Decía en colaboración anterior que el derecho que tenemos todos los mexicanos a una vivienda digna es un derecho constitucional, pero que para el 40 % de las familias mexicanas se ha quedado, hasta el día de hoy, en letra muerta.
Durante toda su vida, les ha sido imposible acceder a un pequeño pedazo de tierra donde construir el hogar para la familia. Dos son las razones fundamentales: el alto costo de la tierra o de la vivienda, pero fundamentalmente, lo magro de sus ingresos, insuficientes para poder solventar hasta los gastos diarios, indispensables para la manutención de la familia.
Aunque hayan trabajado 20, 30 años o más, la capacidad de ahorro para adquirir una vivienda siempre ha sido imposible para muchos: salarios bajos, canasta básica y servicios caros.
Aunque hayan trabajado 20, 30 años o más, la capacidad de ahorro para adquirir una vivienda siempre ha sido imposible para muchos: salarios bajos, canasta básica y servicios caros.
Pues bien, esa es la situación para el alto porcentaje de familias que, hasta hoy, tienen que vivir rentando (gastando el 32 % de sus ingresos en renta), en casas prestadas o bien hacinados con familiares; sin embargo, les quiero compartir que un alto número de mexicanos, que tuvieron el gran acierto de organizarse en grandes e importantes grupos de solicitantes de vivienda con el Movimiento Antorchista, y de gestionar ante las instancias gubernamentales y emprender una lucha tenaz cuando se han encontrado las puertas cerradas de las instituciones responsables de atender y resolver su demanda, hoy cuentan con un patrimonio: más de 100 mil familias a lo largo y ancho del país actualmente gozan de un techo gracias a la lucha organizada y, en algunos casos, los menos, ciertamente, ayudados por la sensibilidad y voluntad política de la autoridad en turno.
El avance en Antorcha es grande, pero mucho más grande sigue siendo la necesidad, ya que aún existen en México 14 millones de familias sin una vivienda propia y expuestas a todas las vicisitudes que ello conlleva, por esa razón es muy loable y necesaria la lucha de los sin casa que están dando los antorchistas de Baja California Sur; de Tláhuac, en la Ciudad de México, y mis compañeros y vecinos de Huejutla, Pachuca, Zacualtipán, Tizayuca, Mixquiahuala y Tulancingo, entre otros. ¡Adelante, tenemos la razón y el derecho nos asiste!
Pero nadie debe desconocer que lograr un lote a precios accesibles y con facilidades de pago es un primer paso y un primer, pero muy importante, logro; viene después la gestión y el trabajo por los servicios públicos y las escrituras; es, en algunos casos, otra odisea, pero con tenacidad y unidad del grupo y del antorchismo, se logra.
Empero, la escrituración o regularización de colonias populares e incluso de fraccionamientos de vivienda media se ha vuelto un grave problema para los posesionarios de vivienda: en algunos casos, cuando el lote fue adquirido en solitario, a título personal, con un fraccionador o con un ejidatario que no contaban con los permisos correspondientes para fraccionar, se le deja a su suerte al humilde comprador y, a pesar de que la nueva zona habitacional vaya creciendo y consolidándose, se les niegan los servicios básicos con el argumento de que es “irregular”, aunque nuestra Constitución diga que tenemos derecho a los servicios (agua, luz, drenaje, etcétera) sin condiciones, por el simple hecho de ser mexicanos; en ningún lado de nuestra Carta Magna pone como condicionante que las colonias deban ser zonas completamente “regularizadas”.
Así, para mantener ese argumento (pretexto, mejor dicho), en muchos estados se niega por las autoridades la posibilidad de dar certeza jurídica para que cada familia cuente con su escritura pública. Pero también se nos presenta el fenómeno del uso político por parte de los gobernantes: por un lado, les dicen a los peticionarios, como en el caso de las colonias antorchistas de Pachuca, que Antorcha y sus dirigentes no contribuyen con la autoridad para llevar a cabo la regularización o, peor aún, que se oponen para mantenerlos “unidos a la fuerza” y dentro de sus filas.
Con esas calumnias tratan de engañarlos y dividirlos, en muchos casos, incluso, les prometen las escrituras totalmente gratis con la condición de que abandonen su organización, promesa que en el 99 % de los casos no les cumplen, pues su propósito no es ayudarles a los vecinos a contar con su documento, sino dividir a las colonias y con ello restarle fuerza a Antorcha para que deje de exigir solución para sus agremiados y vecinos en general. Ejemplos, muchos; sólo pregúntenle a cualquier vecino de las colonias antorchistas de la zona norponiente de Pachuca.
Si realmente queremos soluciones al problema de la vivienda, a los servicios básicos e infraestructura, salud, educación, etcétera, y, en general, un país con verdadera justicia social y respeto al pueblo trabajador, debemos asumir como única opción viable y duradera la organización del pueblo de México.
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