En el complejo mosaico de la salud pública mexicana, las promesas de transformación se han desvanecido para revelar un panorama complicado, donde la retórica del bienestar choca diariamente con una realidad de desabasto, infraestructura colapsada y desamparo institucional.
Reportes de medios y sindicatos médicos señalan que el desabasto de medicamentos e insumos esenciales en hospitales supera el 65 %.
Más de siete años después del inicio de un gobierno que se autoproclamó como la “Cuarta Transformación” (4T), con la salud como bandera, el sistema no sólo no se asemeja al modelo danés que se evocó, sino que su deterioro multifacético ha cristalizado una de las crisis más profundas en décadas.
México invierte alrededor del 5.5 % de su producto interno bruto en salud, muy por debajo del 6 % mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y lejos del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Este subfinanciamiento crónico se ha agudizado con recortes presupuestales concretos: para 2025, el sector salud sufrió una reducción del 12.2 % respecto al año anterior.
Las consecuencias son palpables: según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2022, 50.4 millones de mexicanos carecían de acceso a servicios de salud institucionales, un aumento alarmante que refleja el vacío dejado por la desaparición del Seguro Popular y el fracaso operativo de su reemplazo, el Instituto de Salud para el Bienestar, ahora absorbido por el Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar.
Sin embargo, para comprender la verdadera magnitud del colapso, es necesario bajar del agregado nacional y observar con detenimiento la desatención en un estado como el nuestro. Aquí, la crisis deja de ser una estadística para convertirse en una experiencia cotidiana de riesgo vital.
En Guerrero, la crisis es sistémica y aguda. La transición al modelo Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar, lejos de unificar y fortalecer, ha paralizado la operación con problemas de gestión, compras consolidadas fallidas y un déficit crítico de personal.
Reportes de medios y sindicatos médicos señalan que el desabasto de medicamentos e insumos esenciales en hospitales supera el 65 %. Esta escasez tiene rostros concretos: bebés fallecidos en Ometepec por falta de medicamentos especializados, cirugías canceladas porque los pacientes deben comprar desde guantes hasta suturas, y laboratorios inoperantes por falta de agua o reactivos, sólo por mencionar algunos.
La infraestructura es el otro pilar derrumbado. Luego del paso de los huracanes recientes, aún ronda en Acapulco, donde clínicas como la de Tunzingo operan entre puertas desvencijadas, sanitarios inservibles y medicamentos vencidos, a la espera de una reconstrucción que las autoridades sólo “revisan” en papeles.
Pero el símbolo más dramático de la incuria se encuentra en Chilpancingo. La clínica-hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la capital del estado es un monumento al riesgo inminente.
Dañada desde 2021 por fenómenos meteorológicos y agravada por el sismo del 2 de enero de 2026, su estructura evidencia un colapso anunciado: plafones derrumbados, escaleras rotas y recubrimientos desprendidos.
Los servicios se han reducido a urgencias y consultorios precarios, mientras los pacientes graves son referidos a hospitales distantes con un parque vehicular de ambulancia insuficiente. Protección Civil ha emitido dictámenes, pero la acción concreta brilla por su ausencia.
La situación en Guerrero es la confluencia de varios factores. El abandono histórico se encontró con una centralización precipitada y mal planificada bajo el paraguas del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar (IMSS), que no logró resolver y sí agravó los problemas de abasto y contratación.
A esto se sumó la catástrofe de “Otis”, que no sólo destruyó infraestructura, sino que creó un caldo de cultivo para brotes de dengue, enfermedades gastrointestinales y otras afecciones, en un momento donde el sistema estaba —y sigue— de rodillas.
El discurso oficial insiste en narrar una mejora, en atribuir las críticas a la “mala fe” de adversarios. Pero los hechos en Guerrero, replicados en distintas escalas por todo el país, gritan una verdad incontrovertible.
La 4T prometió una transformación en salud. Hoy, la transformación visible es la de un sistema público convertido en un laberinto de obstáculos, donde la aceptación de los pacientes y el personal médico es el único dique contra el colapso total.
Jugar con la salud no es una estrategia política; es una condena social. Exigir cuentas, transparentar el uso de recursos, rectificar el modelo de compras, invertir urgentemente en infraestructura y rescatar a los institutos nacionales de salud de la asfixia presupuestal no es una opción partidista: es un imperativo ético y una deuda de justicia con los millones para quienes la promesa de bienestar suena, hoy, a cruel ironía entre las ruinas de un hospital.
La vida de los mexicanos, especialmente la de los más vulnerables en estados como Guerrero, no puede seguir pendiente de un dictamen que nunca llega o de un presupuesto que siempre disminuye.
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