Tras más de tres meses de las lluvias que dejaron 22 muertos en Hidalgo, el desastre natural ha dado paso a una emergencia silenciosa y evitable: la de la burocracia y el olvido institucional.
Mientras los titulares oficiales hablan de programas de apoyo y reconstrucción, en las comunidades de Chapula, Zacualtipán y Tianguistengo se vive un drama diario de supervivencia. Cientos de damnificados, excluidos de los censos y sin una opción real de reubicación, han tenido que tomar la única decisión que les dejaron: regresar a sus viviendas, declaradas inhabitables, y apostar su vida a que la tierra no se vuelva a desprender.
La promesa de reubicación, hecha por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el gobierno estatal, es una letra muerta. No hay fechas, no hay terrenos, no hay respuestas.
La cifra es escandalosa y la denuncia, persistente. Gustavo Vivanco, representante de los afectados, ha señalado que entre 150 y 170 personas ya retornaron a Chapula, una comunidad que, según las autoridades, no es segura para vivir.
El motivo no es la terquedad, sino la desesperación. “Les da pena seguir en otra casa y se regresaron a Chapula a pesar de que se declaró inhabitable porque no se les da opción de dónde vivir”.
Este regreso no es hacia la normalidad, sino hacia una zona de riesgo que no está acordonada ni supervisada, un limbo donde la próxima lluvia puede ser la última.
Este abandono se agrava con un sistema de ayuda que parece diseñado para excluir.
El Movimiento Antorchista Hidalguense ha recabado un listado de más de 500 familias hidalguenses que no fueron incluidas en el censo inicial para recibir apoyos. Algunas porque no se encontraban en sus hogares, refugiadas donde pudieron; otras porque el lodo se llevó sus documentos de identidad. En Tianguistengo, son 250 las familias que quedaron fuera del padrón por estas razones.
La respuesta oficial ante la solicitud de los antorchistas de reabrir el censo ha sido nula: discursos y más discursos en las cuatro visitas infructuosas a la delegación de Programas para el Bienestar, donde el delegado Abraham Mendoza Zenteno no atiende.
Se les dice que la primera etapa de ayuda concluyó, como si el desastre también tuviera una fecha de caducidad.
A quienes sí les llegó apoyo económico, en algunos casos con un único pago de quince o 20 mil pesos, resultó un paliativo insuficiente. Ese dinero se esfumó en lo inmediato: comida, ropa, rentas temporales y, en casos como el de Ricardo Sánchez, en gastos médicos tras quedar casi sepultado por un alud en diciembre.
“Eso no alcanza para un pedazo de terreno”, sentencia Yolanda Morales, quien habita en la colonia 11 de Abril de Zacualtipán, junto a un bordo que amenaza con llevarse su casa.
La promesa de reubicación, hecha por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el gobierno estatal, es una letra muerta. No hay fechas, no hay terrenos, no hay respuestas.
El abandono y la falta de acción de la delegación del Bienestar, que en sus discursos dice apoyar a todos los damnificados, convierten una catástrofe en una crisis humanitaria perpetua para cientos de familias.
Primero, con un operativo de censo que dejó fuera a los más vulnerables. Luego, con una ayuda económica que no resuelve el problema de fondo. Y finalmente, con una parálisis total en la única solución viable, para muchos: la reubicación segura y digna. Mientras, discursos pretenden maquillar la inacción.
Las historias de las más de 70 familias que temen, ante una nueva emergencia ambiental, quedar enterradas en Zacualtipán son la evidencia de un Estado que, ante la adversidad, opta por la omisión.
Se les ordena desalojar, pero no se les dice a dónde ir. Se les declara en riesgo, pero no se les protege. Se les pide paciencia, mientras se les condena a vivir en la incertidumbre y el peligro.
Los damnificados de Hidalgo no necesitan más promesas ni visitas protocolarias. Necesitan, con urgencia, que la burocracia deje de ser el principal obstáculo para la reconstrucción. Necesitan un censo exhaustivo que incluya a todos los afectados, una reubicación prioritaria para quienes viven en zonas de alto riesgo y un apoyo económico que les permita realmente recomenzar.
De lo contrario, el próximo parte de lluvias vendrá acompañado de un parte de culpabilidad oficial por lo que, una vez más, no se hizo a tiempo.
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