*Existen en el municipio aproximadamente 180 mil viviendas para una población de 736 mil 415 habitantes.
Chimalhuacán, Estado de México. El municipio de Chimalhuacán experimentó un crecimiento acelerado a partir de los años 80. De acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2024, el municipio cuenta con 736 mil 415 habitantes y alrededor de 180 mil viviendas, de las cuales 16 mil 844 presentan hacinamiento.
Gran parte de las familias que hoy habitan en Chimalhuacán emigraron de estados como Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tlaxcala y la Ciudad de México, buscando alternativas de vivienda cercanas a sus fuentes de empleo. El 57.5% de la población trabaja como prestadora de servicios —en ventas, comercio o labores domésticas— y percibe ingresos mínimos para sostener a familias de cuatro o cinco integrantes.
Las casas se construyeron de manera paulatina y sin supervisión técnica: primero un cuarto, luego otro piso. En el municipio existen edificaciones sobre laderas o zonas de riesgo, como los barrios de San Pablo, Xochiaca y La Ladera, donde las viviendas se ubican en pendientes pronunciadas propensas a deslaves e inundaciones. En los últimos años han proliferado desarrollos habitacionales con materiales de baja calidad y servicios públicos deficientes. En la Unidad Habitacional El Molino, por ejemplo, en un departamento de 60 metros cuadrados llegan a vivir hasta 10 personas.
En colonias consolidadas como Santa Elena, la Cabecera Municipal o San Agustín, la mayoría de las casas son de block, concreto y losa; mientras que en zonas de reciente creación, como el Ejido de Santa María, predominan construcciones de lámina, madera y cartón. Los terrenos, de entre 90 y 120 metros cuadrados, carecen de documentos oficiales, lo que las autoridades municipales aprovechan para evadir la dotación de servicios públicos.
Según datos del INEGI (2020), 16 mil 844 viviendas presentan hacinamiento; 2 mil 764 tienen piso de tierra; 9 mil 570, techos de lámina de cartón u otros materiales reciclables; y 757, muros endebles. En total, 29 mil 935 viviendas muestran deficiencias estructurales, con un promedio de cuatro a cinco habitantes por casa, cifra superior al promedio nacional.
A partir del año 2000, con la gestión del Proyecto Nuevo Chimalhuacán, las familias lograron acceder a servicios públicos. En 2021, el 95% de la población contaba con agua entubada, el 90% con drenaje y el 98% con energía eléctrica. Sin embargo, en 2025 estos servicios muestran un grave deterioro: hay tandeo de agua, fugas de aguas negras, contaminación de suelo y sobrecargas eléctricas por conexiones informales, además de acumulación de basura en calles y avenidas, según datos del INEGI.
Problemas en las viviendas
Las zonas altas, como La Ladera, están expuestas a deslaves y carecen de acceso adecuado a servicios; las zonas bajas sufren inundaciones frecuentes por el suelo blando, propenso a grietas y socavones. En el casco viejo, la antigüedad de las casas y las calles estrechas dificultan su rehabilitación, mientras que las unidades habitacionales muestran deterioro general en su infraestructura.
El acceso a una vivienda digna sigue siendo limitado para las familias humildes. Los créditos de INFONAVIT o FOVISSSTE están fuera del alcance del 54.1% de los habitantes que trabajan en la informalidad. Cerca del 25% de las viviendas son rentadas, con costos que van de mil a tres mil 500 pesos mensuales.
Durante la administración de Rosalba Pineda Ramírez, en 2017, el Proyecto Nuevo Chimalhuacán entregó 3 mil 761 apoyos con una inversión de 151 millones 714 mil 30 pesos, beneficiando a más de 10 mil familias con programas de mejoramiento a la vivienda. No obstante, desde la llegada del gobierno morenista, los apoyos desaparecieron y la falta de mantenimiento ha provocado fallas en los sistemas de drenaje, energía y alumbrado público, además de inundaciones recurrentes.
El crecimiento poblacional ha traído consigo la construcción de segundos y terceros pisos destinados a la renta, lo que sobrecarga los servicios públicos. A ello se suma el abandono de viviendas por inseguridad y la gentrificación en avenidas principales, donde proliferan departamentos para la clase media.
El hacinamiento, la falta de servicios y la inseguridad agravan las condiciones de vida de la población. Urge que las autoridades locales, estatales y federales garanticen la dotación de servicios públicos, la regularización de propiedades y programas de vivienda que beneficien a quienes viven en zonas de riesgo.
Con bajos ingresos y escasos apoyos sociales, los vecinos de Chimalhuacán no pueden resolver por sí mismos sus necesidades de construcción y mejoramiento de vivienda. Actualmente, el 68.1% de la población vive en pobreza y el 13.1% en pobreza extrema. Por ello, coinciden algunos de los afectados, el municipio necesita un gobierno que trabaje verdaderamente por el bienestar de sus habitantes y brinde soluciones reales a los problemas que afectan a miles de familias.
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