• Denuncias recientes alertan sobre hostigamiento a dirigentes sociales
Una comunidad puede pasar años solicitando agua potable, la reparación de un camino o un lugar digno para que estudien los jóvenes. Cuando por fin consigue organizarse y llevar esas demandas ante un gobierno, espera una respuesta sobre lo que se hará, quién será responsable y cuándo empezará el trabajo.
Lo que no debería encontrar es miedo. Por eso merecen atención las denuncias recientes del Movimiento Antorchista en Veracruz y Chiapas.
No existe una estadística nacional que reúna todos los actos de hostigamiento contra dirigentes sociales. Hay, sin embargo, datos que muestran la gravedad del entorno en que ejercen su labor.
El proyecto Votar entre Balas registró 3 mil 42 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros relacionados con personas del ámbito político y gubernamental, o con instalaciones públicas y partidistas, entre 2019 y agosto de 2026. Se trata de un registro de violencia atribuida a grupos criminales; no sirve para clasificar automáticamente los casos de Antorcha, pero sí para recordar que las amenazas contra quienes participan en la vida pública forman parte de una realidad extendida.
También hay una distancia enorme entre los delitos que ocurren y los que llegan a investigarse. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía estima que en 2025 se cometieron 33 millones 800 mil delitos en México y que en el 93.4 % de ellos no hubo denuncia o no se abrió una carpeta de investigación.
Esta cifra corresponde a la delincuencia en general, no específicamente a la persecución política. Conviene hacer esa distinción para no forzar los datos, aunque ayuda a entender por qué una persona amenazada puede sentir que denunciar no basta para mantenerse a salvo.
En Veracruz, el conflicto tiene fechas y nombres precisos. Samuel Aguirre Ochoa, Minerva Salcedo Baca y Miguel Bastián Sierra recibieron citatorios para comparecer el 22 de septiembre ante los juzgados penales de Pacho Viejo, Veracruz.
Ese mismo día estaba convocada una marcha de mil 800 antorchistas en Xalapa para solicitar una audiencia con la gobernadora Rocío Nahle y exigir respuesta a demandas de obra pública y servicios básicos. La organización sostiene que hacer coincidir las comparecencias con la movilización fue una medida de intimidación. La coincidencia exige una explicación, aunque por sí sola no prueba que las acusaciones penales hayan sido fabricadas.
Las autoridades judiciales de Veracruz deben aclarar de qué se acusa a los dirigentes y garantizarles todos sus derechos, así como abstenerse de la tentación de fabricar datos y pruebas en la carpeta de investigación. Al mismo tiempo, el gobierno estatal debe atender las peticiones que llevaron a miles de personas a movilizarse.
Las necesidades de las colonias y comunidades no desaparecen porque sus representantes sean citados ante un juez. Si falta agua o una obra prometida sigue pendiente, el problema continúa ahí al día siguiente de la audiencia.
Las autoridades judiciales de Veracruz deben aclarar de qué se acusa a los dirigentes y garantizarles todos sus derechos, así como abstenerse de la tentación de fabricar datos y pruebas.
Lo ocurrido en Chiapas tiene otra forma, pero provoca una preocupación semejante. El 23 de septiembre, el Movimiento Antorchista denunció que un grupo de personas ingresó al Albergue Estudiantil Rafael Ramírez, en Ocozocoautla, colocó cadenas y candados e intentó tomar las instalaciones.
La organización alertó además sobre posibles represalias contra su dirigente Diana Maizel Casaux, entre ellas el riesgo de un secuestro. Tratarlo con rigor no le resta gravedad: permite exigir medidas de protección antes de que el peligro denunciado se convierta en una agresión.
En el centro de ese conflicto hay un albergue estudiantil. Cuando se disputa un espacio de esa naturaleza, los primeros afectados pueden ser jóvenes que necesitan alojamiento para continuar sus estudios.
Por eso hace falta esclarecer quién tiene derechos sobre el inmueble, qué ocurrió durante el ingreso denunciado y cómo se garantizará la seguridad de quienes viven allí. Nada de eso se resuelve dejando que la intimidación decida el resultado.
Veracruz y Chiapas presentan hechos distintos. En uno se denuncia el uso intimidatorio de citatorios judiciales; en el otro, la irrupción en un albergue y el temor por la integridad de una dirigente.
No sería responsable afirmar, sin una investigación, que todos los involucrados responden a un mismo plan. Sí es legítimo advertir el efecto que pueden tener estos hechos sobre la organización popular.
Si una persona teme acudir a una marcha, reunirse con sus vecinos o defender un espacio estudiantil, pierde fuerza un derecho que la Constitución le reconoce. La respuesta no puede consistir en pedirle silencio a quien denuncia ni en dar por cierta cualquier acusación sin examinarla.
Hace falta investigar los hechos, proteger a las personas en riesgo y dar respuesta a las demandas sociales. Un gobierno que escucha a sus ciudadanos y explica sus decisiones tiene menos motivos para temer una protesta pública.
Los antorchistas de Guerrero respaldamos la lucha de nuestros compañeros de Veracruz y Chiapas y nos solidarizamos con ellos. Estamos prestos para emprender, junto con el Movimiento Antorchista Nacional, una lucha nacional, pública y pacífica si continúan los actos que vulneren sus derechos o pongan en peligro su integridad.
Nuestra exigencia es concreta: garantías para organizarse y manifestarse, investigaciones serias y soluciones para las comunidades. Nadie debería tener que escoger entre defender a su pueblo y sentirse a salvo.
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