En el actual escenario fiscal de México, una tendencia preocupante se consolida año con año: el progresivo recorte y estancamiento del gasto federalizado que reciben los estados. Aunque las cifras totales puedan mostrar ligeros aumentos nominales, un análisis detallado revela un retroceso histórico en la capacidad financiera de las entidades federativas.
Coahuila, junto con el resto del país, enfrenta un escenario donde los recursos son cada vez más insuficientes para atender las demandas de una población en crecimiento.
Coahuila, junto con el resto del país, enfrenta un escenario donde los recursos son cada vez más insuficientes para atender las demandas de una población en crecimiento.
Para 2026, se proyecta un monto total de poco menos de 2.82 billones de pesos para el gasto federalizado. Si bien esto representa un aumento del 3 % respecto a lo aprobado en 2025, en realidad es apenas 0.4 % mayor al dinero que realmente ejercieron los estados en 2024. Se trata de una ganancia mínima, casi simbólica, en el poder adquisitivo después de dos años.
La gravedad del asunto se revela al mirar hacia atrás. El gasto federalizado permanece estancado desde hace una década. El monto proyectado para 2026 resulta ser 1 % inferior al máximo histórico alcanzado en 2015. Esto significa que, en términos reales, los estados reciben hoy menos recursos que hace once años.
Esta situación se agrava al considerar el crecimiento poblacional. Para 2026, el gasto por habitante equivale a 20 mil 912 pesos por persona, casi 2 mil 300 pesos menos que en 2015. Esto representa una caída de 9.9 % en el recurso por ciudadano, justo cuando la población del país aumentó en doce millones de personas en ese mismo periodo.
Pero el problema no es sólo de cantidad, sino de peso relativo. El gasto federalizado ha ido perdiendo espacio dentro del presupuesto total de la Federación. En 2026, estas transferencias representarán sólo 27.8 % del gasto total, la proporción más baja de la que se tenga registro.
Esto contrasta marcadamente con 2015, cuando llegaron a representar 33.8 %. Este es un indicio claro de una peligrosa centralización de las finanzas públicas, donde el gobierno federal prioriza otros rubros como pensiones o intereses de la deuda en detrimento de los recursos que permiten a los estados funcionar y proveer servicios básicos.
Para un estado como Coahuila, las consecuencias son tangibles. Aunque la información específica sobre su asignación para 2025 no detalla recortes en el proyecto analizado, el menoscabo general del gasto federalizado afecta su ecosistema completo de financiamiento. Limita la capacidad de coordinación con los municipios y reduce el margen de maniobra para inversiones estratégicas en seguridad pública, infraestructura social, educación y salud.
Los municipios coahuilenses, al igual que muchos en el país, se ven forzados a hacer más con menos, comprometiendo la calidad de los servicios que están obligados a proveer, como alumbrado, drenaje, recolección de basura y protección civil.
Esta centralización contradice un principio fundamental del federalismo: que las administraciones locales, por su cercanía con la gente, gestionan mejor el gasto. Concentrar el presupuesto en el gobierno central, lejos de ser una solución, puede agravar los problemas de ineficiencia, opacidad y lejanía de las demandas reales de la ciudadanía.
En conclusión, el estancamiento y la pérdida relativa del gasto federalizado no son solo una discusión técnica entre contadores; es una cuestión de modelo de gobierno. Es un ahogo silencioso que debilita a los estados, profundiza las desigualdades regionales y, en última instancia, perjudica el desarrollo equilibrado de la nación.
Coahuila, con su potencial económico y su capacidad de gestión, merece un verdadero federalismo fiscal donde los recursos lleguen de manera suficiente y oportuna.
Exigir que se revierta esta tendencia no es sólo una demanda presupuestal legítima, es una condición indispensable para fortalecer nuestra democracia desde lo local.
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