una vida digna, sin carencias, y se respeten sus derechos económicos y sociales”, pero en los hechos, solo velan por los intereses de la clase empresarial, quienes se enriquecen con la explotación de los trabajadores.
Como vemos, el pueblo mexicano sigue necesitando un gobierno verdaderamente popular, que le hable de forma clara y precisa, por más dura que sea la realidad, y ese partido debe estar formado por los verdaderos hijos del pueblo, pero organizados; mientras eso no ocurra, nuestra clase trabajadora seguirá debatiéndose entre salarios de hambre y jornadas extenuantes.
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