• Contabilizan 89 reses infectadas por esta plaga en Chihuahua, tras la nula prevención sanitaria del gobierno
Durante décadas, México fue ejemplo internacional por haber logrado erradicar uno de los mayores enemigos de la ganadería: el gusano barrenador del ganado. Aquella victoria no fue producto de la casualidad ni de la buena suerte. Fue el resultado de años de investigación científica, coordinación entre instituciones nacionales e internacionales, inversión constante, vigilancia epidemiológica y una política pública que entendía que proteger la sanidad animal era también proteger la economía, el empleo y la seguridad alimentaria del país.
El regreso del gusano barrenador representa mucho más que un problema veterinario y es el reflejo de una política que dejó de mirar al campo como un sector estratégico para el desarrollo nacional.
Hoy, esa conquista está en riesgo.
El regreso del gusano barrenador representa mucho más que un problema veterinario. Es el reflejo de una política que dejó de mirar al campo como un sector estratégico para el desarrollo nacional.
Mientras los productores advertían sobre los riesgos que existían en la frontera sur y especialistas insistían en fortalecer las medidas de prevención, la atención gubernamental se concentró en otros temas. El resultado es evidente: el parásito volvió a establecerse en territorio nacional y ahora avanza hacia los estados con mayor vocación ganadera.
Chihuahua es uno de los casos más preocupantes. Actualmente se han confirmado 89 casos distribuidos en 25 municipios, una situación que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y, sobre todo, a miles de productores que observan con incertidumbre cómo el problema continúa extendiéndose.
A pesar del despliegue de millones de moscas estériles, estrategia científicamente reconocida para combatir la plaga, los resultados aún no son suficientes para detener el avance del gusano barrenador.
La pregunta inevitable es: ¿por qué se llegó hasta este punto?
La respuesta no puede reducirse únicamente a la aparición del insecto. Lo verdaderamente preocupante fue la falta de una estrategia preventiva durante los años anteriores.
En materia de sanidad animal, prevenir siempre resulta más económico y efectivo que reaccionar cuando la emergencia ya está presente. Sin embargo, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se redujo la prioridad política otorgada a diversos programas técnicos relacionados con el campo.
La austeridad aplicada de manera indiscriminada alcanzó instituciones, personal especializado y mecanismos de vigilancia que durante décadas habían permitido mantener bajo control enfermedades y plagas que amenazaban la producción pecuaria.
Cuando una enfermedad desaparece durante muchos años, existe la tentación de creer que nunca volverá. Esa confianza excesiva suele convertirse en el peor enemigo de cualquier sistema sanitario. Precisamente eso ocurrió.
Mientras otros países mantenían estrictos controles fronterizos y reforzaban permanentemente sus sistemas de vigilancia, México fue relajando parte de su capacidad preventiva.
El resultado no solamente afecta a los ganaderos.
Detrás de cada rancho existe una enorme cadena económica que depende directamente de la actividad pecuaria. Miles de familias viven del transporte de ganado, de las plantas empacadoras, de los rastros, de los médicos veterinarios, de las empresas de alimentos balanceados, de los proveedores de medicamentos, de los trabajadores de corrales de engorda, de los comerciantes, de los exportadores y de cientos de pequeñas empresas que forman parte del sector.
Cuando la exportación de ganado se detiene o enfrenta restricciones sanitarias, el daño se multiplica. Cada embarque cancelado representa dinero que deja de circular en las comunidades rurales. Cada semana que permanece cerrada la frontera para determinadas exportaciones significa pérdidas económicas que difícilmente podrán recuperarse.
Los estados del norte del país conocen perfectamente esa realidad. Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango y Tamaulipas han construido durante décadas una sólida reputación sanitaria que les permitió colocar ganado de alta calidad en los mercados internacionales, particularmente en Estados Unidos.
Esa confianza tardó muchos años en consolidarse, pero puede perderse en muy poco tiempo cuando aparece una amenaza sanitaria de esta magnitud.
Las pérdidas económicas ya comienzan a sentirse. Muchos productores enfrentan mayores costos por revisiones veterinarias, tratamientos, restricciones de movilización y retrasos en la comercialización de sus animales.
La incertidumbre también desalienta nuevas inversiones. Quien pensaba ampliar un rancho, construir infraestructura o incrementar su hato ahora prefiere esperar. El dinero deja de invertirse, el crecimiento se frena y las oportunidades de empleo disminuyen.
Los trabajadores rurales son quizá quienes menos aparecen en los titulares, pero son quienes primero padecen las consecuencias. Cuando disminuye la actividad ganadera, también disminuyen las jornadas laborales. Los pequeños negocios de las comunidades venden menos. El transporte mueve menos mercancías. Los ingresos familiares caen mientras el costo de vida continúa aumentando.
Todo esto pudo haberse evitado.
No se trata de afirmar que ningún país está exento de enfrentar riesgos sanitarios. La movilidad internacional de personas y mercancías hace cada vez más compleja la prevención.
Sin embargo, precisamente por esa razón era indispensable fortalecer las capacidades institucionales, invertir en vigilancia epidemiológica, mantener personal especializado y escuchar permanentemente a las organizaciones de productores.
Lamentablemente, durante varios años predominó una narrativa política que privilegiaba los discursos optimistas sobre el reconocimiento de los problemas. En numerosas ocasiones, cuando diversos sectores productivos advertían riesgos, la respuesta oficial consistía en minimizar las preocupaciones o presentar una versión distinta de la realidad.
Esa forma de gobernar puede resultar útil para la comunicación política, pero nunca para enfrentar problemas técnicos que exigen decisiones oportunas y basadas en evidencia.
Los productores no pedían privilegios. Pedían prevención.
Los ganaderos no exigían subsidios extraordinarios. Pedían vigilancia sanitaria eficiente.
Los especialistas no buscaban protagonismo. Pedían mantener los mecanismos que durante décadas habían demostrado su eficacia.
Hoy el país paga las consecuencias de no haber escuchado esas advertencias.
Por supuesto, el combate al gusano barrenador debe continuar con todos los recursos científicos disponibles. La liberación de millones de moscas estériles constituye una herramienta indispensable y ha demostrado resultados positivos en otras etapas de la historia.
Sin embargo, esa estrategia necesita complementarse con inspecciones permanentes, fortalecimiento institucional, coordinación internacional, vigilancia epidemiológica rigurosa y apoyo económico para los productores afectados.
La sanidad animal no puede depender únicamente de acciones emergentes cuando el problema ya se encuentra presente. Debe convertirse nuevamente en una política de Estado, sostenida durante muchos años, independientemente de los cambios de gobierno o de las prioridades políticas del momento.
México necesita recuperar una visión estratégica del campo. Durante demasiado tiempo se ha tratado a la agricultura y la ganadería como sectores secundarios, cuando en realidad constituyen uno de los pilares de la economía nacional y de la seguridad alimentaria. Sin productores fuertes no existen alimentos suficientes, no hay estabilidad en los precios ni desarrollo para miles de comunidades rurales.
Las conferencias de prensa diarias pueden ser un instrumento de comunicación gubernamental, pero nunca sustituirán una política pública eficaz. Los mexicanos necesitan resultados medibles, instituciones fuertes y autoridades capaces de anticiparse a las crisis antes de que estas destruyan empleos, inversiones y patrimonio familiar.
La historia del gusano barrenador deja una enseñanza contundente: cuando el Estado deja de invertir en prevención, tarde o temprano termina pagando mucho más por atender la emergencia. Los millones destinados hoy al combate de la plaga probablemente habrían sido menores si se hubieran fortalecido oportunamente los mecanismos de vigilancia y control.
Es momento de corregir el rumbo. Los ganaderos, campesinos y trabajadores del campo necesitan ser escuchados con seriedad.
Sus demandas no pueden seguir relegándose mientras la agenda política se concentra en otros asuntos. La producción de alimentos constituye un tema de seguridad nacional y debe recibir la atención que merece.
Porque al final existe una verdad que ningún discurso puede modificar: si los campesinos y los ganaderos dejan de producir, México entero enfrenta las consecuencias.
El alimento que llega diariamente a millones de hogares comienza en el esfuerzo silencioso de quienes trabajan la tierra y cuidan el ganado. Defender al campo no es proteger un sector económico; es garantizar el futuro alimentario del país.
Esa debería ser una prioridad permanente de cualquier gobierno que aspire verdaderamente al bienestar de los mexicanos.
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