En varios medios de comunicación se ha informado que el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías declaró que, para evitar un enfrentamiento entre la policía y habitantes de la colonia Margarita Morán Veliz o para evitar un problema social, se llegó a un acuerdo con los propietarios del terreno que ocupa la colonia (FLOYPO S.A. de C.V.), consistente en pagarles un valor determinado por el bien, costeado en parte por los propios colonos y en parte por el propio Gobierno, a través de la Promotora del Estado. Si bien algunos medios reproducen en forma objetiva la declaración del secretario, hubo otros que le pusieron aderezos que distorsionan la realidad por lo que es necesaria la respectiva aclaración.
La mayoría de los medios, quizás porque la propia declaración del secretario así lo sugiere, hace aparecer la ocupación del terreno en cuestión como una invasión ilegal de Antorcha y que por lo tanto la acción del Gobierno al comprar el predio intenta legitimar una ilegalidad: la invasión. Por si fuera poco, también se maneja la versión que dicha compra es para entregar los terrenos a Antorcha o como lo suponen algunos legisladores que ignoran del caso, para entregar a los líderes de Antorcha.
Al respecto queremos precisar lo siguiente:
PRIMERO.- Desde hace más de 10 años un grupo de ciudadanos carentes de vivienda, organizados en Antorcha Popular, adquirieron de buena fe y ante notario público el predio en cuestión mediante el pago correspondiente a quien se ostentaba como propietario, ostentación que correspondía a la entrega de documentos que lo avalaba como tal; y, una vez firmado el contrato de compra-venta, se tomó posesión legítima del bien procediendo a crear el asentamiento humano, sin faltar el aviso a las autoridades en funciones; no se trató de una invasión, por lo cual, rechazamos por falsa esta versión calumniosa.
SEGUNDO.- Dos años después, cuando los vecinos ya habían construido sus casas, se les notificó a los dirigentes antorchistas en la Dirección de Gobierno que al primer dueño se le embargó por autoridad competente, que se había rematado el bien y que este se le adjudicó a una persona moral representada por un abogado de apellidos González Carrillo, que en ese momento estaba reclamando el pago, a sabiendas de la ocupación de los colonos; por lo cual ante la negativa de los posesionarios que habían comprado y ocupado de buena fe, se procedió a tramitar el desalojo por el abogado de la persona moral, habiéndose decretado este en más de 10 ocasiones por la autoridad competente.
TERCERO.- Lo único que hicieron los colonos ante los inminentes desalojos fue defender, con todo, su patrimonio, cosa que hace cualquier ciudadano que ve afectados sus bienes, ya que lo habían adquirido, mediante la compra-venta, con absoluta buena fe, y pidiéndole al Gobierno del estado (¿a quién más?) su intervención para regularizar la situación de la colonia.
CUARTO.- Como lo informó la organización en su momento, dada la lucha legítima de los colonos de la Margarita Morán durante más de 10 años y ahora con el actual Gobierno, logramos que las autoridades, después de mucho batallar, se decidieran a resolver de fondo este problema. Ante lo cual se nos propuso por parte del Gobierno que, a pesar de que los colonos ya habían pagado su terreno, era necesaria una aportación más a través de la Promotora del Estado para regularizar la colonia; a lo cual accedimos, como una prueba para demostrar nuestro interés para llegar a una solución.
En consecuencia, manifestamos que no se trató de una invasión, fue una compra-venta de buena fe; lo único que hicieron los colonos fue defender su patrimonio; no se trata de ningún regalo a Antorcha y menos a los líderes, se trata de que mediante la lucha legal y organizada de los colonos de la Margarita Morán y de Antorcha Popular, lucha que aun no termina, vamos logrando que se resuelva un problema social, originado por la falta de certidumbre en los procedimientos adquisitivos, dándole certeza legal a más de 400 familias potosinas humildes que de esta manera podrán vivir sin el sobresalto de los permanentes desalojos y construir un patrimonio para ellos y para sus familias, con todos los servicios y garantías para acceder a una mejor calidad de vida.
Curiosamente, es de resaltarse que quienes ahora calumnian a los colonos de invasores y se escandalizan con la compra de un terreno por parte del Gobierno para resolver un problema de vivienda a los pobres, callan y hasta festejan cuando el gobierno otorga terrenos, estímulos fiscales y subvenciones a grandes empresarios transnacionales o locales; pero, cuando el gobierno interviene para preservar la vida de los pobres ante un desalojo o para darles certeza jurídica a su patrimonio, desprestigian la lucha de los pobres y se lanzan en contra de los funcionarios, con tal celo que pareciera como si ellos mismos fueran el gobierno; son, pues, más gobiernistas que el propio gobierno. Que tome nota el pueblo pobre en lucha, de quiénes son sus verdaderos enemigos.
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