• Zacatecas registra un déficit habitacional de 68 mil catorce hogares ante encarecimiento inmobiliario
Zacatecas, Zac. La carencia de vivienda popular es un reflejo de la desigualdad social que también enfrenta la población de bajos ingresos en el estado de Zacatecas, así lo declaró Martín Cordero Macías, líder antorchista en el municipio de Guadalupe, demarcación metropolitana donde se concentra la demanda de bienes y servicios como consecuencia del desplazamiento del municipio capitalino y del resto de la entidad, dado que en la municipalidad hay más fuentes de empleo, centros educativos, transporte, comercio y también por el suelo plano que permite mayor movilidad.
Según los datos del Sistema Estatal de Evaluación, elaborados con base en la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI), del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), el estado de Zacatecas registra un déficit de 68 mil viviendas, de las que al menos 44 mil corresponden a familias que cuentan con un terreno donde podrían construir, mientras que otras 16 mil 702 están en condiciones de adquirir una vivienda; y sólo 6 mil prefieren buscar opciones de renta.
Además, datos oficiales del Inegi y de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) indican que en México existen más de nueve millones de personas con rezago habitacional, ya sea porque no cuentan con vivienda propia, viven en hacinamiento o habitan casas construidas con materiales precarios.
Para María de los Ángeles Cortés Salas, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, no hay suficiente vivienda de interés social para los trabajadores en la entidad, “yo creo que aquí sí es un déficit porque los trabajadores que tienen un salario de uno a tres salarios no encuentran vivienda de interés social”.
Al respecto, el dirigente social declaró que tener un hogar propio y digno es una de las mayores aspiraciones de los mexicanos, sin embargo, el incremento del precio de los terrenos, así como de los materiales para quien necesita construir su hogar, vuelve casi imposible gozar de este derecho constitucional, inscrito en la Carta Magna, específicamente en el artículo cuatro.
El líder antorchista señaló: “El precio de lotes irregulares es de 80 mil pesos en zonas sin servicios públicos en las orillas de Guadalupe, pero aun así, la gente está comprando porque necesita un lugar donde construir el patrimonio de su familia”.
También mencionó que el precio del cemento, las varillas y el block ha registrado un aumento del 25 %, lo que hace más difícil que la gente pueda resolver la problemática; pero hay otro sector que es orillado a pagar renta durante muchos años, lo que provoca que gasten sus ingresos en este rubro.
Martín Cordero dijo que el acceso a una vivienda económica continúa siendo uno de los principales retos de autoridades, empresarios y desde luego de la gente sin casa, pues los propios desarrolladores del sector advierten de una marcada escasez de casas de interés social que tienen costo de 900 mil pesos en promedio en 2026.
Tener un hogar propio y digno es una de las mayores aspiraciones de los mexicanos, sin embargo, el incremento del precio de los terrenos vuelve casi imposible gozar de este derecho constitucional.
A su vez, históricamente, el municipio de Guadalupe concentra alrededor del 80 % de la producción de vivienda, pero los precios oscilan de 1 millón a 5 millones de pesos bajo el sistema de crédito al que no tienen acceso todos los trabajadores zacatecanos que deben acudir a fraccionamientos populares como La Coruña, San Gabriel, Jardines de Sauceda y San Agustín, donde se ofertan las casas de interés social.
Es aquí donde entró el gobierno federal con el programa Viviendas del Bienestar, con la participación del estado y municipios que construirán 26 mil viviendas en Zacatecas cuyo costo oscila entre los 540 mil y 663 mil pesos (casi al mismo costo que las viviendas fuera del programa), especialmente bajo los esquemas de subsidio federal y estatal, que el gobierno ha declarado como la solución a la problemática, pero que sólo representa ventaja para quienes perciben ingresos de uno a dos salarios mínimos, siendo que el precio neto no varía sustancialmente, pues las mensualidades oscilan típicamente entre 800 y 5 mil 300 pesos mensuales, es decir, los beneficiarios estarán también endeudados como en cualquier otro crédito tradicional; y con la desventaja de que se trata de departamentos y no de casas independientes.
De acuerdo con el testimonio de Luis Martínez Vázquez, vecino del fraccionamiento San Agustín, (uno de los más grandes en la cabecera municipal de Guadalupe), su vivienda consta de dos plantas: “Son 60 metros cuadrados y cuenta con dos recámaras, baño, cocina, sala y área de construir”, la estará pagando durante quince años al Infonavit pero tiene la posibilidad de modificar y ampliar, lo que no puede hacerse con las del bienestar al tratarse de edificios compartidos.
Ante esta situación el líder antorchista aseveró que tener una vivienda digna y decorosa es uno de los principales derechos de todos los seres humanos, pero con el gobierno de Morena todo sigue igual; ha dejado el asunto en manos de los empresarios y particulares, dando sólo facilidades para que instituciones como el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda del Trabajador (Infonavit) otorguen créditos a largo plazo, lo que asegura la ganancia de la empresa pero significa una deuda por muchos años para la familia.
“Y es que se producen complejos habitacionales adecuando las políticas e instituciones para favorecer su ganancia sin importar la calidad de la misma, de tal forma que en todas las ciudades de México se pueden observar estos fraccionamientos populares donde la gente está amontonada provocando problemas vecinales que también suceden en Zacatecas”, añadió.
Al mismo tiempo, el costo de la renta se ha disparado: en muchas ciudades del país, una renta modesta absorbe entre el 30 % y el 50 % del ingreso mensual de una familia (las familias estarían condenadas a habitar una casa ajena gastando sus recursos en este concepto), cuando los estándares internacionales recomiendan que no supere el 30 %.
Cordero cuestionó: “¿Dónde están las autoridades? Lejos de poner orden, regular el mercado y garantizar que las viviendas cumplan con criterios mínimos de espacio, calidad y servicios, los gobiernos han permitido que la vivienda se trate como una mercancía más”.
Los trámites son excesivamente burocráticos para el pueblo, dijo, pero flexibles para los grandes desarrolladores; los apoyos no llegan a quienes más los necesitan; y la planeación urbana suele ignorar la creación de escuelas, áreas verdes, espacios culturales y deportivos.
Finalmente, enfatizó que para millones de mexicanos, pagar renta o un crédito hipotecario significa sacrificar alimentación, salud o educación, situación que el líder antorchista calificó como una situación catastrófica para miles de familias donde se cuentan también a las de Zacatecas.
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